La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

La fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Castillo amparándose en un tratado del cual Perú es parte: La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Pero qué es y de qué trata este pacto?

Es un tratado creado por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política en el mundo. Fue adoptada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la fecha son más de 185 países firmantes.

Su intención inicial se basaba en combatir el dinero ilícito que surgía del narcotráfico y que ensuciaba la política en varios países, pero su texto es mucho más amplio y tiene 71 artículos en los que se plantean políticas de prevención, tipificación de crímenes, cooperación internacional y mecanismos de recuperación de bienes robados.

Esta convención es ley en Perú. Y aunque es un tema de fondo que requeriría un análisis extenso, lo cierto es que, como cualquier tratado internacional al que Perú se adhiere, debe ser incorporado e integrado al cuerpo normativo nacional. Lo mismo ocurrió cuando se evaluó el indulto al expresidente Alberto Fujimori: una norma internacional terminó dándole contenido a un problema normativo local.

¿Por qué apareció este pacto en el debate? La fiscal de la Nación invocó la Convención de la ONU porque no tenía otra forma de justificar la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente. La Constitución peruana es muy cerrada en este aspecto. Y como afirmará en una entrevista el exprocurador anticorrupción José Ugaz, si no se buscan salidas jurídicas a una crisis así, “llegaríamos al absurdo de que podríamos tener un presidente asesino en serie, que sin embargo, como no está incurso en ninguno de las cuatro causales que establece el artículo 117, tendríamos que esperar 5 años mientras sigue matando, para poder luego sacarlo del poder y aplicarle las sanciones del caso”.

Aunque el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres estén desesperados realizando conferencias de prensa y empujando a través de su entorno -una tras otra- diversas demandas contra la Fiscal Benavides, generando caos e inestabilidad (el precio del dólar volvió a subir), lo cierto es que el proceso puede tardar meses. La denuncia de la Fiscal pasará por varias etapas y el Congreso se tomará su tiempo. Esperemos con paciencia, sigamos trabajando, pero aprendamos la lección: en las elecciones del 2026 elijamos correctamente, pensemos antes de votar y emitamos un voto vigilante, no un voto de frustración o amargura.