Política agraria y decisiones informadas
Por Pablo Secada. Tras
18 años, nuestro país tiene un nuevo censo agropecuario. La primera reflexión
que hay que hacer es que es inaudito que no hagamos, consistente y
puntualmente, los censos agropecuarios o generales, y que no invirtamos más
recursos en obtener y procesar valiosa información pública que nos permitiría
entender y enfrentar más eficientemente nuestros problemas.
No es una buena idea tomar decisiones sin información
adecuada. Información que nos indique cuáles verdaderamente son los problemas y
cuáles las posibles soluciones. Información que
permita elaborar buenos indicadores de desempeño para comparar políticas o unidades
ejecutoras del gasto. Líneas de base que permitan la evaluación independiente
de la efectividad de los programas públicos, para potenciar los buenos,
reformar los mediocres o cerrar los malos.
Volviendo
al tema agropecuario y más allá de la lógica de gestión por resultados o
rendición de cuentas, no se puede
verdaderamente hacer política agraria sin información detallada de nuestro
sector agrícola porque no existe “el agro peruano”. Hay “los agros peruanos”,
como lo confirma el censo. Algunos de subsistencia, con una productividad
bajísima, como millones de campesinos alto andinos, por ejemplo, aunque sus
necesidades más urgentes pueden variar. Otros modernos e integrados a China,
Europa y Estados Unidos. Las políticas públicas apropiadas para cada agro son
distintas.
Lo que el censo deja claro es que son tres los
problemas más grandes que enfrentan los agricultores peruanos. El buen uso del
agua, la disponibilidad de tecnología adecuada en general y el acceso a
mercados (ver
gráficos). Atender estos tres problemas
permitiría mejorar enormemente la calidad de vida de la mayoría de las familias
más pobres del país, generar más y mejores empleos, productos y usar más
eficientemente nuestros recursos naturales.
El Estado ni siquiera enuncia una reforma del agua,
sin la cual nuestro desarrollo agrícola se verá seriamente limitado. Información sobre el tamaño y la recarga de los acuíferos, políticas de
forestación de las cabezas de cuenca, descolmatación e infraestructura en los
lechos de los ríos, infiltración de los acuíferos, construcción de reservorios
y, sobre todo, cobro del costo social del agua a por lo menos el grueso de la
producción agrícola siguen siendo temas pendientes, hasta en el discurso.
Entendemos que existen algunos consultores y participantes del Acuerdo Nacional
y de CEPLAN que entienden lo crucial es que es definir una nueva política que
lleve al buen uso de nuestra agua.
Infraestructura rural como la que se supone proveerá
FONIE (a menos que el gobierno cometa el craso error de no
seguir apostando por los planes del MIDIS). Semillas mejoradas como las que el INIA debería estar produciendo. Microirrigaciones como las que promueve
el Ministro de Agricultura, que son mucho más inclusivas y eficaces que los
megaproyectos de irrigación. Educación
técnica desde el colegio. Apoyo estatal a la asociatividad y a la buena
inteligencia comercial sobre los mercados. Todas
estas son actividades que deberían tener una alta prioridad en la agenda
agrícola peruana y mayores recursos para atenderla.
La “Reforma Agraria”, con el supuesto objetivo
de mejora de la equidad, en general, destruyó
la economía de las zonas rurales, en vez de reformar lo que había que cambiar.
Quizás se pueda encontrar alguna manera de que el fallo del Tribunal
Constitucional sobre el pago de la deuda agraria permita orientar recursos
públicos necesarios al sector. Sería una forma muy constructiva de cerrar
exitosamente un círculo que comenzó tan mal que el reconocimiento y pago de las deudas legítimamente contraídas por el
Estado peruano pueda ser la ocasión de proponer una reforma integral de las
políticas públicas en el agro y en las zonas rurales.