El modelo económico actual: qué hemos logrado y qué falta alcanzar

Escribe Camila Loret de Mola Reynoso alumna de Economía de la Universidad del Pacífico.

En el marco de la Constitución de 1993, nuestra economía se caracteriza por promover la inversión privada, la libre competencia y respeto a la propiedad. Asimismo, establece el rol de un Banco Central con política monetaria autónoma que nos permite gozar de estabilidad financiera. A continuación, comentaré algunas de las ventajas que este modelo propone, a pesar de los espacios en los que aún se debe de trabajar.

Hoy tenemos una economía de libre mercado con la presencia de empresas privadas en sectores estratégicos (minería, petróleo, energía, gas y comunicaciones) lo cual permite la inversión con capital privado nacional y extranjero, y determinar precios de acuerdo con la interacción de oferta y demanda y no fijados artificialmente a partir de objetivos políticos. Esto nos ha permitido tener un crecimiento sostenido (entre el 2000 y 2019 un crecimiento promedio anual de 4.8%, BCRP) e impulsar y diversificar las exportaciones del país.

Asimismo, hemos disfrutado de apertura comercial. Existen 21 Tratados de Libre Comercio (TLC) que nos permiten tener relaciones con mercados estratégicos como China, Canadá, EE.UU. y Europa. Por ejemplo, el TLC firmado con EE.UU., en el 2009, nos permite abastecernos de insumos sin aranceles y exportar con preferencias teniendo una entrada más competitiva a dichos mercados. Tener la posibilidad de ampliar las exportaciones ofrece una mayor estabilidad a emprendedores para llevar a cabo proyectos de mayor tamaño y plazo. Hoy aproximadamente el 91% de exportaciones se hace a través de los TLCs (ComexPerú, 2021). No obstante, para aprovechar y maximizar sus ventajas se necesita una agenda interna donde el Estado no altere las reglas de juego.

Igualmente, tener acceso a los mercados internacionales significa la presencia de importaciones de productos que no producimos o de hacerlo no satisface la demanda local como es el caso del maíz o trigo. Hoy el Perú importa no solo bienes de consumo como vehículos, pero insumos importantes como maquinaria para industria y petróleo crudo. En el 2019, estas representaron el 22.5% del PBI (MEF, 2020). Implementar barreras al comercio podría llevar a un alza en los precios y disminuir la calidad y variedad de productos ante la ausencia de competencia extranjera. Al final, una oferta ineficiente de insumos actúa como un impuesto sobre la producción y afecta su productividad. A nosotros aun siendo una economía pequeña nos conviene la liberalización del mercado y aprovechar economías de escala.

Cabe recalcar que con anterioridad a 1993, bajo la dictadura militar y el primer gobierno de Alan García, no solo se estatizaron empresas, pero se buscó el desarrollo bajo la sustitución de importaciones implementando medidas arancelarias, tipo de cambio efectivo diferenciado para importaciones y exportaciones, mayores licencias y cuotas terminando con una economía rígida incapaz de competir de manera internacional. Esta protección de la producción local restringió fuertemente las relaciones comerciales internacionales. Bajo este contexto, no solo se destruyó riqueza teniendo una reducción del PBI de 28.2% entre 1987 y 1990 (BCRP 2015), pero generó mayor pobreza y debilitó la capacidad empresarial nacional.

Por otro lado, hoy existe un sistema privado de pensiones que, a abril de este año, administraba S/ 159.3 billones (BCRP, 2021). Este no solo protege las finanzas de los peruanos al ser un mecanismo de ahorro forzoso y asegura la liquidez en tiempos complicados como el que estamos viviendo, pero son una fuente importante de financiamiento empresarial a través del mercado de capitales. Las AFPs son los principales inversionistas institucionales y sin su presencia se reduciría de manera significativa la demanda de bonos soberanos del Perú y corporativos, y por ende esto resultaría en un costo de deuda mayor limitando el gasto para luchar contra la crisis del Covid y financiar la recuperación económica. En adición, perderíamos inversionistas “ancla”, que sin su presencia en emisiones se desincentivaría la presencia de demanda internacional, que a marzo de este año explicó el 48.3% de la tenencia de bonos soberanos (MEF, 2021).

Es así que, en los últimos años, hemos logrado que el Perú se distinga como uno de los países con mayor dinamismo en América Latina. El año pasado hubo en la región un deterioro tanto en la tenencia de bonos soberanos en manos de no residentes, riesgo país (EMBI+) y calificación crediticia. Sin embargo, el Perú fue uno de los pocos países en mantener estos indicadores estables reflejando la confianza de los mercados financieros internacionales en nuestra posición fiscal y fortaleza macroeconómica. Un cambio en la Constitución que implique quitar la autonomía del Banco Central y realizar reformas económicas radicales podría afectar el riesgo país perdiendo nuestra calificación de “grado de inversión” y perder acceso a mercados de capitales internacionales. Solo veamos a nuestros vecinos Bolivia y Venezuela, o Colombia a la que S&P redujo su calificación a BB+ el 20 de mayo pasado. Debemos buscar mantener nuestra posición macro favorable (inflación estable y bajo nivel de deuda) que durante el 2020 hizo posible la emisión de bonos en abril y noviembre por USD 3 billones y USD 4 billones, respectivamente, incluyendo un bono con plazo de 100 años por USD 1 billón. Recordemos que el financiamiento es uno de los motores principales del crecimiento económico de un país.

Por último, es importante reconocer que, a pesar de nuestro crecimiento económico, en las últimas décadas, aún tenemos que fortalecer aspectos sociales y reducir la desigualdad de oportunidades. Se ha crecido de la mano del neoliberalismo dejando de lado reformas institucionales que generen confianza y legitimidad del pueblo. Justamente, Alberto Vergara distingue entre dos proyectos; el hortelanismo enfocado en un éxito empresarial y económico impulsado por Alan García y el republicanismo propuesto por Valentín Paniagua (El Comercio, 2018). El segundo, ignorado, propone un desarrollo global tanto social, político y económico. Precisamente nos hemos saltado un escalón importante; fortalecer las instituciones para un progreso continuo. Tenemos un sistema político fragmentado contagiado por corrupción y un Estado de derecho poco significante.

La pandemia ha evidenciado que aún se debe de trabajar en reducir la informalidad que bordea el 75% de la población peruana (Gestión, 2021) y mejorar la gestión pública del gasto y con ello, ofrecer servicios de salud, educación e infraestructura de manera equitativa para evitar que el descontento común prevalezca. Hemos logrado construir un modelo económico, no obstante, hoy requerimos impulsar el rol del Estado. El gran desafío para el siguiente gobierno será cerrar dichas brechas para sacar adelante la reactivación de nuestro país.