Valoricemos nuestro patrimonio arqueológico

Por Pablo Secada. La flamante Ministra de Cultura generó, poco después de juramentar el
cargo, una interesante polémica. Textualmente, la primera declaración que dio
al canal de televisión del Estado fue: “Impulsaré activamente que se pongan en
valor [los bienes arqueológicos de nuestro país], aunque haya que buscar hasta
en gobiernos extranjeros los recursos necesarios, y, por qué no, ver la
posibilidad de hacerlos con la empresa privada también”. Añadió: “Pienso
que no es tan complicado juntar a la empresa privada y al Estado para poner en
valor los monumentos arqueológicos”, añadió.

Que pueda causar revuelo una  declaración
tan sensata como querer hacer esfuerzos para poner en valor los importantes
recursos arqueológicos del país es algo que sorprendería si no estuviéramos ya
acostumbrados a la oposición ideológica del progreso. Claramente ni la Ministra
ni nadie piensa que se deba vender Machu Picchu al mejor postor. Lo que ocurre es que existen importantes
recursos arqueológicos en manos del Estado y la mayoría de ellos no cuentan ni
con los recursos ni con la capacidad de gestión para convertirlos en los polos
turísticos que podrían ser. Resulta razonable, por ello, buscar mecanismos
que permitan que se invierta en la preparación, mantenimiento, promoción y
operación de estos valiosos recursos, siguiendo las regulaciones pertinentes
para asegurar su permanencia y el respeto a lo que simbolizan.

Si el conocimiento y/o los recursos necesarios vienen del sector
privado, nacional o extranjero, gobiernos, universidades o instituciones
internacionales en realidad no es lo importante. Claramente existen gobiernos, organizaciones y empresas privadas con
conocimiento especializado sobre el manejo de recursos arqueológicos y lo ideal
es que se pueda contar con su participación para gestionar mejor y poner en
valor nuestros recursos. ¿Es que hay alguien que se pueda realmente oponer
a esto en principio?

El éxito de una eventual concesión (no venta) de la administración y
operación de un monumento arqueológico o, eventualmente, de todos, depende de tener
un contrato bien diseñado y supervisado que alinee los incentivos del socio
privado con el interés del gobierno por poner en valor los recursos
arqueológicos. Sabemos que nuestro
sector público -con instituciones precarias que no rinden cuentas y no gerencian
por resultados- no ha podido desarrollar plenamente la mayoría de nuestro
potencial arqueológico. Machu Picchu es un polo turístico desarrollado (ver
gráfico 1) que recibe casi un millón de visitantes al año, pero Kuelap solo
recibe 28,000 y Chan Chan sólo 17,000 (ver
gráfico 2).

Los monumentos arqueológicos son muy parecidos a lo que la economía
denomina bienes comunes. Una laguna, por ejemplo. Mientras pesquen unos pocos,
no hay problema. Si van miles a pescar, depredan el recurso. Es necesario
regular el acceso a la pesca ya que sin la intervención del Estado, se
depredarán los bienes comunes. Esto es lo que se denomina “La Tragedia de los
Comunes”. Tanto Garrett Hardin que acuñó el término, como los premiados Ronald
Coase y Elinor Ostrom estudiaron el problema y propusieron distintas soluciones
relacionadas con el ejercicio de los derechos sobre el recurso. La misma idea
aplica al patrimonio cultural. Lo que debemos
hacer es asignar derechos que promuevan un buen uso de los recursos y que
generen un esquema de incentivos que promueva que el patrimonio cultural no
solo se conserve, sino que también se recupere.

Una
concesión de la administración de un monumento cultural constituiría un excelente
programa piloto. Como mínimo, el
concesionario tendría que refaccionar, cercar, resguardar, mantener y
administrar las visitas al monumento en cuestión, incluyendo la construcción de
la infraestructura necesaria. Haría lo mencionado según el contrato firmado
con el Estado y supervisado por una entidad que reporta al Ministerio de
Cultura. El contrato podría incluir un convenio con el consorcio de
universidades nacionales e internacionales que ofrezcan mejores condiciones
para su asesoría y participación. Existen
muchas posibilidades de promover nuestro patrimonio arqueológico. Sólo faltaba
un poco de imaginación y decisión.