Falta la reforma de la seguridad ciudadana
Por Víctor Fuentes. El notable progreso económico que hemos logrado en los últimos diez años no ha sido acompañado por logros comparables en la seguridad ciudadana. Los delitos registrados han aumentado a un ritmo anual de 5.3% entre los años 2004 y 2012. Esta tendencia es sumamente preocupante y explica por qué las encuestas de percepción señalan que la sensación de inseguridad alcanza al 87% de peruanos (ver).
Los problemas de seguridad ciudadana son comunes en muchos países de América Latina. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó el Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad ciudadana con rostro humano”. Dicho documento permite entender las razones por las que el crecimiento económico y la reducción importante del desempleo, la pobreza y la desigualdad han venido con frecuencia asociados a un preocupante incremento de los delitos. Según el PNUD, esto se debe, principalmente, a cuatro factores: (1) si bien el crecimiento económico ha contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad, la persistencia de éstas ha contribuido a la generación de entornos de vulnerabilidad en los que una porción de los individuos optan por la vía delictiva como una forma de vida; (2) cambios en la estructura familiar sesgados hacia el incremento de familias monoparentales, alta deserción escolar y crecimiento urbano acelerado; (3) los “facilitadores” del delito, como el abuso de drogas y alcohol y la relativa sencillez en la obtención armas; y (4) la falta de capacidad del Estado (policías, jueces, ministerio público y cárceles) para hacer frente a la inseguridad.
La seguridad ciudadana es (y debe ser tratada como) un bien público y, por lo tanto, es labor del Estado lograr una correcta provisión de la misma. Sin embargo, como indica el PNUD, esta labor del Estado ha sido en general muy deficiente. La seguridad ciudadana, además, debe entenderse como un problema multisectorial que requiere de un conjunto de políticas que incluyan principalmente medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente y voluntad política amplia y sostenida.
La deficiente seguridad ciudadana representa un costo importante para las empresas y los hogares peruanos. A los costos directos de los delitos, como el valor de los bienes robados o dañados, las vidas violentadas o asesinadas y los cambios en las conductas comunes por efecto de la violencia se le deben sumar tanto los costos de intentar prevenir los delitos como los que resultan de hacerlo mal. Como ejemplo, para el año 2013 sólo el 46% del total de los presos carcelarios del Perú se encuentran condenados; es decir, la ineficiencia del poder judicial le cuesta la libertad a cerca de 36,670 personas de las que se desconoce su culpabilidad. En suma, la inseguridad ciudadana representa un alto costo para el país.
Aunque aún no existe un cálculo para el Perú, las estimaciones que existen para los países de la región dan cuenta de un mínimo de 2.5% del PBI en Costa Rica y 10.5% del PBI en Honduras para el año 2010 (ver gráfico 1). Si nos basamos en estos estimados y considerando los índices de criminalidad relativos, la cifra para el Perú representa un costo enorme de varios puntos del PBI al año.
Para empezar a enfrentar el reto que representa la inseguridad ciudadana se debe comenzar por conocer cualitativa y cuantitativamente al “monstruo”. En ese sentido, se requieren estudios exhaustivos que aborden dicho tema a profundidad y permitan priorizar los problemas y las políticas orientadas a resolverlos.
No tomar consciencia de la envergadura del problema que significa la inseguridad ciudadana podría representar un costo mucho mayor en el futuro. Según el especialista Rafael Fernández, coordinador general del informe del PNUD, en el año 2006 en México no se concebía la idea de que ese país pudiera tener los niveles de violencia que en ese entonces ya presentaba Colombia. El deterioro de la seguridad en México ha llevado a que 9 de las 50 ciudades más peligrosas del 2013 sean mexicanas. El crecimiento de los delitos en los últimos 5 años (ver gráfico 2) refuerza la noción de que si no se adoptan las medidas adecuadas la situación de inseguridad en el Perú podría acabar siendo semejante a la colombiana o la mexicana.
