Sagasti: ¿luz al final del túnel o un tren que se aproxima?

Por Bruno Herrera, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

Cuando Francisco Sagasti resultó electo como congresista por Lima a inicios del 2020, ni siquiera él hubiese imaginado que meses más tarde tendría que asumir la responsabilidad del país en calidad de Presidente de la República. A pocos días de cumplir 100 días en el poder y en medio de una segunda ola pandémica que viene perjudicando las vidas de miles de peruanos, conviene hacer repaso y evaluación de algunos de los objetivos más importantes que, al iniciar su gobierno, se propuso. El análisis de los hechos revela la inaparente interacción de algunas problemáticas para las cuales la respuesta del Gobierno, independientemente de las subjetividades, no ha estado a la altura de las circunstancias. Se vislumbran también posibles atisbos de un conflicto que, relativamente desapercibido, podría repetir el patrón característico de la política peruana de los últimos años.

La garantía de las elecciones en abril
Durante las masivas protestas en contra de la presidencia de Manuel Merino, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida a manos de policías y una multitud de manifestantes resultó herida a causa de este uso desproporcionado de la fuerza, experimentamos la faceta más frágil de nuestra joven democracia. Por esta razón, todas las tiendas políticas acordaron la necesidad de un gobierno de transición que otorgue garantías democráticas y respete las fechas del candelario electoral. El presidente Sagasti planteó este objetivo como primordial y hasta el momento su procedimiento en la materia ha sido ciertamente óptimo. Su deslinde con el partido que lo llevó al parlamento, su apoyo a las instituciones organizadoras de los comicios como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su prácticamente nula interferencia en la reñida campaña electoral son señales positivas de la lealtad que guarda a su compromiso.

Sin embargo, el futuro le depara a Sagasti y compañía un desafío más allá de la voluntad: la viabilidad sanitaria de las elecciones. ¿Cuántos peruanos estarían dispuestos a ejercer su derecho democrático si se dispara el número de casos en los días previos al sufragio? No son menores los actores políticos que se hallan a favor de una eventual postergación por estos motivos, pero la última palabra del presidente dependerá del veredicto de los especialistas así como del desempeño de su gestión en la materia que atañe al mundo.

Gestión de la salud
Directamente ligado a lo anterior, otro de los objetivos trazados por el mandatario en su discurso de asunción de mando fue la intensificación de los esfuerzos para combatir la crisis epidemiológica producida por la pandemia de COVID-19. En este sentido, la performance del Gobierno ha sido, en el mejor de los casos, muy mediocre, puesto que ha procedido de manera reactiva y no proactiva (contrario a lo prometido por Sagasti). Por ejemplo, el anuncio de la suspensión de los acuerdos para la compra de vacunas sorprendió a todos y generó una enorme incertidumbre que, si bien halló el grueso de su responsabilidad en la administración del expresidente Vizcarra, deterioró la credibilidad del gobierno de turno. En estas circunstancias, los acuerdos alcanzados con el laboratorio chino Sinopharm por el lote de un millón de vacunas fungió como un “parche” providencial que tampoco se aprovechó de la mejor forma. De hecho, el programa de fases de vacunación no fue divulgado a la población sino apenas días antes de la llegada de las dosis, lo que fue acompañado por cuestionamientos acerca de la composición del padrón además de sendos reclamos en relación a la organización del proceso de inmunización.

Con todo, ni la celebración de contratos con grandes proveedores de vacunas pudo contener la segunda ola del COVID-19. Así pues, la laxa campaña de prevención promovida por el Ejecutivo desde antes de las fiestas de fin de año resultó en un rotundo fracaso que obligó, según el criterio del gabinete ministerial, a retornar a las medidas estrictas del primer confinamiento. No obstante, tal como había enunciado en su primer discurso como presidente del país, Sagasti señaló que, en esta oportunidad, primaría la selectividad de las cuarentenas de acuerdo a escalas de riesgo ya muy bien conocidas. Aun así, algunos errores en la comunicación de estas categorías, la excesiva complejidad de las mismas y varios agujeros legales en los términos de la inmovilización, obstaculizaron la materialización de su propósito. La proliferación del virus aún durante el confinamiento reveló el escaso impacto de la medida; la necesidad de extenderla, su carácter reactivo.

Algunos especialistas como el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, comentaron que las decisiones del Gobierno carecían del enfoque necesario y estaban destinadas a fracasar. Para el médico, el gobierno viene desempeñándose deficientemente en la atención a nivel primario. Esto explica el acuciante déficit de camas UCI a nivel nacional además de las interminables colas formadas en los exteriores de las distribuidoras de oxígeno medicinal, un recurso en extremo escaso que en el mercado negro se comercia por cuantiosas sumas de dinero.

