La paradoja de la formalidad

Desde hace mucho tiempo trato de convencerme -aunque tengo años pensando en el tema- del valor que tiene el binomio “formales – informales” para atribuirle un valor adecuado al ciudadano según su mayor o menor integración al “sistema”.

En sencillo, lo resumiría en estas preguntas, ¿qué es ser formal? ¿qué es ser informal? ¿Hemos usado la definición correcta para ambas “condiciones”? ¿se es mejor ciudadano si se es formal? ¿ser informal implica algún tipo de carencia ética?

El punto es que el binomio formales – informales, no me convence. Para nada. Es muy conveniente para el cobrador de impuestos y para el que quiere usarlos, pero no para los demás.

Primero, porque el “formal” puede ser “informal” en varios espacios de su vida, y el informal, formal. El ciudadano o empresario vive constantemente en un gris, y así debe ser. La vida humana está llena, día a día, de muchas más experiencias y espacios que formalidades o informalidades. No se camina respetando la ley, no se respira respetando la ley. Ojo con esto porque nos enfrentamos a un futuro en el que la tecnología podrá reconocer si nos baja la presión con un dispositivo en un semáforo, o a una ideología única que quiere imponer qué canciones son violentas, qué miradas o palabras implican algún crimen de odio, y cómo debemos hablar para no ser racistas, xenófobos o sexistas.

En segundo lugar, no me convence porque la “formalidad” no deja de ser absolutamente arbitraria. Se refiere al respeto por las normas, tarifas, impuestos, regulaciones que el estado te impone, y sabemos bien que todo este paquete de cosas muchas veces no solo es injusto sino oneroso. El político y el funcionario que crea los impuestos y las leyes es un ser humano como nosotros. Y la mayoría de veces, con los incentivos incorrectos para actuar.

Tercero, porque separar a los emprendedores o ciudadanos entre formales e informales de todas formas comporta un tono discriminatorio. El formal es bueno. El informal es malo. ¿Sí? Yo no creo. Asignen juicios por la bondad de las personas, por su preocupación por sus hijos, su familia, por sus valores, por su honestidad, su solidaridad, pero no por ser obedientes a un aparato abstracto lleno de errores.

Aquí la clave está en entender que, antes de asignar un juicio de valor al formal o al informal, nos debemos preguntar, ¿por qué caracoles debería ser formal? ¿a cambio de qué? ¿qué gano siéndolo?

La minería informal es un ejemplo interesante para abordar el dilema. El 17 de octubre del 2019, se amplió el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2021. Dos años más. Hablamos de 250 mil trabajadores y más de 70 mil empresas. Mucha gente. Mucho en juego, muchos potenciales “impuestos”. ¿Por qué se amplió el plazo?

En primer lugar, porque el proceso de formalización no alcanza sus metas. ¿Cómo obligas a 70 mil operadores mineros a entrar en un sistema lleno de parámetros difíciles, burocracia, trámites engorrosos, desorden administrativo, ambigüedades, sorpresas, y situaciones impredecibles? ¿Injusto para la minería formal? Quizás, pero que cada uno acepte lo bueno y malo de su lugar en la realidad.

Segundo, porque a diferencia de otros ámbitos como el laboral o el tributario, donde SUNAFIL o SUNAT pueden utilizar la tecnología literalmente para perseguirte, si eres “formal” por supuesto, la capacidad del estado de utilizar la violencia o la coerción para imponer la formalidad es imposible en el campo, en la montaña, en aquellos lugares donde la pequeña y mediana minería funciona.

Tercero, porque está claro que si el estado insinúa utilizar la fuerza, las cosas se pondrán peor. ¿Imaginas a 250 mil personas (este número es equivalente al número de puestos de trabajo directos que otorga la minería formal) temiendo por su ingresos, angustiadas, preocupadas por sus hijos, por sus familias, solo porque un “estado” ausente, que no hizo ni hace nada por ellos, quiere poner en riesgo su fuente de ingresos en nombre de la “formalidad”?

Es un caso en el que no puedes dejar de avanzar pero tampoco puedes ser radical. Es un caso gris. Es evidente que pocas empresas extractivas pagan la cuenta. Las grandes. Es evidente que hay muchos espacios que requieren “formalidad” y en donde necesitamos más contribuyentes, como la minería. Todo esto es evidente pero no sirve de nada sacarlo a la luz como si fuera el descubrimiento de la leche tibia. Hay que dar un paso adelante. Dos, tres, cuatro pasos adelante.

Debemos buscar fórmulas desde abajo, para sensibilizar a la población, al ciudadano y al empresario, de modo que entienda que la “formalidad” no es buena en sí misma. Lo bueno en sí mismo es que el estado nos atraiga al sistema, nos una, nos integre, a través de incentivos, servicios y facilidades para ser ciudadanos. Lo que es bueno per se es que haga bien su trabajo, genere buenas leyes, use bien nuestro dinero, no sea corrupto, burocrático y pesado. El estado debe merecerse esta mal llamada formalidad, no nosotros sentirnos culpables por no ser parte de ella.

Llegó el momento de que el contribuyente haga oír su voz y tenga un espacio transparente y legítimo de diálogo con quienes son sus servidores, los políticos y funcionarios públicos. Ellos sirven, nosotros pagamos la cuenta.

El sector privado debe participar del diseño de políticas y del cierre de brechas en servicios como la salud, la educación, el transporte, la gestión del agua y saneamiento, etc. El sector privado debe visibilizar todo lo bueno que hace y exigir por sus impuestos y por cumplir la ley, todos los servicios básicos y no tan básicos que el estado le prometió a cambio. Todo con diálogo, respeto y responsabilidad social. Sí. Pero cada quien en su lugar. ¿Quién nos lavó el cerebro y nos hizo sentirnos culpables o pensar que como emprendedores o contribuyentes estamos abajo en la jerarquía? Pregunta para otro artículo.