Una raya más al tigre azucarado

Por Pablo Secada. El proyecto de “Ley
que Viabiliza la Transferencia de los Establecimientos de Salud de las Empresas
Agrarias Azucareras hacia ESSALUD”, más conocida como la “Ley Oviedo II”,
es una raya más al tigre. Ya la primera “Ley Oviedo” había otorgado singulares
beneficios a los dueños de algunas empresas agrarias azucareras al permitirles,
en la práctica, no pagar sus deudas y seguir controlando sus empresas morosas. El
Congreso extendió estos beneficios (Ley 29299)
en más de una oportunidad (ver
IPE Opinión) y existe el riesgo de que, con el nuevo proyecto de ley, se
vuelva a aprobar legislación hecha a la medida de estos afortunados
beneficiarios (ver).

El nuevo proyecto de Ley Oviedo busca que ESSALUD asuma “la
administración y el financiamiento de los establecimientos de salud
pertenecientes a las empresas agrarias azucareras acogidas [...] al Decreto
Legislativo 802 [la Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas
Agrarias Azucareras] a solicitud de éstas”. En su segundo y tercer artículo
propone fórmulas para la transferencia de inmuebles y la transferencia de
personal. El cuarto “autoriza al Ministro de Economía y Finanzas [a] emitir el
decreto supremo por el cual se ampliará el presupuesto aprobado para ESSALUD”. Esto, último, como se sabe, es ilegal: el
Congreso no tiene iniciativa de gasto. La lisura de quienes promueven esta ley es
tal que ni siquiera pagan abogados que les preparen un proyecto de ley decente.

La prensa cita a un congresista y a un líder sindical que explican que
esta ley tiene nombre propio, lo cual también es ilegal. La azucarera Tumán es
la única que tiene un hospital. Según
entendemos, el objetivo de la ley es pasarle a ESSALUD los gastos y las
obligaciones asociados al hospital, aliviando así las deudas y gastos del Grupo
Oviedo. El grupo tiene como opción vender el hospital o contratar a un
operador privado de centros de salud para que lo maneje, pero aparentemente
prefieren operar de otra manera más ventajosa: obtener prebendas del Estado mediante legislación a la medida aprobada
por el Congreso. La experiencia les indica que es un buen camino.

La historia de Tumán y Pomalca, manejadas por el Grupo Oviedo, y
Pucalá, manejada por el Grupo Huancaruna, aunque hay en marcha un proceso que
podría cambiar tal situación, es parecida. Obtuvieron la administración
judicial de algunas de las mejores tierras azucareras del mundo. La Ley Oviedo I extendió con nombre propio
la “protección a los patrimonios de las empresas”, un eufemismo que les
permitió no pagar a los ex trabajadores, a la SUNAT, a la ONP, a ESSALUD, a
alcaldías provinciales y distritales, a proveedores y otros, y seguir manejando
las azucareras. Las empresas languidecen por la mala administración
mientras que, según indican conocedores del mercado, venden su azúcar a bajo
precio a empresas comercializadoras que son controladas por el mismo grupo lo
cual genera utilidades usando precios de transferencia que la SUNAT, que es liderada
por una especialista en la materia, debiera cuestionar.

Es evidente que la influencia
de este grupo en el Congreso es considerable y sostenida en el tiempo, así
cambien los gobiernos. Esto se da porque el mercantilismo no tiene signo
político. También logran el apoyo de
periodistas con generosas prácticas como llevar editores de política de viaje a
ver al equipo de fútbol que compraron. El gobierno anterior no quiso quitarles
la administración judicial, concursar las acreencias y atraer la inversión de
operadores de primera línea. En esto tampoco cooperaron los congresistas del ex
Partido Nacionalista. El proponente del proyecto de ley que comentamos es de
Gana Perú.

El
Congreso y los partidos políticos no han tomado en serio la reestructuración de
las azucareras. Esperar que los
congresistas y las autoridades competentes se opongan a la Ley Oviedo II y
propongan hacer investigaciones en el Congreso puede parecer una broma de mal
gusto, pero la esperanza es lo último que se pierde.