Infraestructura: antes y después de las APP y el FSR

Por Miguel Palomino. El IPE convocó a sus asociados y especialistas a una discusión sobre
la inversión privada en infraestructura pública esta mañana (vea las presentaciones). Quisiéramos
describir el paradigma que hemos propuesto para la inversión en infraestructura
y contrastarlo, brevemente, con cómo hacemos las cosas en nuestro país.

El Estado tiene que
intervenir en infraestructura porque se presentan algunas de las denominadas
fallas de mercado; el sector privado no proveerá la cantidad y calidad de
infraestructura requerida en ausencia de una intervención apropiada del Estado. Como sabemos bien, sin embargo, también se producen fallas de Estado
que fundamentan la inversión público privada en infraestructura.

En nuestro país no hay planes plurianuales diseñados en función de
corredores económicos. La iniciativa de inversión por lo general proviene de un
Estado precario institucionalmente, fragmentado y poco independiente de los
contratistas. El proceso de evaluación
previo a la inversión no solo es burocrático, sino que aprueba cualquier
proyecto que tenga una rentabilidad mayor a una tasa de corte. Cualquier
estudiante universitario sabe que esa metodología de evaluación supone que los
recursos públicos son ilimitados. Es usual que no se mantenga la
infraestructura, de modo que ésta tenga que volver a construirse repetidas
veces. No hay servicio civil ni gestión por resultados a lo largo del proceso.
No se evalúa, cuando ya está operando, la contribución de la infraestructura al
bienestar para retroalimentar el proceso de evaluación previa

Un plan plurianual que priorice la inversión en infraestructura y se
vaya revisando continuamente en función a la evaluación de resultados sería
ideal. La Dirección Nacional de Planificación de Colombia es un ejemplo que
citan algunos consultores. Nuestro país tuvo un pasado nefasto en
planificación, en el que personas que no sabían de economía pública tomaron
decisiones ideológicas que seguimos pagando en bienestar perdido. Sin embargo,
no podemos seguir paralizados por el trauma. Autonomía, servicio civil, presupuesto y gestión por resultados son
tres ingredientes requeridos para hacer bien esta tarea. Requerimos un plan plurianual, que
seguramente priorizará el agua, desagüe y tratamiento de agua servidas; caminos
y carreteras; cunas, colegios e institutos; electricidad y telecomunicaciones.
La atención de las necesidades de caseríos, distritos, provincias y
departamentos serán pensados en la lógica de macrorregiones que tienen que
integrarse.

Se utilizará al sector privado cuando los mejores asesores determinen
que se pueda diseñar un proceso y un contrato adecuado para la realización de
las obras. El Estado contratará bancos de inversión, estudios de abogados y
asesores especializados globales por clases de activos, que liderarán
consorcios complementados por algunos de sus pares locales. Junto a estos
asesores -que teníamos en los noventa ante que involucionáramos- diseñaremos
realmente bien los procesos, promoveremos como se debe la inversión y traeremos
competidores de talla mundial, beneficiando más adelante a los usuarios. El
mantenimiento estará incluido en los contratos, obviamente, como lo demostró un
estudio del IPE -Lecciones
del Mantenimiento de Carreteras en el Perú, 1992-2007- ver gráfico

Un Fondo Soberano de Riqueza (FSR) de mediano y largo plazo en el que
se alojen parte de los alrededor de S/. 85 mil millones que el Estado tiene en
activos financieros en el mismo país en el una buena parte de los niños de las
zonas rurales son desnutridos crónicos complementará el esquema. No solo garantizará la sostenibilidad financiera
de los recursos requeridos para financiar un programa de infraestructura de
largo plazo que integre a los peruanos con los peruanos y el mundo, sino que
contribuirá a mejorar su calidad. Efectivamente, el FSR también deberá ser
autónomo, ofrecerá una carrera de servicio civil y gestionará por resultados,
incluyendo evaluaciones independientes.

Este
esquema estará al servicio de los ciudadanos y las autoridades desde los
centros poblados más humildes hasta las ciudades más grandes. No habrá pintas
de ¡Bendita APP! o ¡Bendito FSR! pero la ausencia de pintas quizás sería la
mejor indicación de que los recursos están siendo bien utilizados para el
bienestar de todos los peruanos.