Minería ilegal y mineros informales

El reconocido economista peruano Norman Loayza y sus
colegas del Banco Mundial propusieron un análisis económico de la informalidad -ver-.
En este artículo aplicaremos este análisis a lo que creemos que debería
llamarse minería ilegal y haremos unas precisiones a la discusión de este grave
problema que apuntan a una solución en dos etapas o planos.

Según el enfoque del Banco Mundial, escoge ser informal quien
considera que los beneficios netos de la informalidad superan a los de la
formalidad. Para reducir la informalidad
no basta con evitar impuestos o cargas sociales excesivas o con reducir el
número y costo de los trámites burocráticos, para citar algunas sugerencias de
política pública usuales. Se requiere una combinación de todas estas medidas y de
otras, además de un gran esfuerzo por hacer que se cumpla con una regulación que
sea económicamente más sensata. Además, el mercado proveerá otros
incentivos a la formalidad -como el acceso al crédito más barato o las compras
de actores formales- con lo que ésta debería ir ganando terreno gradual y
sostenidamente.

Este análisis es válido, en gran medida, para la minería
ilegal. Hay, sin embargo, una gran diferencia: los costos que
impone la minería ilegal al resto de la sociedad son gigantescos.
Contamina, por ejemplo, a una escala escondida por el tamaño relativamente
pequeño o mediano de cada una de las operaciones y por las zonas remotas donde
suele operar. La contaminación por unidad de producción es escalofriante, sin
embargo. Como lo han señalado algunos -ver-,
llama mucho la atención que la mayoría de las Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) y políticos que enarbolan la correcta bandera de la responsabilidad
ambiental, brillen por su ausencia en este debate. Además de la contaminación,
los derechos laborales de los trabajadores y otros también son atropellados sin
miramientos. Para comenzar, no se puede negociar con la patronal -no sólo
porque no habría a quien recurrir ante la negativa sino porque podría resultar
peligroso tratándose de mafias sin control legal. Tampoco vemos a
organizaciones de trabajadores o a ONGs que salgan a proteger los derechos de
decenas o cientos de miles de trabajadores. En resumen, como operan en zonas alejadas en las que la presencia del Estado es aún
menor, no son antagonistas políticos “rentables” y lidiar con algunos es
arriesgado, la minería ilegal pasa bajo el radar.

La alternativa de
solución que proponemos parte de la diferencia entre, las que son empresas ilegales
muy rentables y de tamaño económico considerable de los verdaderos pequeños mineros
informales. Las utilidades que reportan estas
empresas y el interés en preservar el súper rentable negocio han llevado a que
algunos de sus dueños hasta se hagan congresistas. Además hay amplias
evidencias de los nexos entre los dueños de las minas ilegales y otras
actividades ilegales que van del narcotráfico al lavado de dinero. Ellos
deberían ser el primer objetivo del Estado, mediante unidades de inteligencia
clásica y financiera. Esta sería una valiente
empresa considerando nuestra precariedad institucional que resulta tan
funcional a la arraigada búsqueda de rentas y a la ausencia de rendición de
cuentas.

Ha
sido lamentable ver a un gobierno supuestamente tan comprometido con la
formalización y el cuidado ambiental claudicar ante la presión de quienes son
esencialmente delincuentes. A los
mineros informales que perderían su empleo si se hiciera lo correcto para la sociedad
se les podrá asistir con programas sociales, capacitar para la minería formal u
otras actividades que sean parte de estrategias de desarrollo integrales. Pero
permitir que se les use de escudos humanos para darle otra vez tiempo a la
ilegalidad es un grave error, tan grave como lo fue que gobiernos
anteriores permitieran que los mineros ilegales lleguen tan lejos y creen un
problema terrible sin actuar.