En los últimos días se ha encendido el debate respecto de la ley que flexibiliza el régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (ver la ley). En concreto, la ley propone que, por un plazo de cinco años, los jóvenes que recién empiecen su vida laboral y que sean contratados bajo esta modalidad puedan estar sujetos a contratos de tiempo determinado, las empresas que los contraten gocen de mayores incentivos tributarios para su capacitación, y dispone además algunas reducciones en beneficios laborales como gratificaciones, vacaciones y CTS. Estas disposiciones han animado a varios ciudadanos y líderes de opinión a manifestarse abiertamente en contra de la ley por considerarla discriminadora y poco efectiva para promover la formalización y el acceso a empleo adecuado.
En primer lugar, es necesario poner el régimen laboral peruano en perspectiva. A pesar de que se escucha de distintas fuentes que el Perú de hoy mantiene un régimen laboral demasiado flexible como herencia de los años noventa, la verdad es distinta. A nivel agregado, según el Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 74 entre 144 países evaluados en cuanto a la flexibilidad de sus mercados; es decir, en la mitad inferior de la tabla.
Los aspectos más rígidos de la legislación peruana son los efectos de los impuestos sobre la productividad (puesto 104) y las prácticas de contratación y despido (puesto 130 –en el decil inferior del mundo–). De hecho, de todos los aspectos que traban el correcto funcionamiento del mercado laboral peruano, es probablemente la dificultad de contratar y despedir trabajadores libremente la que más daño hace. Así, precedentes nefastos del Tribunal Constitucional y de diversas sentencias judiciales favorables a la reposición en el puesto de trabajo explican parte de esta situación que limita tremendamente el dinamismo del mercado laboral.
En segundo lugar, es importante tener una idea clara de la situación actual de los jóvenes trabajadores. Según cifras de la ENAHO, hoy solo uno de cada diez jóvenes trabaja en el sector formal. El resto, la gran mayoría de menores de 25 años, trabaja en el sector informal sin acceso alguno a vacaciones, seguro de salud, ni condiciones mínimas de seguridad.
Además, el 11% de jóvenes que sí tiene acceso a trabajo formal es justamente el sector más educado y productivo del medio. ¿Es para ellos que se desea mantener los beneficios laborales a costa de las grandes mayorías menos educadas que deben conformarse con la informalidad? Resulta curioso que los sectores más progresistas critiquen una ley que beneficia a los que no tienen ningún derecho o beneficio laboral legal por mantener intactos los beneficios de los pocos afortunados que sí los tienen.
De hecho, el espíritu de la norma no es quitarle beneficios a aquellos que ya los tienen o a quienes los tendrían en el futuro. La baja oferta y alta demanda por personas calificadas, además de disposiciones bastante explícitas de la ley en cuestión, hacen muy difícil que exista un número grande de perjudicados hoy o a futuro. Con una correcta aplicación y seguimiento, el verdadero impacto de la ley debería ser no quitar sino expandir los beneficios proporcionando seguro de salud, 15 días de vacaciones, acceso a pensión, experiencia formal, capacitaciones, seguro de accidentes, y otras mejoras en las condiciones laborales de ese 90% de jóvenes que hoy trabaja a merced de la informalidad absoluta.
En tercer lugar, está demostrado estadísticamente que mayor flexibilidad en el mercado laboral aumenta el empleo adecuado de los grupos menos favorecidos –típicamente mujeres, jóvenes y personas con baja educación–. De acuerdo con una investigación de la OECD para el período 1982-2003, una reducción de dos desviaciones estándar del índice de rigidez laboral está asociada con un incremento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de empleo juvenil (ver gráfico). Resultados similares obtiene Horst Feldmann para 73 países desarrollados y en desarrollo evaluados entre el 2001 y el 2003.
En general, los trabajos académicos a nivel global suelen encontrar que, si bien el nivel de rigidez del mercado laboral tiene un impacto incierto sobre la población en general, mayor rigidez sí suele estar asociada con mayor desempleo entre los jóvenes. Cuando los sobrecostos laborales son altos y la rigidez significativa, son los jóvenes –dada su menor experiencia y productividad– los principales perjudicados.
Por supuesto, existen varios asuntos pendientes a tener en cuenta con respecto a la presente ley. Por un lado, así como en su momento lo fue la llamada Ley Mype, esta legislación especial y temporal distorsiona el mercado laboral al funcionar como una suerte de parche de las deficiencias del régimen general del trabajo. La reforma laboral debe ser integral y no crear regímenes adicionales que hacen el sistema más complejo al tiempo que dejan intacto el rígido régimen general.
Por otro lado, la eliminación de la CTS y de las gratificaciones no tendrá un impacto económico significativo (los empleadores toman en cuenta el salario anualizado al momento de contratar), pero sí ha generado mucho ruido político que puede impedir que se aprueben otros aspectos más positivos de la ley. Más allá de las posibles interacciones perjudiciales con el sueldo mínimo, pensamos que el costo político de estas eliminaciones es superior a las ganancias económicas.
Finalmente, si bien la flexibilización del mercado laboral para jóvenes es positiva, no se debe perder de vista que lo único que puede asegurar una mejora sostenida en los niveles de calidad de vida y la superación de la pobreza es el incremento de la productividad y competitividad. El incentivo tributario para invertir en capacitaciones es un paso en el camino correcto, pero falta muchísimo más –desde mejoras en la calidad de la educación escolar y superior hasta la reducción de la burocracia que retrasa las inversiones–.
Por el momento, el gobierno ha hecho parte de su tarea y ha demostrado que aún le queda espacio para emprender reformas necesarias de mediano plazo. Queda como responsabilidad de los medios y de la ciudadanía informarse adecuadamente para no intentar echar por tierra una norma pensada en otorgarle la oportunidad de un trabajo adecuado a aquellos que más lo necesitan.