¿El COVID – 19 o la informalidad?

Diego Gupioc, estudiante de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico

Antes de la cuarentena, durante mi trayecto al trabajo, era normal encontrar  algún vendedor ambulante, varios taxis sin señalización correcta, bodegas que ofrecían productos básicos para el hogar, entre otros que, se podría decir, son parte de la cultura del país.

Ellos, debido a que operan al margen de las diferentes leyes laborales peruanas, pertenecen al sector “informal”. Cuando nuestra realidad era ajena al COVID – 19, no era novedad el alto índice de informalidad y el impacto negativo que esta genera a la economía del país. Según el INEI, en el 2019 alrededor de un 66.4% de la población ocupada era informal; es decir, casi 7 de cada 10 personas con empleo son informales en el Perú.

Las empresas informales son una competencia desleal para las empresas formales porque ocasionan un sobrecosto al acceder a servicios públicos sin haber contribuido a su mantenimiento. Además, esto afecta negativamente al Estado porque deja de percibir impuestos y esto alimenta un patrón de corrupción.

A lo largo de los años se aplicaron incentivos para que esta brecha se acorte en el tiempo, como por ejemplo la reducción de las cargas tributarias y el acceso a ciertos créditos financieros.

Sin embargo, muchos de estos beneficios no tuvieron resultados positivos. Se sabe que las cifras de informalidad no disminuyen porque hay una cultura que las mantiene y un sistema ineficiente que las fortalece. Según un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la informalidad es producto de los ineficientes servicios públicos y por el marco normativo que abruma a las empresas formales.

Entonces nos preguntamos: ¿Cuál es el perfil promedio de una persona que trabaja en la informalidad? Según el INEI, tiene cara femenina, es joven, registra ingresos promedio por debajo de S/ 930 y se dedica a actividades relacionadas a los sectores transporte, comercio y construcción.

¿Cómo es posible que una familia que vive de los ingresos diarios pueda seguir haciéndolo más de tres meses sin trabajar? Si bien el subsidio económico del Gobierno ha sido un apoyo para muchos, es evidente que no ha sido suficiente para que las personas prefieran quedarse en casa y no salir a trabajar.

Asimismo, existen muchos casos de hogares que no han percibido bonos económicos decretados por el Gobierno y, claramente, debido a ello hicieron caso omiso a la medida de confinamiento.

Cuando vemos personas laborando informalmente en el día a día, visualizamos a ciudadanos que son conscientes de que, al salir de casa, hay una posibilidad de que se puedan contagiar. Sin embargo, al no tener dinero para mantenerse, se ven obligados a seguir operando con normalidad y, peor aún, sin la protección sanitaria necesaria.

A esto, económicamente hablando, le llamamos el costo de oportunidad. En este caso, la opción de obtener ingresos para subsistir a esta pandemia genera mayor valor que la de contagiarse y, probablemente, contagiar a las personas que participan en el contexto en el que se desarrollan.

El COVID – 19 ha sido más perjudicial a los países que no reaccionaron a tiempo y con medidas eficientes de confinamiento. Pero ¿qué pasó con Perú? ¿Por qué es el segundo país con más infectados de Sudamérica si fue el primero a nivel de América Latina en decretar la inamovilidad obligatoria? Una de las respuestas principales que brindan muchos estudios es la informalidad, y todo lo mencionado anteriormente lo explica.

El Ministerio de Producción se ha pronunciado sobre las estrategias que implementará para incentivar la formalización en tres sectores críticos en el plan “Produce”: las personas naturales con negocios, el comercio ambulatorio y las sociedades.

En primer lugar, las personas con negocios lo pueden hacer a través de la plataforma de la SUNAT; en segundo lugar, los comerciantes ambulatorios por medio de un empadronamiento de la municipalidad. Y, por último, las sociedades, mediante las notarías que han reducido sus costos a 50 soles para empresas que facturen hasta 3 UIT.

Los incentivos de este plan se definen en cuatro frentes: El acompañamiento para que puedan acceder a créditos del Fondo de Desarrollo de la Empresa; la posibilidad de que reciban asesoramiento del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica para que optimicen sus procesos de producción; que las MYPES participen en las ferias digitales que se desarrollarán en Produce y, por último, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se está evaluando la posibilidad de que puedan tener créditos para empresas puntuales.

Con todo lo mencionado, se evidencia cómo la informalidad produjo que el impacto sanitario del COVID- 19 en el Perú se agrave en relación con otros países de la región. Sin lugar a duda, un alto índice de informalidad genera que el Estado no tenga un control eficiente del confinamiento; además, las medidas para contrarrestar el impacto de la pandemia afectaron críticamente al sector donde laboran los informales, motivo por el cual no se respetó el aislamiento social.

Se espera que los incentivos para este sector generen su formalización además de beneficios económicos y, sobre todo, mejore el contexto sanitario en el país. Es un duro camino y, con medidas empáticas, podremos mejorar la situación.