Para evitar costosos agujeros fiscales

El Congreso aprobó recientemente la llamada “Ley de Fortalecimiento
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, una importante mejora del
régimen fiscal del Perú. La ley no ha recibido mucha atención de los medios pero
en este comentario discutiremos algunos de sus aspectos principales.

Una “regla fiscal” -como
se le llama a este tipo de medidas que en realidad se componen de varias reglas-
busca asegurar la sostenibilidad de las
cuentas fiscales y una política fiscal ordenada, y orientada a contribuir a la
estabilidad económica. En el Perú se intentó por primera vez establecer un
conjunto de reglas fiscales hacia 1994 en un esfuerzo liderado por el
reconocido economista y experto en materias fiscales José Valderrama. Sin
embargo, la medida no fue promulgada y ello contribuyó a hacer más profundo el
ciclo económico de 1997-1998. La norma fue finalmente promulgada en 1999, en
medio de una grave crisis macroeconómica derivada de la sucedida en Asia, del
fenómeno El Niño y de la crisis de la deuda rusa.

Esta
primera “regla fiscal” contribuyó a mejorar la política fiscal en los años
posteriores, pese a que entre el año 2000 y el 2012 se aprobaron veinte
modificaciones y suspensiones temporales en las reglas que se aplicaban tanto al
gasto como al déficit fiscal. Si bien
siempre es posible perfeccionar una norma, la cantidad y frecuencia de las
modificaciones atentó contra el principio de estabilidad y predictibilidad que motiva
la regla.

La nueva norma pretende hacer menos
probables estos cambios recurrentes incorporando un régimen más apropiado para
un país que no vive la misma realidad fiscal ni macroeconómica de hace veinte
años. El Foro Económico Mundial rankea el entorno
macroeconómico de Perú en el puesto 20 de 148 economías mundiales, es decir en
el quinto superior del mundo y acercándonos al decil superior. Hace sólo nueve
años, el puesto del Perú era 68 de 103 países, es decir, en el tercio inferior
del mundo (ver
gráfico 1). La nueva “regla fiscal” reforzará la estabilidad macroeconómica
que ya es la principal ventaja competitiva de nuestro país.

Son tres los principales cambios de
la norma. Primero, se formaliza el que las cuentas fiscales se calculen de
manera “estructural” (ver
IPEOpinión al respecto). Esto, que el MEF y el BCR vienen aplicando en la
práctica hace algunos años (ver
gráfico 2), quiere decir que se deben considerar los ingresos fiscales
sostenibles (y no ingresos que sean sólo temporales) para calcular las cuentas
fiscales a las que se aplica la norma.

Segundo,
la aplicación de las nuevas reglas
fiscales no se centra en periodos anuales sino en varios años, lo cual es
consistente con su objetivo de mediano plazo y con la mayor solidez fiscal
actual. En la actualidad, sólo un persistente desequilibrio fiscal puede
dañar la estabilidad económica y el crecimiento, y eso es lo que hay que
evitar. La norma da mayor flexibilidad en el corto plazo pero cuida que no se
viole de manera sistemática el equilibrio fiscal. Si bien la discrecionalidad
aumenta siempre los riesgos de incumplimiento, ya nos hemos ganado el derecho
de empezar a ponernos los pantalones largos.

Tercero,
las nuevas reglas propuestas son más
simples pero, en nuestra opinión, igual
de efectivas, sobre en todo en lo que respecta al control del equilibrio fiscal
de los gobiernos regionales y municipales. Las reglas limitan tanto el
incremento del gasto como el monto total de deuda permitida, en función a los
ingresos fiscales.

Ninguna ley puede evitar
que un Congreso apruebe excesos fiscales. La idea es establecer principios de
prudencia fiscal que no deben ser sistemáticamente violados. Si son violados, la
ley también establece principios de transparencia que harán visible la
violación y que alertarán a los ciudadanos y al mercado del riesgo que se está
corriendo. Los políticos entonces tendrán que enfrentar la reacción de éstos o
atenerse a las consecuencias. Al final, como siempre, la efectividad del
control dependerá del electorado.