58 mil millones más y 200 mil menos

Mientras Burneo y José Luna entran en confrontación y el peligro de otra cuestión de confianza asecha en estos días, pocos se fijan en un hecho que la Asociación de Contribuyentes del Perú resalta todos los años y que debería indignarnos pero no lo hace.

Según datos de la Asociación, el presupuesto del Estado crecerá en un 9% del 2022 al 2023 y esto no suena muy grave, ¿no?. Bueno, en los últimos 5 años ha crecido en un 37% y la excusa es siempre las necesidades crecientes de atención a la población, pero la población sigue desatendida. En 2018 el presupuesto general fue de 157 mil millones de soles. Para el 2023 el presupuesto será de 214 mil millones de soles (¡!)

Además, en lo que se ha hecho poco hincapié, es que el 80% del incremento se concentra en los gobiernos regionales y municipalidades, niveles de gobierno considerados por la ciudadanía como los peores gestores del Estado peruano, según los datos del módulo de gobernabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Asimismo, en el caso de las municipalidades, el aumento de presupuesto para el próximo año ha sido de 38.1%, el más alto de la última década por bastante margen; lo mismo para el caso del incremento del 16.4% para los gobiernos regionales. En segundo lugar, resalta que para el 2023 se espera la mayor alza de presupuesto para inversión pública de la última década (+23.7%) respecto a un leve incremento del gasto corriente (+4.3%). Esto último pareciera una buena noticia, pero, combinado con el dato anterior, se deduce que se está apostando por mayor inversión a través de las municipalidades cuando estas, en el 2021, apenas ejecutaron el 62% de su presupuesto para este fin.

Por qué tenemos que levantar esta astronómica cifra de 58 mil millones de soles más en 5 años. Porque desde hace 5 años aproximadamente también, tenemos paralizados 53 mil millones de DOLARES en proyectos mineros que podrían generar millones de empleos directos e indirectos, impuestos, canon y aporte al PBI peruano.

La Cartera de Proyectos de Construcción de Minas para el 2021 concentraba 43 proyectos por una inversión conjunta de US$ 53,168 millones, ubicados en 17 regiones del territorio nacional. Para el 2022, como era de esperarse, las proyecciones se cayeron. Nuestro gobierno tiene un ADN anti-minero y anti-inversión.

De ese grupo, 35 proyectos correspondían a minas nuevas por una inversión conjunta de US$ 48,330 millones, mientras ocho eran proyectos de reposición o ampliación cuya inversión alcanzaba los US$ 4,839 millones.

Conclusión simple y rápida: el Estado sigue siendo una máquina que recibe más y más dinero pero la población sigue desatendida, no hay seguridad, no hay inversión, no hay empleo, no hay infraestructura, no hay buena educación, ni salud, ni servicios… ¿Es esto aceptable? ¿No es acaso bastante esquizofrénico vivir en una realidad así? ¿Permitirías que esto ocurra en tu economía familiar, que se gaste 100% más y se deje de recibir casi 200% menos? Nunca. Nadie lo haría. Así no funciona un hogar, así no funciona una empresa privada. El Estado sí.

Y es que sabemos la respuesta: el Estado tiene el ADN distorsionado: usa el dinero de otros, en otros, si eficiencia y sin generación de valor, sin control ni rendición de cuentas en cosas que no sirven para el pueblo y que por el contrario sirven para los mismos políticos que se llevan el dinero.