¿Camisas de fuerza para el sector Salud?

Recuerdo que mi padre, psiquiatra y neurólogo, tenía entre sus libros algunas novelas de suspenso e intriga. Una de ellas (The Terminal man, Michael Crichton, 1972) tenía como personaje principal a un enfermo de epilepsia, patología crónica que en los años sesenta era un misterio, un tabú, una condición considerada digna de discriminación y que, como la esquizofrenia o la psicosis, se trataba con camisas de fuerza.

Las camisas de fuerza no solo eran artefactos diseñados para controlar o someter. Eran expresión de una mentalidad basada en el temor a lo desconocido. Con un chaleco así, se controlaba lo que podría causar daño, se sometía lo incomprensible, y se eliminaba el miedo a que la libertad y el orden espontáneo pongan en juego la seguridad de quien detentaba el poder.

El burócrata es como un doctor de hace 50 años. No entiende como funciona la economía, el capital y la actividad empresarial; solo quiere controlar las cosas. Veamos qué ocurre con la Ley de Salud Mental (Ley 30947).

Como casi todas las leyes del sector salud, sus fines, enfoques transversales y objetivos son loables. Eso nadie lo niega. Es evidente que hay cientos de miles de personas, especialmente aquellos en situación de pobreza o extrema pobreza, que no tienen tratamiento oportuno ni de calidad cuando sufren alguna enfermedad o condición mental crónica.

Sin embargo, aunque nosotros ya sabemos que las camisas de fuerza no sirven, una de las disposiciones complementarias de dicha Ley obliga a todas las oficinas farmacéuticas, estatales o privadas, a que mantengan “obligatoriamente y de manera permanente, (un) stock de seguridad de medicamentos psicofármacos del listado de medicamentos esenciales priorizados por la Autoridad Nacional de Salud.” Para el estado, ese stock debe equivaler al 30% de la dispensación mensual en unidades.

En primer lugar, cada medicamento “extra” que no se utiliza y se almacena, cuesta. Le costará a la farmacia estatal y a la privada. En el estado el subsidio sale de nuestros bolsillos y por eso la camisa de fuerza parece invisible, pero en el privado, es muy tangible. Es cierto que ninguna cadena privada podrá decir que el impacto es fuerte, no se trata de muchísimas unidades de medicamentos, pero es una malísima señal. ¿Avanzamos luego a pedir stocks de genéricos? ¿Piensa la ministra que además de generar más gastos puede también controlar los precios? ¿No se dio cuenta de que la mayor cantidad de medicamentos se dispensan desde el estado y que es su sistema de distribución y almacenamiento el que está en emergencia hace tiempo?

En segundo lugar, ¿por qué 30%? ¿Existe un estudio actualizado que muestre las tendencias o prevalencias demográficas de las enfermedades mentales a nivel nacional? ¿Hay estudios que muestren por lo tanto cuáles medicamentos se necesitan en cada región del país? Asumiendo que un sobre-stock es algo bueno, ¿qué ocurre si en Huancavelica el stock mínimo debería ser del 30% y en Amazonas del 10%? Además, ¿quién va a fiscalizar esto? ¿El MINSA? ¿El SIS? ¿SUSALUD que con las justas puede pagar su planilla?

En tercer lugar, hay una experiencia exitosa en EsSalud gracias a la cual, el stock de medicamentos, con tecnología y por aporte directo del sector privado, se maneja no con la tradicional provisión estática (just in case), sino con un monitoreo dinámico que permite un nivel de eficiencia y a la vez de abastecimiento idóneo (just in time). Bastaría replicarlo, empujar más alianzas público-privadas como ésta. Pero no hay voluntad; pensar, analizar, buscar evidencia y dialogar es mucho más difícil y riesgoso, promover la innovación y pensar en el paciente no está en los planes de este gobierno.

Dado el agotamiento que sufre Vizcarra en las encuestas y su inestabilidad en el debate político, había a mi entender dos posibilidades de acción por su parte: o dejar la confrontación y el cliché para dialogar con el empresariado y la academia a fin de realizar las reformas técnicas que tanto necesitamos, o, por el contrario, caer en la reforma ligera, poco cuidadosa, esa que propone ideales románticos y altruistas pero la mayoría de las veces es inaplicable o inútil.

Repito, la Ley de salud mental es un tremendo y positivo avance para el país, así como la ley de enfermedades raras y huérfanas, así como el Plan Esperanza, y así como la ley de redes integradas de atención primaria. Eso está muy bien. El punto está en la forma en que se quieren implementar, de espaldas a la realidad y a la evidencia técnica.

Seguramente los doctores de antaño pensaban que la camisa de fuerza era buena. Seguramente hoy nuestros burócratas siguen pensando que el control de stocks y de precios lo es. Pues no lo es, y así como en este tema, en muchos otros, nuestros políticos necesitan abrirse, escuchar, cambiar, y legislar pensando más en el paciente y en la innovación, que en sus temores y sus sesgos trasnochados.