Reformar y refinar

Por Pablo Secada. La Presidencia del Consejo de Ministros envió
recientemente al Congreso el Proyecto
de Ley 3062/2013-PE Ley que declara de
necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la
Modernización de la Refinería de Talara, para asegurar la preservación de la
Calidad del Aire y la Salud Pública y adopta medidas para fortalecer el
Gobierno Corporativo de Petróleos del PERÚ – PETROPERÚ S.A., siguiendo
la extendida práctica de utilizar poéticos nombres para vender leyes que en
realidad reflejan limitaciones, producto de lo que es políticamente factible en
el Perú. Petroperú consigue la luz verde, es decir, la garantía soberana para
limpiar de azufre los combustibles que refina en Talara y para ampliar la
refinería. Otros sectores del Ejecutivo consiguen limitar la posibilidad de que
Petroperú expanda sus actividades a otros rubros y que se venda el 49% de sus
acciones como parte de su reforma de gobierno corporativo.

Lo que más le conviene a la sociedad es que finalmente se limpie de
azufre los combustibles utilizando nuevas tecnologías de refinación. Petroperú
lo hará en Talara. Entendemos que Repsol también lo hará en La Pampilla. Lo que
los economistas denominamos la “externalidad”, o el costo asociado al severo
daño a nuestros pulmones y nuestra salud del combustible con azufre será
eliminado (ver
mapa de Niveles de azufre en el diesel), y el costo asumido por los
productores en su estructura de costo y por los consumidores en los mayores
precios que pagaremos por mucho mejores productos.

Como muestra de la confusión respecto del papel del Estado en la
economía, en general, así como la industria de hidrocarburos, en particular,
les resumimos la justificación de ambas operaciones. La tasa interna de retorno
de la inversión en desulfurización, una medida de la rentabilidad de la misma
desde el punto de vista privado, es negativa. La tasa interna de retorno de la
desulfurización y la ampliación de Talara se vuelve positiva, por lo cual la
operación conjunta se justifica. No se menciona, sin embargo, que la misma
Técnica Reunida sugirió hacer la ampliación en Bayóvar. Petroperú tomó una decisión política, en realidad, que justifica como
si fuera una empresa privada. No lo es. La desulfurización se justifica
plenamente desde el punto de vista social.

Que la haga el Estado y que amplíe la refinería, no necesariamente.
Petroperú muestra todas las denominadas fallas de Estado que identifica la
teoría económica y que resultan en límites a la intervención pública: es una institución precaria, que se guía
por incentivos políticos como también lo recuerda la decisión de dónde hacer la
ampliación de la refinería, no es autónoma del poder político, no rinde
cuentas, no se gestiona por resultados y sus funcionarios no siguen una carrera
de servicio civil. Un funcionario de una empresa global líder en el mercado
de commodities que vino a explorar negocios con Petroperú remarcó que es una
empresa atrapada en los 70′s, de la época de las cavernas.

Listar
el 49% de las acciones de la empresa es un recordatorio de lo limitado del
diseño de la política pública; no es una bala de plata ni asegura el buen
gobierno corporativo. Petroperú no está lista para el mismo ni lo estará en el
futuro cercano. Analistas globales de petróleo y gas o administradores de
fondos de inversión emergentes o especializados no tardarían mucho en probar
que el emperador no viste ropas en realidad si la empresa no se transforma, lo
cual no será fácil. El reto es grande
pero las autoridades deben tomar la reforma de gobierno corporativo y la
reforma de Petroperú en serio, y no contentarse con aprobar una ley formalista.
Si no hay decisión política para cambiar el rumbo de Petroperú, todos los
candados impuestos para asegurar su manejo responsable volverán a ser abiertos
tras algunas batallas políticas.