Agujero negro: la aventura empresarial de Petroperú

Por Miguel Palomino. Como
para que nadie se olvide de que el gobierno tuvo la absurda idea de adquirir la
refinería de La Pampilla y los grifos de Repsol, el Ministerio de Energía y
Minas acaba de aprobar un plan quinquenal de expansión masiva de Petroperú (ver).
Lo que este plan nos dice es: si no las puedes comprar, entonces constrúyelas
tú mismo.

La razón más importante para no adquirir los activos
de Repsol no era que fueran malos activos ni que el Estado no fuera a
gestionarlos bien (aunque esto último era
casi seguro). La razón era que el Estado peruano tiene mucho mejores usos para
sus escasos recursos que usarlos en mal administrar una refinería de petróleo o
una cadena de grifos. Mientras falten
recursos para nutrir, cuidar la salud y educar a niños necesitados y falte infraestructura
de servicios básicos no se deben invertir miles de millones en una aventura
empresarial de alto riesgo. Ni siquiera si esperáramos que dicha aventura
fuera bien dirigida, que probablemente no lo será.

Nunca
se ha explicado con claridad cuál es el objetivo de la aumentada participación
estatal en el sector hidrocarburos. Para que el mercado local de combustibles
sea atendido competitivamente no es necesario que el Estado sea un gran jugador
en el negocio de refinar petróleo ni en el de distribuir combustibles. Basta
con que se aseguren condiciones competitivas en el mercado. Contrario a los
vacíos discursos que escuchábamos hace treinta o cuarenta años, no hay nada de “estratégico”
en que el Estado sea dueño de refinerías, grifos ni pozos petroleros. Es muy importante que un país tenga acceso
a fuentes diversificadas y económicas de energía, y hay mucho que el Estado
puede hacer para crear las condiciones que aseguren esta oferta energética,
pero no tiene que ser dueño de ella.

La
refinería de Talara produce combustibles que no cumplen con estándares
ambientales razonables y, por ello, hace años que debe modernizarse. Pero
cumplir los estándares ambientales no debe ser la excusa para aumentar
sustancialmente el tamaño y las capacidades de la planta como parte de la
política de hacer crecer a Petroperú. Invertir
US$ 2,700 millones sólo en la refinería es un enorme compromiso de recursos
públicos, equivalente a más del triple de lo que el gobierno gasta anualmente
en los cinco principales programas sociales que dice son su prioridad (ver
gráfico).

El
gobierno ha sido muy cuidadoso en no anunciar cuánto costaría cumplir con los otros
ambiciosos objetivos del plan de expansión de Petroperú (ver
tabla), pero todo indica que sería más que la refinería. Hace poco el Presidente dijo que no había
dinero para pagarle a los jóvenes que hicieran el servicio militar y que por
ello era necesario obligarlos a servir al país sin recibir nada a cambio. Pero
sí hay miles de millones de dólares para aventuras petroleras innecesarias.

La
oposición a que el Estado invierta ingentes recursos en la actividad petrolera
no tiene un fondo ideológico. Es sentido común. ¿Cómo puede un gobierno que
repite incesantemente que su objetivo fundamental es la inclusión social
justificar sus ansias de grandeza petrolera? El argumento central pareciera ser que si otros países lo tienen
entonces nosotros no debemos quedarnos atrás, en lugar de realizar el más
mínimo análisis respecto a si las petroleras estatales en Venezuela, México,
Brasil, Colombia y Chile realmente han contribuido al desarrollo económico de
sus países.

Un
país debe desarrollar y aprovechar bien sus recursos energéticos. Nuestro
Estado y nuestros gobiernos no han sido capaces ni siquiera de crear un marco
adecuado para que estos recursos sean bien aprovechados. Basta ver el papelón de Camisea I, todos los proyectos de exploración
paralizados, la incapacidad para ampliar el ducto existente de gas y las
innumerables incoherencias respecto al gasoducto del sur. Pero este Estado,
con este gobierno, piensa dirigir una enorme aventura empresarial en un sector
de muy alto riesgo en el cual no tiene ninguna experiencia y en el que hay
amplia presencia e interés del sector privado. Para hacerlo, planea  invertir
por lo menos el 10% del presupuesto anual de la república y probablemente mucho
más. Esto no es una buena idea.