Acá nones

Por Pablo Secada. Desde
hace años el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) evalúa cambios a la
inequitativa distribución de recursos que suponen el canon minero, petrolero y
gasífero. La asignación de los recursos públicos debe ser guiada por los
principios de equidad y de apoyo a los menos afortunados. La comparación de la
distribución del canon por persona con medidas de pobreza o de necesidades
básicas insatisfechas (agua o desagüe, por ejemplo) dejan en claro la poca
relación entre uno y otro (ver gráficos 1 ,2 y 3).

Con frecuencia el canon acrecienta la desigualdad
existente, a veces de manera escandalosa. El MEF intenta compensar esta
disparidad asignando otros recursos del presupuesto y usando instrumentos como
el Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Sin embargo, el nivel que el canon
ha alcanzado en algunas regiones y distritos debido a la escala de los grandes
proyectos mineros o de hidrocarburos -especialmente con el aumento del precio
de los minerales y el petróleo- hace imposible que el MEF compense las
tremendas desigualdades generadas. Por estos motivos, la asignación del presupuesto público de inversión es dispar, lo cual
limita la posibilidad de que se utilice para igualar oportunidades y es injusto
para los muchos peruanos que no se benefician equitativamente de los recursos
que son patrimonio de todos los peruanos.

La idea del canon, que fue apoyada por algunos
empresarios mineros, era que con él las comunidades cercanas a los proyectos
mineros tendrían un beneficio tangible y sustancial de la actividad minera, lo
cual ayudaría a reducir los conflictos. El
error fue que, como hemos comprobado, el asegurar un presupuesto importante a
ciertas autoridades locales ni asegura el bienestar de la población ni es
necesariamente asociado a la actividad que lo genera. Los pobladores no
buscan presupuestos de inversión en cuentas especiales a nombre de las
autoridades, sino bienestar. La infraestructura básica, social o productiva es
un medio para tal fin. Pero los proyectos mal diseñados y mal ejecutados, así
como los que nunca se ejecutan, con frecuencia empeoran el problema político y
la falta de confianza en el Estado. Y esto, sin considerar las agendas
politiqueras o el uso ilegal de los recursos públicos.

En
un contexto de precariedad institucional, clientelismo político, búsqueda de
rentas y ausencia de rendición de cuentas, la distribución de  los recursos mediante el canon no
necesariamente contribuye al desarrollo. La ineficacia del canon
ha llevado a que los proyectos mineros y petroleros tengan que obtener la
licencia social de las comunidades ofreciendo obras y presupuesto sin que se
considere la contribución del canon. Pero, por supuesto, esto sólo ocurre para
la minería formal y no para la minería informal que ni contribuye al fisco ni
cumple normas ambientales ni laborales ni contribuye con obras para la
comunidad.

Los recursos del canon tienden a ser invertidos de
manera aún más ineficiente que la inversión pública en general porque son, por
ley, de las entidades subnacionales y las universidades públicas de la zona de
influencia del canon. Estas instituciones carecen aún de las capacidades e
incentivos para invertir bien sus recursos. Pero no es privilegio de los gobiernos
subnacionales invertir mal. La ausencia
de planes, la fragmentación de la inversión pública, lo poco y mal que se
trabaja generalmente con el sector privado, lo poco que se mantiene (con
frecuencia para volver a construir licitando y mordiendo), entre otros
factores, son males endémicos del sector público. La discusión del canon
debería servir para avanzar en solucionarlos.

Insistimos en que parte importante de los ingresos
fiscales provenientes de recursos no renovables o temporales deberían alimentar
un Fondo Soberano de Riqueza que financie mejor y más sostenidamente la
infraestructura básica necesaria. Contribuiría a hacer más sostenible la renta minera.
Pero también se requieren reformas en las políticas de inversión, el servicio
civil y la descentralización, las cuales deberían ser parte de la
transformación hacia instituciones políticas más inclusivas.