No hidrocarburamos

Por Pablo Secada. La prensa publicó declaraciones de dos funcionarios
aprovechando un evento internacional de gas y petróleo: Beatriz Merino,
Presidenta de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y Juan Ortiz, Director
General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. La primera dijo que
la Sociedad propondrá una reforma integral del sector al estilo de la que se
hizo en Colombia y se está haciendo en México (ver cuadro). Dijo, además, que los cambios legales recientes no habían
contribuido a destrabar la treintena de contratos parados por causal de fuerza
mayor. Merino mencionó que se incluirá una propuesta de protección legal de los
funcionarios, que terminan enfrentado problemas legales por desempeñar su
función en la maraña burocrática o incluso por venganzas, a veces de los que
deberían estar presos.

Se estima que hay US$ 2,500 millones de inversiones en hidrocarburos
detenidas. Repsol y Ecopetrol dejarían los lotes que se adjudicaron por
concurso, como antes lo hicieron Petrominerales, Conoco Phillips, Talisman y
Emerald. No deja de haber cierta ironía en que Ecopetrol, el modelo al que
citan como les conviene los que quieren meter a Petroperú hasta en la sopa
antes de reformarla, también esté de salida. Ortiz dijo que se estaba
trabajando en una ventanilla única de trámites, así como la simplificación de
permisos ambientales y otros. El simple
contraste entre lo que dijeron ambas personas citadas grafica la falta de
acuerdo sobre la naturaleza y magnitud del problema y, por ello, la
probabilidad que se solucione.

Beatriz Merino sostuvo que es necesario que la reforma integral que se
propondrá “nos lleve a lo que fuimos en algún momento: un país petrolero”. Además
del problema petrolero está la ausencia de políticas públicas que permitan que
aprovechemos el potencial que representa el gas. Remover algunas de las trabas burocráticas a la exploración de gas,
punto que está en la agenda de la SNH y el MinEM, sería un paso en la dirección
correcta. No son pocas las empresas que están sentadas esperando, por
ejemplo, a que se aterrice la consulta previa para después lidiar con los
procesos kafkianos que exige el Estado peruano.

Pero hay mucho más que hacer. Hay
problemas de seguridad que impiden que TGP haga el “loop” que se requiere para
asegurar el abastecimiento de gas. Tender el ducto del sur que está promoviendo
Proinversión es hoy una imposibilidad física que debe resolverse. Que CIRA,
SERNANP, ANA, DIGESA y el saneamiento físico legal sean las trabas que son es
una expresión de lo precario de las instituciones, lo formalista de las leyes
que las crearon y la ausencia de tanto un servicio civil como de rendición de
cuentas en las mismas.

También se debe mejorar significativamente la información disponible
para los interesados en explorar, antes que se les asignen los lotes por
concurso. Perupetro ciertamente debe contratar consultores de talla mundial
para tal propósito. Insistimos en que el
Estado debería contratar consultores y supervisores ambientales de primer nivel
global para revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y ver que se
cumplan. Minam y OEFA seguramente cumplirían mejor sus funciones y tendrían
mayor legitimidad.

Que el Estado haya
vuelto a optar por no asesorarse integralmente con un banco de inversión, un
estudio de abogados de primera y otros asesores especializados globales es
lamentable. Así se confirmen reservas de gas
que permitan el financiamiento del proyecto, no queda clara la viabilidad de la
industria petroquímica, que ya ni mencionan las autoridades. Deberíamos ir más lejos que seguir quemando
el gas a un precio distorsionado para producir electricidad.

Y
ni siquiera hemos mencionado a Petroperú. Sin haberse reformado, la empresa
pública más grande del país avanza de manera rentista para crecer e integrarse
verticalmente. No hay que ser economista
para saber que esto aumenta la incertidumbre y retrae la inversión, a menos que
el inversionista también busque rentas.