Hablemos (mucho más) del Canon

No hay que dejar de hablar del uso del canon que aporta la industria extractiva. Son recursos que podrían tener un impacto tangible y relevante en poblaciones pobres, vulnerables, pero esto no ocurre, y el tema ya es un elefante negro en una sala blanca.

El ministro de Energía y minas, Francisco Ísmodes, habló sobre esto en la Convención Minera Perumin 34. Lo cito: “estos S/ 4,900 millones que se generarán al término de este año nos permitirán atender el financiamiento de programas, que incluyen la construcción y habilitación de colegios, postas médicas, proyectos de electrificación rural, proyectos de agua y saneamiento y comisarías.”

Sería ideal que el destino del canon minero sea tan predecible. Saludo sus buenas intenciones. Lamentablemente, este escapa de sus manos y se interna en un oscuro complejo de partidas pequeñas, dispersas, desintegradas, y difíciles de supervisar. Contribuyentes del Perú fue el primer centro de pensamiento que se internó en esta maraña, movido un poco por los testimonios de expertos y líderes locales, y posteriormente por la indignación que nos generaron los resultados. Pero necesitamos que las cosas cambien, para eso trabajamos.

En abril, al revisar la ejecución del canon y sobrecanon petrolero en la región Piura y Tumbes, encontramos que la región Piura, por ejemplo, recibió 1,057 millones de soles por estos conceptos en los últimos 3 años. Poco más de la mitad de ese monto, el 57%, se utilizó para financiar proyectos de inversión auditables, mientras que el 43% restante, equivalente a 451 millones, se gastó sin ningún proyecto asignado. Según este análisis además, del monto gastado sin proyectos, unos 177 millones se utilizaron en contratación de servicios, así como en gastos de mantenimiento y reparaciones. Otros 37 se destinaron a compras de bienes: combustibles, carburantes y afines, y suministros para mantenimiento. Algo similar ocurría en Tumbes.

En junio analizamos el uso del canon minero en Arequipa. El estudio encontró que en los últimos tres años, se desarrollaron en esta región más de 2,200 obras. Sin embargo, solo 301, o el 13%, recibió una inversión mayor a un millón de soles. Todos los demás proyectos manejaban presupuestos menores. ¿Cómo realizar obras tangibles y relevantes con una cantidad tan amplia de proyectos? ¿Podían estos proyectos responder a una priorización basada en brechas sociales o planes de desarrollo o servían más bien para atender los gastos corrientes de la región?

En agosto hicimos lo propio con Ucayali y finalmente, este mes, mantendremos el tema en agenda. Nos preocupa que tanto dinero no tenga un buen uso, pero además, que la población no entienda que la actividad extractiva aporta mucho y que el problema muchas veces no es causado por la empresa sino que se genera cuando el dinero pasa por el estado. Así, nos tocaba completar el análisis del uso del canon minero en el Sur del Perú y por ello estudiamos cómo se gestiona en cuatro regiones más: Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. Los resultados no fueron alentadores.

Tacna, por ejemplo, ciudad en la que este miércoles presentaremos el informe original, recibió en promedio más de 287 millones de soles por regalías y canon minero durante los últimos 10 años. Y solo en los últimos 3 años, recibió en promedio 557 millones.

¿A dónde se va todo este dinero? El 20% de estos recursos se destina a gasto corriente (servicios técnicos, consultorías, compra de bienes, equipamiento, mantenimiento de infraestructura pública, entre otros). Se gastaron 26 millones de soles en la adquisición de vehículos y maquinarias. ¿Sabe la población para que se utilizaron? Se gastaron 13 millones de soles en consultorías (servicios técnicos y profesionales). ¿Sabe la población cuál fue el valor que aportaron? En el rubro “Planeamiento y Gestión” -el más difícil de fiscalizar porque encierra muchas actividades difusas y pequeñas- se gastaron más de 120 millones de soles en los últimos 3 años. Así de claro.

Concluyo. Queremos que se reformen las leyes y normas vigentes con respecto al uso del canon extractivo. Hay muchas “pequeñas” modificaciones que no necesitan de una ley pero sí de voluntad política. Otras requieren evaluación y diálogo pero no pueden dejarse a un lado.

Seguiremos dialogando con los diversos actores y trabajando, abierta e independientemente, para que las comunidades y poblaciones cercanas a estas operaciones se beneficien realmente del aporte que realizan. No puede ser invisible. No puede ser desperdiciado. Estamos hablando de enormes cantidades de dinero que, bien utilizado, podría aminorar los conflictos sociales y facilitar la inversión en proyectos formales y sostenibles.