¿Por qué el ministerio de Salud no aprovechó el breve periodo de descongestión hospitalaria -que finalizó en los primeros días del año- para preparar logísticamente al sistema de salud ante una, muy probable, segunda ola? ¿Por qué tampoco se previó la ingente necesidad de oxígeno medicinal que afectaría, tarde o temprano, a una parte considerable de la población? El colapso del sistema hospitalario es el resultado de severos e indisimulables defectos en el manejo de la salud pública por parte un gobierno que libra una lucha en diferentes frentes y que en todos parece hacerlo ad hoc.

La crisis económica y el “rebote del gato muerto”
Muy vinculada a la crisis sanitaria, aumenta, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, la pesadumbre con respecto al presente y el porvenir de la economía nacional. Una porción considerable de la opinión pública considera que la administración de Sagasti ha sido muy decepcionante en este ámbito; sin embargo, en medio de una pandemia como la que nos flagela, resulta difícil evaluar el desempeño de las autoridades en este aspecto sin tener en cuenta que la mayoría de sus decisiones tienen como objetivo principal el preservar la vida y la salud de la población. En esta medida, los resultados de la gestión de la crisis sanitaria son determinantes para el bienestar económico del país. ¿Qué ocurriría entonces si los errores en la dirección de la salud pública persisten y nos llevan a cuarentenas más largas o estrictas?

El mayor peligro que representa la extensión de las medidas de confinamiento es que produzcan un ciclo de paralización económica que afecte, en primera instancia, a la microeconomía de la población y, después, a los fundamentos macroeconómicos del país. En ese sentido, si las empresas siguen enfrentando restricciones para operar, eventualmente, muchas de ellas cerrarán; esto, a su vez, degenerará en una serie de despidos masivos, disminución de la renta per cápita y el desplome de la recaudación fiscal (todo esto sin tomar en cuenta el golpe que recibe la economía informal).

Para cubrir su déficit fiscal, el Estado se vería obligado a endeudarse más, subir las tasas impositivas o ajustar la dimensión de su gasto/inversión. Cualquiera de estas opciones traería consigo sus propios riesgos colaterales; no obstante, se puede definir, de modo muy sucinto, que un mal paso en la gestión económica en un contexto como el que vivimos podría ocasionar una desaceleración de la recuperación del crecimiento económico y un incremento de los niveles de pobreza .

Esta parece ser la preocupación que motivó al Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) a revisar su proyección de crecimiento para el año 2021. ¿Qué sucedería si los desalentadores resultados de primer bimestre se reproducen durante lo que resta del año? Para explicar lo que podría pasar con nuestra curva de crecimiento económico podemos tomar prestado un concepto propio de las finanzas conocido como el “rebote del gato muerto”. Según esta explicación, nuestros deprimidos indicadores de crecimiento, después de presentar una ligera recuperación, volverían a descender. La inestabilidad económica reflejada en un fenómeno semejante es el desafío autogenerado que el presidente podría enfrentar en los siguientes meses de no resolver primero la cuestión epidemiológica. Esta problemática, sin duda, trasciende el carácter transicional de esta presidencia y sería muy positivo que el mandatario la asuma como tal pues determinará el rumbo del país, no por su influencia en lo que resta del año, sino también porque determinará el discurso económico de cara a los comicios de abril.

*Este texto fue escrito antes  de la salida de la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y de la revelación de la vacunación de  487 peruanos.

Durante las masivas protestas en contra de la presidencia de Manuel Merino, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida a manos de policías y una multitud de manifestantes resultó herida a causa de este uso desproporcionado de la fuerza, experimentamos la faceta más frágil de nuestra joven democracia. Por esta razón, todas las tiendas políticas acordaron la necesidad de un gobierno de transición que otorgue garantías democráticas y respete las fechas del candelario electoral. El presidente Sagasti planteó este objetivo como primordial y hasta el momento su procedimiento en la materia ha sido ciertamente óptimo. Su deslinde con el partido que lo llevó al parlamento, su apoyo a las instituciones organizadoras de los comicios como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su prácticamente nula interferencia en la reñida campaña electoral son señales positivas de la lealtad que guarda a su compromiso.

Sin embargo, el futuro le depara a Sagasti y compañía un desafío más allá de la voluntad: la viabilidad sanitaria de las elecciones. ¿Cuántos peruanos estarían dispuestos a ejercer su derecho democrático si se dispara el número de casos en los días previos al sufragio? No son menores los actores políticos que se hallan a favor de una eventual postergación por estos motivos, pero la última palabra del presidente dependerá del veredicto de los especialistas así como del desempeño de su gestión en la materia que atañe al mundo.

