Gobernando para los ricos

En nuestro país se acepta hace décadas una narrativa anti empresa. La mayoría de periodistas habla mal de ella, en general, sin diferencias o matices; dirigentes de gremios de la micro y pequeña empresa prefieren decir que no son empresarios, son emprendedores (¿?); y muchos jóvenes políticos y líderes de opinión que creen en la libertad económica, evaden la palabra por temor al rechazo.

Esta narrativa genera censura y esta censura es una expresión de la avanzada de las ideas socialistas o intervencionistas sobre la realidad: la empresa privada es mala, la riqueza también, lo privado es cuestionable. El supuesto carácter inmoral de estos elementos se logra con la adición constante de adjetivos descalificativos: lucro abusivo, empresa egoísta, privatización demoniaca, riqueza injusta, etc.

Nadie niega que el empresariado necesita renovación. Esto no es novedad y ocurre cada cierto tiempo. El problema es que la satanización de la iniciativa privada, además de desproporcionada, esconde el propósito político de un grupo y la manipulación de premisas que no se pueden manosear. Entonces, cuando las leyes se basan en estas distorsiones, consiguen exactamente lo contrario a lo que esta maliciosa narrativa dice perseguir.

Observen el predictamen del proyecto de ley (PL) 5490 que busca transparentar los costos de las clínicas privadas. Es un control de precios encubierto en el sector privado, que como sabemos, atiende a una pequeña porción de peruanos; a quienes más tienen y menos necesitan.

¿Pide el proyecto transparencia en el estado? No. Ignora al sistema estatal de salud, que como sabemos debería atender a 28 millones de peruanos, gestiona mal su presupuesto, maltrata al paciente con gritos, colas y abusos, y hoy más que nunca debería ser supervisado con lupa por tanta compra y contratación aceleradas. Esclavos de la falacia socialista, nuestros padres de la patria terminan preocupándose por los ricos y abandonando a los pobres.

Pero este proyecto de ley es el tercer caso reciente en que se plasma este absurdo. A los colegios privados se les viene exigiendo algo muy similar con respecto a sus servicios virtuales. Pero basta abrir a medias los ojos para constatar que el programa de educación a distancia del Ministerio “Yo aprendo en casa” no es ni digital, ni virtual, y deja mucho que desear, más allá del sincero esfuerzo que puedan haber hecho diversos especialistas en su implementación. Ni siquiera las tablets llegan.

Y yo me pregunto, ¿dónde están sus indicadores? ¿Cómo se justificó su costo según el impacto que tendrá? ¿Quién supervisa -como dice el proyecto de ley sobre clínicas- el desagregado de los costos fijos y variables que comprende el servicio así como las sumas totales de dichos costos; el detalle de los costos que incluye la respectiva justificación probatoria, a fin de que los usuarios puedan interponer los reclamos correspondientes ante la vía administrativa? Nadie.

La educación privada tiene un valor que va más allá de complementar la función pública del estado. Controlarla no parece lo más urgente. La urgencia está en atender a esos millones de niños, niñas, y jóvenes que en este instante reciben un servicio que profundiza las brechas de desigualdad.

Y lo mismo pasaría si se aprueban las iniciativas para postergar deudas, controlar tasas de interés o intervenir la banca privada. ¡Se beneficiarán los más ricos! Las cajas y cooperativas que son las que llegan a los informales y micro empresarios, no podrán soportar este tipo de medidas, y se terminará afectando a millones de peruanos que lo que quieren es ser libres para trabajar, generar riqueza y ahorrar. Con todos sus problemas, la banca ha sido su aliada en este tiempo, no el estado.

Existen soluciones: en el mediano y largo plazo debemos construir una narrativa clara, transparente y con autoestima a favor de la libertad de empresa. Y en el corto, no debemos renunciar a conversar con congresistas y funcionarios del estado para que entiendan que las falacias que han mamado durante años son inútiles y solo sirven para generar más injusticias. Si de justicia social se trata, la forma de lograrla es diseñando políticas públicas juntos, estado y sector privado, con ética y transparencia de ambas partes, pensando en todos los peruanos, sin exclusiones ideológicas o privilegios mercantilistas.