Evitemos un precedente peligroso
En las últimas semanas se ha debatido en los medios y en el Congreso el tema del impuesto selectivo al consumo (ISC) de la cerveza. La discusión, como se esperaría de un tema que involucra a grandes empresas, millones de consumidores y mucho dinero, ha sido aparentemente compleja y apasionada. Se han usado muchos argumentos “técnicos” y también una fuerte carga emocional orientada a persuadir al público y a los tomadores de decisiones de la necesidad de cambiar el actual impuesto.
Sin embargo, la realidad es muy sencilla. Para determinar qué tipo de impuesto es mejor, lo realmente importante es definir claramente cuál es el objetivo del impuesto. En el caso del impuesto selectivo a la cerveza, la motivación y el objetivo son absolutamente claros. El consumo de alcohol causa perjuicios sociales que en términos técnicos se llaman externalidades negativas. Estos perjuicios (costos) son directamente proporcionales a la cantidad de alcohol consumida. La prescripción económica para enfrentar este problema es absolutamente clara: poner un impuesto proporcional al daño causado con el objetivo doble de desincentivar la actividad indeseable y generar los recursos para enfrentar los costos sociales que ocasiona. En tal sentido, no hay duda que el impuesto apropiado es un impuesto fijado en términos del contenido alcohólico de las bebidas. En otras palabras, se debe gravar la cantidad de alcohol y no el valor del alcohol.Esto es lo que hace el impuesto actual.Caso semejante debiera ser el impuesto selectivo a los combustibles que debería ser fijado en función al grado de contaminación de los mismos y no de su valor.
No hay duda de que este tipo de impuesto puede afectar la forma en que compiten las empresas cerveceras y puede resultar más favorable para cierto tipo de estrategias competitivas. Esto puede llevar a que las empresas que siguen estas estrategias pueden verse favorecidas. Pero esto no es un argumento para cambiar el impuesto. En el caso del ISC a los combustibles debe gravarse en función a su nivel de contaminación,también afectaría la competitividad relativa de los vendedores de los diferentes combustibles, pero esto no sería motivo para cambiar la naturaleza del impuesto.
No hay ningún mandato legal, ni un argumento económico válido, para que la legislación busque reducir las ventajas competitivas de ciertas estrategias de mercado –siempre y cuando dichas estrategias no sean ilegales. Tampoco hay un mandato para que quienes compiten con el actor más grande del mercado tengan facilidades para hacerlo, por más emocionalmente atractiva que resulte la idea. Y no hay un mandato para que las empresas con más capital nacional sean favorecidas en relación con las que tienen más capital extranjero (es más, la Constitución lo prohíbe) por más que la idea apele al nacionalismo.
La función del Congreso y del MEF no es dar normas que hagan que algún competidor tenga facilidades para competir. Lo que nuestra legislación manda es que se debe asegurar que no existan prácticas anticompetitivas, especialmente de parte del productor dominante. La discusión respecto al ISC de la cerveza no incluye el tema de prácticas anticompetitivas. La discusión se basa en el argumento de que si se grava la cantidad de alcohol y no su valor entonces las bebidas alcohólicas más caras pagarán proporcionalmente menos impuesto que las más baratas. ¿Y que? A diferencia del IGV, que sí busca gravar el valor de los bienes y servicios, el ISC tiene otro objetivo, muy claro, que es el que se atiende con el actual impuesto (incluso se podría perfeccionar en este sentido). Si es una ventaja vender productos caros, nada impide que los competidores suban sus precios para igualar las condiciones. Los consumidores decidirán qué producto prefieren y el mercado determinará quien gana.
El que exista un productor dominante no es algo malo (más bien es un mérito) mientras que dicha posición no la obtenga con prácticas anticompetitivas. Que enormes conglomerados internacionales, incluyendo el más grande grupo cervecero del mundo, arguyan que necesitan ayuda del Estado peruano para competir con quien es dominante en nuestro relativamente pequeño mercado sería risible si no fuera por el peligroso precedente que puede sentar.