Gestión de la salud

Directamente ligado a lo anterior, otro de los objetivos trazados por el mandatario en su discurso de asunción de mando fue la intensificación de los esfuerzos para combatir la crisis epidemiológica producida por la pandemia de COVID-19. En este sentido, la performance del Gobierno ha sido, en el mejor de los casos, muy mediocre, puesto que ha procedido de manera reactiva y no proactiva (contrario a lo prometido por Sagasti). Por ejemplo, el anuncio de la suspensión de los acuerdos para la compra de vacunas sorprendió a todos y generó una enorme incertidumbre que, si bien halló el grueso de su responsabilidad en la administración del expresidente Vizcarra, deterioró la credibilidad del gobierno de turno. En estas circunstancias, los acuerdos alcanzados con el laboratorio chino Sinopharm por el lote de un millón de vacunas fungió como un “parche” providencial que tampoco se aprovechó de la mejor forma. De hecho, el programa de fases de vacunación no fue divulgado a la población sino apenas días antes de la llegada de las dosis, lo que fue acompañado por cuestionamientos acerca de la composición del padrón además de sendos reclamos en relación a la organización del proceso de inmunización.

Con todo, ni la celebración de contratos con grandes proveedores de vacunas pudo contener la segunda ola del COVID-19. Así pues, la laxa campaña de prevención promovida por el Ejecutivo desde antes de las fiestas de fin de año resultó en un rotundo fracaso que obligó, según el criterio del gabinete ministerial, a retornar a las medidas estrictas del primer confinamiento. No obstante, tal como había enunciado en su primer discurso como presidente del país, Sagasti señaló que, en esta oportunidad, primaría la selectividad de las cuarentenas de acuerdo a escalas de riesgo ya muy bien conocidas. Aun así, algunos errores en la comunicación de estas categorías, la excesiva complejidad de las mismas y varios agujeros legales en los términos de la inmovilización, obstaculizaron la materialización de su propósito. La proliferación del virus aún durante el confinamiento reveló el escaso impacto de la medida; la necesidad de extenderla, su carácter reactivo.

Algunos especialistas como el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, comentaron que las decisiones del Gobierno carecían del enfoque necesario y estaban destinadas a fracasar. Para el médico, el gobierno viene desempeñándose deficientemente en la atención a nivel primario. Esto explica el acuciante déficit de camas UCI a nivel nacional además de las interminables colas formadas en los exteriores de las distribuidoras de oxígeno medicinal, un recurso en extremo escaso que en el mercado negro se comercia por cuantiosas sumas de dinero. ¿Por qué el ministerio de Salud no aprovechó el breve periodo de descongestión hospitalaria -que finalizó en los primeros días del año- para preparar logísticamente al sistema de salud ante una, muy probable, segunda ola? ¿Por qué tampoco se previó la ingente necesidad de oxígeno medicinal que afectaría, tarde o temprano, a una parte considerable de la población? El colapso del sistema hospitalario es el resultado de severos e indisimulables defectos en el manejo de la salud pública por parte un gobierno que libra una lucha en diferentes frentes y que en todos parece hacerlo ad hoc.

La crisis económica y el “rebote del gato muerto”

Muy vinculada a la crisis sanitaria, aumenta, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, la pesadumbre con respecto al presente y el porvenir de la economía nacional. Una porción considerable de la opinión pública considera que la administración de Sagasti ha sido muy decepcionante en este ámbito; sin embargo, en medio de una pandemia como la que nos flagela, resulta difícil evaluar el desempeño de las autoridades en este aspecto sin tener en cuenta que la mayoría de sus decisiones tienen como objetivo principal el preservar la vida y la salud de la población. En esta medida, los resultados de la gestión de la crisis sanitaria son determinantes para el bienestar económico del país. ¿Qué ocurriría entonces si los errores en la dirección de la salud pública persisten y nos llevan a cuarentenas más largas o estrictas?

El mayor peligro que representa la extensión de las medidas de confinamiento es que produzcan un ciclo de paralización económica que afecte, en primera instancia, a la microeconomía de la población y, después, a los fundamentos macroeconómicos del país. En ese sentido, si las empresas siguen enfrentando restricciones para operar, eventualmente, muchas de ellas cerrarán; esto, a su vez, degenerará en una serie de despidos masivos, disminución de la renta per cápita y el desplome de la recaudación fiscal (todo esto sin tomar en cuenta el golpe que recibe la economía informal). Para cubrir su déficit fiscal, el Estado se vería obligado a endeudarse más, subir las tasas impositivas o ajustar la dimensión de su gasto/inversión. Cualquiera de estas opciones traería consigo sus propios riesgos colaterales; no obstante, se puede definir, de modo muy sucinto, que un mal paso en la gestión económica en un contexto como el que vivimos podría ocasionar una desaceleración de la recuperación del crecimiento económico y un incremento de los niveles de pobreza[1].