Quién corta peor el jamón
El Instituto Peruano de Economía (IPE) viene organizando
una serie de encuentros regionales, que empiezan en Cusco. Como parte de la
organización del evento averiguamos respecto a los temas que más preocupan a
autoridades, empresarios, profesores, alumnos, periodistas y líderes de opinión.
Así, la preocupación más importante parece ser qué pasará con el financiamiento
de proyectos en la región a raíz de la caída de los ingresos por canon. Las
perspectivas del gasoducto al sur, el aeropuerto de Chincheros y, por tanto, el
turismo, fueron las interrogantes que siguieron en orden de importancia.
La respuesta corta a
la principal interrogante es que caerá. Pero la respuesta no es tan directa, en
realidad. Podría ocurrir que la inversión en la región aumente pese a la caída
del canon. Ciertamente podría darse el caso que la calidad de la misma se
incremente sustancialmente, al punto de que el bienestar de quienes viven en
Cusco aumente, así caiga el canon dramáticamente. Los recursos del canon no son
la única transferencia que reciben las autoridades regionales, locales y la(s)
universidad(es) pública(s) del Cusco. El canon tiene varias fuentes, empezando
con la mitad del Impuesto a la Renta que pagan Camisea, principalmente, y otras
empresas de minería e hidrocarburos como Tintaya en Cusco. El sobrecanon y las
regalías mineras también son otra fuente. El siguiente
gráfico muestra la evolución del canon, el sobrecanon y las regalías, en
todo nuestro país, desde 1993. Estas transferencias van directamente a donde la
ley lo dispone -gobierno regional, municipio(s) provincial(es), municipio(s)
distrital(es) y universidad(es) pública(s) de la zona de influencia de la
empresa o mina-. Hay además otras transferencias significativas, como el Fondo
de Compensación Municipal -o FONCOMUN-, por ejemplo.
Lo que tienen en común
estas transferencias, que las distinguen del resto del gasto público, es que
responden a reglas definidas por una ley. No responden a decisiones de
asignación del Congreso actual o del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
ni algún criterio objetivo como las necesidades básicas insatisfechas, la
pobreza, otros mecanismos de focalización u, ojalá cada vez con mayor
frecuencia, los resultados de evaluaciones de impacto o de desempeño. El presidente de la región y un grupo de alcaldes, y autoridades
universitarias del Cusco ya no tendrán una autorización de gasto, asociada al
canon principalmente, tan alta como antes. Tendrán que ir a pelear un techo
presupuestal al MEF, la Comisión de Presupuesto y el pleno del Congreso, además
de cabildear ante el resto del Estado asentado en Lima. Eso es lo que realmente
genera el malestar: la pérdida de autonomía, digamos.
Si las autoridades
cusqueñas no cambian radicalmente la forma en que priorizan sus gastos y
ejecutan su presupuesto, la inversión en Cusco caerá. No tiene por qué ser así,
sin embargo. Para empezar, porque hay amplios recursos
que se asignaron al Cusco y que las autoridades no ejecutaron durante años
previos, que están a su disposición. Requieren que el MEF los asigne pero solo
pueden destinarse al Cusco, según las leyes vigentes.
Además, y más importante aún, se puede mejorar sustancialmente la
calidad del gasto en Cusco, especialmente el gasto de inversión, trabajando con
el sector privado. Nuestra recomendación
es que hagan un concurso público para contratar un grupo de asesores, económicos,
financieros y legales, que prioricen un paquete de inversión pública
plurianual. Que diseñen contratos de Alianzas Público Privadas (APPs), perfiles
y estudios de inversión. En este comentario nos hemos concentrado en la
inversión ya que el canon es su fuente de financiamiento, pero se puede hacer
exactamente lo mismo con el mantenimiento de infraestructura o la
administración y operación de cunas, colegios, universidades, postas,
hospitales, entre otros.
Obviamente este comentario es extensivo a autoridades de otras
regiones y no se reduce al canon. La
preocupación debería centrarse en cómo no malgastar el dinero, ya que no hay
tiempo que perder. Buena parte de la responsabilidad recae sobre quienes cortan
el jamón en las regiones.