Ahora a asegurar que lo valgan
A pesar de que todos los análisis del sector público peruano concuerdan que un aumento de las remuneraciones de los funcionarios claves es necesario para atraer al personal altamente calificado que se necesita para mejorar el pobre funcionamiento del aparato estatal, las críticas a dicha medida por parte del gobierno no se han hecho esperar. Congresistas que se aumentaron el sueldo a sí mismos y que ganan mucho más de lo que ganaban los Ministros se rasgan las vestiduras. Hay quienes declaran que la medida es buena y necesaria pero “no es oportuna” (como si alguna vez lo fuera a ser).
Un elevado incremento en el sueldo de altos funcionarios nunca va a ser popular; menos aún si estos sueldos de 10,000 a 30,000 soles se comparan con un ingreso por trabajo que para los peruanos es en promedio de 1,140 soles (INEI, 2012). Por eso, es necesario ahondar en el tema y explicar por qué una medida tan impopular es conveniente para que el país continúe su senda de progreso y para que se beneficien los más pobres.
El Decreto Supremo 023-2014-EF, que eleva las remuneraciones de los funcionarios públicos que ocupen cargos de confianza, lleva estas remuneraciones a un nivel inferior al que existía en el 2006 cuando, a inicios del segundo gobierno de Alan García, se tomó la demagógica y muy dañina decisión de rebajar drásticamente los sueldos de los altos funcionarios públicos (ver gráfico). Esta fue quizás la medida que más daño ha causado al manejo del aparato estatal en los últimos diez años, afectando el nivel de vida de la población y de los más necesitados en particular. ¿Por qué? Porque desincentiva que profesionales calificados ocupen cargos que resultan muy importantes para el buen funcionamiento del Estado.
Nadie parece recordar que dos años después de aprobar la demagógica reducción de sueldos de altos funcionarios, el gobierno aprista se dio cuenta de su error y aprobó el Decreto de Urgencia 001-2009 aumentando sustancialmente los sueldos de los Ministros de Estado. Dicho decreto afirmaba que el aumento de sueldos “reviste interés nacional en tanto se requiere contar con funcionarios de la más alta calificación”. Sin embargo, bastaron algunas tibias protestas para que sólo cuatro días después el gobierno aprista diera marcha atrás y derogara el aumento para no perder popularidad (ver Decreto de Urgencia 002-2009).
Los profesionales de la talla que se busca para tomar decisiones que afectan a enormes presupuestos y a millones de ciudadanos obtienen remuneraciones elevadas en el sector privado. Según la prensa (ver), los gerentes generales de empresas privadas peruanas ganan en promedio 50,000 soles. Para atraer personal calificado a la carrera pública, hay que ofrecer sueldos competitivos. Este es un aspecto central de la Ley de Servicio Civil.
El impacto que el aumento aprobado tendrá sobre el presupuesto público es muy pequeño (0.02%), dado el número reducido de funcionarios afectados, mientras que su efecto sobre la eficiencia del sector público debe ser muy significativo. Nótese que, si bien la atención de la prensa se ha centrado en la compensación que la norma fija para los Ministros, es aún más importante que la fija también para los viceministros, secretarios generales, gerentes generales de gobiernos regionales, gerentes municipales, presidentes y miembros de órganos colegiados, y otros funcionarios públicos, para los cuales es muy importante generar una verdadera carrera pública, en lugar de un voluntariado temporal hasta volver al sector privado.
Quienes reclaman que los altos funcionarios pueden no cumplir los requisitos que justifiquen una remuneración elevada equivocan el orden lógico de su crítica. Primero se debe asegurar que se pueda pagar lo necesario para atraer a los mejores profesionales y luego se debe asegurar que efectivamente esto se haga. Pagar poco porque puede que no sean buenos es una receta para el desastre.
Consideramos que se debe felicitar al gobierno por tener el coraje y la decisión política de aprobar una medida que es impopular pero que resulta muy valiosa para el Perú. Ahora a todos los peruanos nos toca asegurar que las mejores remuneraciones efectivamente sean usadas para atraer mejores profesionales al sector público.