¿Chapa tu canon?
No hay promesa más peligrosa que la que suena verosímil y adecuada. No hay plan más peligroso que aquel que suena demasiado perfecto. Ambos son una trampa mortal y generalmente esconden populismo o mesianismo.
La promesa de Salvador del Solar de presentar un proyecto de ley que determine que los recursos del canon y sobrecanon lleguen directamente a las comunidades de la zona de influencia de un proyecto minero o extractivo, merece algunas preguntas básicas, y luego algunas reflexiones al vuelo. Vamos con las preguntas:
1. Si ya los gobiernos regionales, provinciales y distritales tienen problemas para ejecutar estos recursos por no saber diseñar proyectos de inversión relevantes, y no contar con equipos técnicos adecuados, ¿imaginan darle tanto dinero directamente a las comunidades para que intenten lo que hasta ahora no se pudo? Llevamos ya varios años pensando que la descentralización de recursos funcionará y no pasa nada. Ahora la queremos radicalizar aún más sin sustento alguno de que funcionará.
2. Las comunidades cambian de autoridades cada dos años y a veces en menos tiempo, por peleas, riñas, o conflictos internos. No tienen personería jurídica determinada, no tienen una regulación estricta y sólida para asociarse, para rendir cuentas de sus actos jurídicos y económicos. Son prácticamente mini estados independientes con líderes coyunturales. Ahora, con esa notoria y conocida inestabilidad, ¿vamos a transferirle cantidades de dinero tan importantes?
3. Imaginemos que se usa mal el dinero, ¿Tendría el estado las agallas para hacer cumplir la ley? ¿Se aplicaría a comuneros y líderes sociales penas o sanciones tan rigurosas como las que se aplican a empresas del sector privado o funcionarios públicos? ¿De encontrarse fraudes, corrupción, coimas, se les metería en la cárcel? A ver. El estado se muere de miedo de aparecer en la zona. ¿Creen que la fiscalía va a actuar independientemente? Además, transferidos los recursos, hipotéticamente hablando, la Contraloría ya no tendría potestad para supervisar su uso. ¿Quién lo hará? ¿Quién tendría más poder que los mismos comuneros, que hoy han puesto de rodillas al país, para controlarlos sin que sean echados a patadas?
4. Evidentemente una ley de esta naturaleza tardaría mucho en aprobarse, con éste o con cualquier congreso. Y es que solo el riesgo de que muchas otras comunidades beneficiarias de algún proyecto extractivo en el país empiecen a generarse expectativas por el dinero que recibirían, y por ende presionen al estado a cumplir esta imprudente pero linda promesa, a través de bloqueos, paros o manifestaciones… Bueno… Mejor no seguimos, es altísimo. ¿Vale la pena poner en riesgo toda la inversión extractiva del país por una sola crisis mal manejada?
Ahora, pasemos a las reflexiones. La Asociación de Contribuyentes ya analizó cómo terminan usando las autoridades los recursos del canon y sobrecanon petrolero en dos regiones: Tumbes y Piura.
Este es un tipo de análisis que casi nunca se hace con tanto detalle y que sirve para mover el reflector hacia el lugar correcto. El resultado del análisis quizás no sea sorpresivo para quienes han trabajado en el estado o conocen su funcionamiento, pero no por ello deja de ser preocupante y muy relevante.
En Tumbes el 45% de los recursos recibidos por canon y sobrecanon no son usados a través de un proyecto de inversión. Se van a gastos de corte ordinario (veredas, parques, mantenimiento de obras, servicios de consultoría, compra de bienes, combustible, etc). En Piura, ocurre lo mismo con el 43% de esos mismos recursos.
Por otro lado, cuando se analizan los “proyectos de inversión” que se diseñan con recursos que provienen de la inversión petrolera, uno nota que prácticamente éstos son irrelevantes. En Piura, por ejemplo, solo 135 de 1559 proyectos de inversión en los últimos 3 años superan el millón de soles. En Tumbes solo 45 de 790 proyectos de inversión superaron la misma cantidad en el mismo lapso de tiempo.
En conclusión, creemos que se debe reformar la ley de canon y sobrecanon y su utilización, por supuesto. Pero sobretodo para que su uso sea todavía más limitado a proyectos de inversión productivos y relevantes. Las universidades deben rendir cuenta transparentemente de lo que les toca, dado que deberían invertir lo que reciben de esta partida directamente en investigación y desarrollo. El porcentaje de distribución del canon es algo que se podría reformar también. La Contraloría debe fiscalizar este proceso de inicio a fin (hoy no lo hace). Y finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas debe transferir estos fondos al inicio del año, rápido, no hacia el segundo semestre. Se necesita fortalecer equipos, autoridades y dar más poder al ciudadano para presentar iniciativas, todo esto puede sumar.
Hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que proponer, pero ninguna de ellas hasta donde puedo ver, incluye la promesa de Salvador del Solar. Creo que apuntó mal en esta ocasión. Que no se le haga costumbre.