Premio consuelo

El proceso de elección de los integrantes del Tribunal
Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva (BCR)
ilustra muy gráficamente nuestra debilidad institucional. Uno de los factores
que explica esta debilidad a nivel general es lo arraigada que está el rent-seeking en nuestro país. Existe una
larga tradición de intercambio de favores en la toma de decisiones de política
pública que parece primar en la mente de muchos congresistas y muchos otros
participantes en la discusión de los nombramientos. Las designaciones, además,
tienen el problema adicional de haber sido “atadas”, es decir, se decidirán
todas en bloque por una decisión política que es difícil de justificar y que
acentúa el problema antes mencionado.  La
designación de los miembros de cada una de estas instituciones dependerá de las
negociaciones en torno a cada otra designación.

La parálisis en que siguen los actores políticos desde hace casi dos
años en este tema -pese
a que insisten, como lo han hecho antes, que el 5 de julio es la fecha límite
para la elección-
es otra manifestación de la debilidad de nuestra “democracia” sin partidos. La
alternativa para desatar el nudo gordiano por la que se habría optado es
definir los nombramientos del Tribunal y la Defensoría, antes de hacer lo
propio con los tres directores pendientes del BCR. Es claro que a los políticos
les resultan mucho más importantes las designaciones al Tribunal y luego -dada su reciente notoriedad con la Ley del Servicio
Militar Obligatorio-
a la Defensoría. Esto significa que los nombramientos
de los directores de la autoridad monetaria corren el riesgo de ser el premio
consuelo de este enrarecido proceso político. Esto amenaza con perjudicar
seriamente uno de los pilares sobre los cuales se ha construido el excepcional
crecimiento económico del Perú.

Ya que se está considerando el tema del Directorio del BCR, resultaría muy importante -si bien
improbable- que el Congreso
apruebe el proyecto de ley que se bloqueó durante el gobierno pasado en segunda
votación, que haría posible el reemplazo de un director del BCR cada año, de
manera escalonada. Eso reforzaría la
independencia política del BCR, la cual ya es considerada bastante alta a nivel
internacional.

Nuestro BCR y su presidente son internacionalmente
reconocidos y también son muy favorablemente percibidos a nivel local (ver
gráficos), cosa que no puede decirse de nuestro Congreso. Asimismo, los
actuales Directores -nombrados por el Ejecutivo- son todos respetados
profesionales. El mismo Julio Velarde ha señalado
la importancia de nombrar cuanto antes los Directores designados por el
Congreso para fortalecer el accionar del BCR. El Congreso debería dejar de postergar una decisión tan importante
debido a su incapacidad para decidir. A los congresistas se les elige para
que, representando a diferentes ideas y personas, lleguen a acuerdos respecto a
cómo enfrentar los problemas del país. No poder decidir es casi el peor
resultado posible para un Congreso y el peor servicio a la nación que los
eligió.

Finalmente,
cabe recordar que el Ejecutivo, en menor grado, también ha enfrentado serios
problemas en el proceso de elegir a funcionarios claves de nuestro ordenamiento
económico, como los son los directores de los organismos reguladores. Como
hemos mencionado antes (ver
IPEOpinión) existen obstáculos formales al proceso de “calificación” de
candidatos que nos privan de muchos de los mejores profesionales en estas
instituciones. Se debe mejorar este proceso y terminar la tarea pendiente de
elección de miembros de los consejos directivos de Osinergmin Ositran y Sunass,
instituciones que, junto con Osiptel, han pasado en ocasiones más de un año con
consejos directivos incompletos. Si hay
algo que nos va a pasar factura en los próximos años es el no haber trabajado
en la institucionalidad del país, y esto va a ser, más temprano que tarde, un
fuerte tope al crecimiento del país.