Cuando callan los aplausos
El último paquete del Ministerio de Economía (MEF), aún en debate en el Congreso, contiene varias medidas interesantes de reactivación económica de corto plazo a través de menores impuestos, mayor gasto e inversión pública, además de algunas reformas estructurales cuyo impacto se sentirá en su mayor parte en el mediano plazo. Destacan la audaz restructuración de la tasa de impuestos efectiva (entre dividendos e impuesto a la renta) que enfrentan las empresas; la mayor progresividad del impuesto a la renta de cuarta y quinta –que favorece a los que menos tienen–; y el esfuerzo por aumentar el gasto en mantenimiento e inversión de obras públicas. En el IPE estimamos que estas iniciativas, aunadas a una mayor confianza del empresariado, podrían incrementar hasta en un punto porcentual el crecimiento del producto durante el 2015.
Si bien saludamos estas medidas y apoyamos la correcta orientación del esfuerzo del MEF por devolver la economía a un rumbo de crecimiento sostenido, existen algunos asuntos de gran importancia que, o bien hacen falta corregir, o bien se han quedado aún en el tintero del ministerio. En primer lugar, llama la atención el tímido esfuerzo desde el Ejecutivo para emprender una reforma laboral a todas luces necesaria. La disminución del porcentaje de trabajadores requeridos para ejecutar un cese por motivos económicos desde 10% hasta 5%, así como la implementación de un sistema de silencio administrativo positivo certificado, son medidas positivas pero insuficientes. Cuando ocho de cada diez peruanos mantienen un empleo informal –sin acceso a seguro de salud, vacaciones, CTS, ni condiciones mínimas de seguridad–, las reformas en este campo tienen que ser más audaces y orientadas a mejorar la competitividad del mercado laboral en el mediano plazo.
En el caso peruano, las prácticas de despido –gracias a precedentes nefastos del Tribunal Constitucional y de diversas sentencias judiciales– conforman una de las mayores trabas a la formalización laboral. En este sentido, el ranking Foro Económico Mundial coloca al Perú en el puesto 133 entre las 144 economías evaluadas en cuanto a facilidad para contratar y despedir trabajadores; es decir, en el decil inferior del mundo. Para tener un impacto significativo sobre la economía y la formalización, el MEF debería considerar extender algunos de los avances que ya propuso el proyecto de ley presentado para promover la formalización entre los jóvenes de 18-24 al régimen general del trabajo.
En segundo lugar, preocupan algunas de las medidas tributarias incluidas en el último paquete. En particular, la norma que grava de manera anticipada la transferencia de dividendos entre personas jurídicas con la finalidad de evitar elusión entre empresas vinculadas puede tener un fuerte impacto negativo sobre la inversión y reinversión de los emprendedores. Al gravar anticipadamente los dividendos, se limita la inversión en los negocios que pueden resultar más rentables y, finalmente, se desincentiva la diversificación productiva. Los empresarios reciben recursos de sus subsidiarias principalmente para invertir en diversos emprendimientos, situación que esta norma limita. La visión de que las estructuras de negocio que incluyen empresas subsidiarias tienen el fin de eludir impuestos corresponde a un pensamiento que antepone la desconfianza del sector público en el sector privado y la necesidad de recaudación sobre criterios elementales de eficiencia y fortalecimiento patrimonial.
Esta disposición resta competitividad no sólo a los consorcios responsables de la construcción de importantes obras como carreteras y aeropuertos, sino también a miles de pequeños y medianos emprendedores que necesitan diversificar sus emprendimientos para minimizar el riesgo y maximizar su rentabilidad y sostenibilidad. Si al gobierno le preocupa enfrentar el problema –real– de la elusión, existen muchos otros caminos menos perniciosos para lograrlo. En un contexto de desaceleración económica, este cambio en el esquema de dividendos crea una nueva imposición tributaria que transmite un mensaje de inestabilidad económica opuesto al que el propio gobierno quiere promover.
En tercer lugar, el Ejecutivo aún debe hacer mayores esfuerzos para destrabar los grandes proyectos de inversión en infraestructura, minería y energía, además de reducir la carga burocrática que deben enfrentar diariamente los ciudadanos y empresarios. La multiplicidad de organismos e instituciones que intervienen en el otorgamiento de diversas licencias y permisos aún retrasa y desincentiva la ejecución de proyectos claves. Adicionalmente, la amplia discrecionalidad de la que hoy gozan los gobiernos sub-nacionales para aprobar ciertos procedimientos se ha convertido en muchos casos en una traba al desarrollo más que en un legítimo ejercicio del autogobierno.
Finalmente, es justo reconocer que el impacto efectivo de las medidas propuestas por el MEF dependerá en buena cuenta de la voluntad política y cooperación técnica que logre obtener en el Congreso, en organismos públicos, en los gobiernos sub-nacionales, y en los demás ministerios. Las fallas u omisiones de los paquetes –entonces– deberían ser enfrentadas como parte de un esfuerzo conjunto del sector público por reactivar los motores económicos y devolver la confianza en el país. Pasados los merecidos aplausos, llega la hora de la crítica constructiva de lo que se puede hacer diferente y mejor.