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Comités de Desarrollo Distrital: una vía para prevenir conflictos sociales

Por Lety Gómez Díaz, alumna de noveno ciclo de la carrera de Economía. 

Han pasado más de 50 días desde que la carretera que conecta la mina Las Bambas con el puerto Matarani (Arequipa) fue bloqueada por los comuneros de Nueva Fuerabamba. Como se sabe, Las Bambas produce aproximadamente un 2% de la producción mundial de cobre y es uno de los proyectos cupríferos de inversión extranjera más importantes del país.Además, de acuerdo con lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, si Las Bambas frenara sus operaciones por 12 meses consecutivos restaría un punto porcentual al crecimiento del PBI nacional.

En opinión de Carlos Parodi, la irresolución del conflicto podría generar una presión al alza del dólar en la medida que al exportar menos cobre, ingresarían menos dólares al país y, al volverse más escasos los dólares, se incrementaría su precio. No obstante, si bien el factor económico es importante, el problema de Las Bambas debe evaluarse con una perspectiva más amplia, que integre lo que está sucediendo con la población a nivel social. Desde sus inicios, este proyecto  ha cobrado varias vidas como resultado de los conflictos que se generan en la zona.

En principio, uno de los motivos de protesta de la comunidad fue la exigencia de una compensación económica en respuesta a la contaminación ambiental a la que están expuestos los pobladores por el paso de más de 300 camiones de mineral al día. Otra de las razones fue la apertura de un camino, que conecta las excavaciones a tajo abierto con el puerto, en territorios cedidos por la comunidad. La empresa minera no habría pagado a los comuneros por las construcciones realizadas en sus propiedades, tampoco habría seguido la consulta previa para la realización de dicha actividad. Todo ello conllevó al levantamiento de los pobladores quienes, en su afán por buscar ser escuchados tanto por la empresa, la prensa y el Estado; optaron por iniciar una medida de fuerza impidiendo el pase del material minero. Frente a toda esta problemática nacen las interrogantes: ¿Qué mecanismos institucionales se han desarrollado hasta el momento para la solución de conflictos de esta índole? ¿Qué garantiza el alcance de las condiciones sociales más adecuadas en estos contextos?

Hace tres meses tuve la oportunidad de realizar una práctica preprofesional que se centraba en levantar información sobre temas de desarrollo en la provincia de Calca, Cuzco. En medio de todos los problemas que comúnmente suelen presentarse en estos lugares, pude visibilizar el ejercicio de una práctica democrática que acaparó mi mayor atención. Se trata del Comité de Desarrollo Distrital (CDD) del distrito de Lamay. Este es un espacio de concertación que tiene como objetivo reunir a todos los actores sociales para priorizar los problemas y, en base a ello, idear propuestas de solución que encaminen al desarrollo. Está presidido por la Municipalidad Distrital y cuenta con la participación de actores públicos o privados con presencia en el lugar, tales como: iglesias, instituciones educativas, comunidades campesinas, ONG’s, entre otros. La importancia de este espacio yace en las reuniones mensuales con libre participación de cualquier ciudadano y que se ejecutan en su lengua materna, el quechua.

Durante mi estancia, junto a otros nueve alumnos de la universidad, apliqué encuestas a líderes de organizaciones de la sociedad civil y a pobladores, quienes, además, brindaron una breve opinión de la situación actual del distrito. Una respuesta casi general fue el respaldo que brindaban al CDD como instancia incluso mayor que la Municipalidad, la parroquia o cualquier otra institución con fuerte presencia en el pueblo. La riqueza del CDD radica en que estas instituciones están integradas por él, por lo que frente a cualquier problema se puede obtener distintos puntos de vista. Ello conlleva a la creación de acciones consensuadas que se traducen en una mayor participación y aceptación por parte de la población.

Ahora me pregunto, ¿cómo sería nuestra sociedad si, en todos los distritos del país, se manejara una suerte de CDD? O, ¿qué hubiera sido de Nueva Fuerabamba si hubiera tenido la oportunidad de expresar sus incomodidades ante sus autoridades cada mes?

Es impensable negar que el problema de Las Bambas es un conflicto de tres actores: la comunidad campesina, la empresa extractiva y el Estado. Este último, por su parte, reconociendo el derecho de las comunidades a protestar, debe promover y apoyar la creación de espacios adecuados para escucharlas y para atender sus demandas. No se puede permitir que reine nuevamente la indiferencia social hacia más comunidades. Es momento de actuar con acuerdos y políticas mejor desarrolladas y firmes. Quizá el CDD de Lamay ofrezca una pista sobre cómo empezar a construir estos espacios de forma que, en lugar de crear perjuicios, podamos capitalizar en desarrollo los beneficios económicos de la actividad minera.

 

 

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