Todo está patas pa' arriba...

El título de esta entrega iba a ser “Tú puedes, MEF, tú puedes” en atención al inicio de un nuevo año, lleno de expectativas, en el que la economía se debe disparar, y eso significa que debemos generar más ingresos, más trabajo, más empresas formales, más oportunidades de desarrollo para nuestras familias.

Íbamos a darle un espaldarazo al Ministerio de Economía (MEF) y a su ministra, principales responsables de promover y proteger la inversión privada. Lamentablemente me demoré en soltar este post. Lamentablemente para el MEF, creo.

Pasan tan rápido los días que ahora tenemos que poner nuestra mirada en diversos problemas. El primer ministro diciendo que si le tocan alguno de sus decretos de urgencia, recurrirá a la polémica cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional convirtiendo al país en uno netamente presidencialista, luego Guzmán quemándose sin fuego, y antes Mora que, a pesar de ser un agresor flagrante, podría seguir en carrera por la típica distorsión burocrática que nos oprime; y para rematar -el tema central de este espacio- la preocupante inacción de la ministra de economía (de quien pensábamos tendría un rol técnico intachable) que deja pasar decretos de urgencia sin pies ni cabeza y eso no puede pasar desapercibido.

Ante un panorama así, vale decir que todo está “patas pa’ arriba” y realmente, el retorno del Congreso se presenta como una saludable oportunidad de recuperar balance y sentido común (qué ingenuo, ¿no?).

Pero enfoquémonos en los decretos de urgencia (DU). Si el Ministerio de Economía y Finanzas no es capaz de revisar, validar y cuestionar los DU que está sacando este gobierno, solo se puede deber a dos escenarios: Presidencia y PCM no consideran ni respetan su opinión; o, la ministra está de acuerdo con los decretos que van saliendo.

El segundo escenario nos parece improbable, no sé. Quiero pensar que es improbable. El gobierno ha emitido a la fecha 54 decretos de urgencia. En varios excedió sus competencias y legisló sobre temas tributarios (y ojo que SUNAT quiere arremeter en los últimos días con unas propuestas bastante creativas). Pero además, casi todos tienen nada de urgente y varios son inaceptables.

Veamos el Decreto de Urgencia sobre colegios privados, el 002-2020, que incluye un cambio fundamental a la Ley 26549, ley de centros educativos privados. Éste consiste en lo siguiente (cito):

“La Dirección Regional de Educación […] tiene un plazo no mayor a sesenta días hábiles para aprobar o denegar la autorización de funcionamiento […] el administrado tiene por denegada su solicitud si, vencido dicho plazo, no se hubiera emitido un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad competente.

Este cambio -pensando en el contribuyente formal- implica contravenir toda la tendencia que se había generado (tiempo pasado) de priorizar el interés del ciudadano, el contribuyente, en vez del proceso burocrático del funcionario, tendencia además exigida por la OCDE desde el año 2009 e implementada en varios cambios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) por el primer gabinete de PPK en 2016-2017.

A partir de este decreto y su reglamento, si la autoridad educativa no dice nada frente a un inversionista formal en educación, por desgano, lentitud o sesgo ideológico, el afectado no tiene nada que hacer. Se consumó una gravísima y nueva denegación “fáctica”.

El cambio manifiesta una ignorancia expresa de parte de quien lo propone (o una intención bastante oscura), puesto que quien invierte en educación no lo hace a partir de la autorización de funcionamiento, sino mucho antes. Para pedir la autorización ya se gastaron bastantes recursos, tiempo, dinero, y evidentemente el contribuyente lo hace porque quiere entrar en un mercado formal, de calidad, transparente, y por lo tanto supervisado.

Si se quiere “atacar” la informalidad, que apunten bien las balas, porque si no, esto huele a una estrategia “anti educación privada”, algo que sería inconstitucional (aunque bueno, a quién le importa hoy la Constitución…). Se debería mantener el régimen de silencio positivo para aquellos inversionistas que cuentan con uno o más centros educativos funcionando debidamente autorizados y que no han sido sancionados por la autoridad previamente. También para aquellos que demuestran solidez financiera y respaldo institucional adecuados, aunque sea su primera inversión. La cancha plana y rápida para quienes quieren ser formales.

Pero este DU es solo una gota en el charco. El país está “patas pa’ arriba” porque los demás sectores productivos del país, que incluyen a los contribuyentes más importantes, están sufriendo de este mismo mal: normas y decretos con alma intervencionista y sin sustento técnico ni evidencia.

La nueva ley de promoción agraria no es la maravilla que se plantea; el decreto de urgencia sobre genéricos es una bala perdida; sectores extractivos como la pesca y la inversión en hidrocarburos están siendo golpeados duramente y el gobierno no hace nada… ¿Algo nuevo para fortalecer la inversión minera? No. ¿Alguna mejora en el ámbito de las Telecomunicaciones? Peor aún, les quieren poner más trabas aunque nos faltan miles de miles de antenas para estar a la altura de la digitalización que atraviesa el mundo desarrollado.

Naturalmente el estado siempre tiene problemas para regular con respecto a la actividad privada porque no la entiende. Para eso debe dialogar transparentemente con los empresarios y sus gremios.

Naturalmente el estado siempre está presionado por grupos ideológicos que están en contra de la inversión privada. Para hacerles frente debe recolectar y generar evidencia contundente que le permita tomar decisiones legítimas.

Naturalmente el estado siempre necesita apoyo para promover la inversión privada, principal motor de la economía y único “pagador” de impuestos, pero para que eso ocurra debe dejarse ayudar, abrir las puertas. Y esto no está ocurriendo. Y esto es lo peor de todo…

Todo está patas pa’ arriba, te cuenten el cuento que te cuenten, porque este gobierno carece de la voluntad mínima para hacer que el país siga creciendo activado por la libertad económica que nos ha traído tantos beneficios, a pesar de sus varios defectos e incontables enemigos.