Postergaciones, incertidumbre y desconfianza

Por Miguel Palomino. Hoy el Congreso decidirá
si se posterga por un año la afiliación obligatoria de los trabajadores
independientes a un sistema de pensiones. Damos por descontado que lo hará, ya
que hay una mayoría amplia a favor de esta medida populista, incluyendo al partido
del gobierno que fue el que a fines del año pasado propuso e impuso la
afiliación obligatoria que entró en vigencia hace poco más de un mes.  Hay versiones distintas respecto a qué o
quién hizo cambiar de opinión al Presidente respecto a la deseabilidad de la
afiliación obligatoria de los trabajadores independientes pero, cualquiera que
sea la explicación, preocupa este retroceso en lo que es sin duda el mayor
logro de la reciente reforma del sistema de pensiones.

Como hemos argüido
antes, (Ver artículo) la postergación de la afiliación es negativa por
tres motivos. Porque es correcto y justo
que se trate igual a los trabajadores dependientes e independientes. Porque se disminuye la informalidad y se
logra mejorar la baja cobertura del sistema pensiones, la cual todos los
estudios señalan como la principal debilidad del mismo (Ver gráfico).

Finalmente, porque es un pésimo precedente que se
altere una norma importante después de que haya entrado en vigencia y sin otro
motivo que un cambio de opinión que no se sustenta en ningún hecho o
información que no existiera antes de su aprobación.

Nadie parece haber
tomado en cuenta que la afiliación obligatoria de los trabajadores
independientes fue un factor importante en las comisiones propuestas por las
AFPs que participaron en la subasta que estableció la misma ley de reforma del
sistema de pensiones. Las condiciones de dicha subasta incluían que la AFP que
propusiera la menor comisión afiliaría a todos los trabajadores, dependientes e
independientes, que se afiliaran al sistema privado de pensiones por un periodo
de dos años. Es cuestionable, y le quita
credibilidad al gobierno y al regulador, que al inversionista ganador le
alteren las condiciones luego de ser adjudicada la subasta.

También es un problema
serio  –y los medios han cubierto propuestas absurdas al
respecto– cómo se manejarán los aportes ya realizados por los
afiliados independientes desde que la ley entro en vigencia a principios del
mes pasado. Plantear la devolución de los fondos ignora tanto los altos costos
de hacerlo –y quién los pagaría– como la
forma en que se fijaría el monto a devolver, ya que los aportes fueron
invertidos en los fondos de pensiones correspondientes. ¿Si se hubieran
realizado pérdidas en el primer mes de aporte se plantearía tan alegremente que
se devuelva “lo aportado”? Si así fuera, se estaría obligando a que los
independientes que se retiren del sistema sean subsidiados por los demás
afiliados.

Si la postergación de la
afiliación obligatoria ya es muy mala, preocupa
aún más que este pueda ser el punto de partida para un retroceso aún mayor en
la reforma del sistema de pensiones. 
Por imperfectas que sean, las reformas que han aprobado este gobierno y
este Congreso son el mayor logro de los mismos. Como siempre sucede, la reforma
del sistema de pensiones pudo ser mejor (Ver artículo), pero fue un importante
paso hacia adelante. Usar su imperfección como excusa para retroceder en los
elementos centrales y necesarios de la misma sería una pésima señal, no sólo en
términos generales por los motivos arriba señalados sino específicamente por lo
que revela respecto a la voluntad de reforma del actual gobierno. Dar marcha
atrás sin una justificación razonable –¿acaso la “falta de divulgación
adecuada” es algo que recién sale a la luz?– es justamente el tipo de mensaje que causa
incertidumbre y por ende desconfianza. Esa desconfianza que el Presidente dice
que los inversionistas no deberían de tener porque “existen reglas claras”. No
les demos motivos.