Para que sea menos mortal
Por Pablo Secada. El 26 de junio el gobierno remitió a la comisión de
presupuesto del Congreso el Proyecto
de Ley 2417/2013-PE. Como en otras ocasiones, consideramos que el
procedimiento no fue el correcto, ya que se envió el proyecto a la comisión que
no debe (presupuesto),
en vez de hacerlo a las comisiones de salud y economía -en tanto una reforma
estructural-. Entendemos que el presidente de la comisión de presupuesto no
tuvo un desempeño destacado en el caso de la reforma del servicio civil. En
todo caso, el dictamen de la comisión de presupuesto del 4 de julio que
formaliza el pedido de la “facultad de legislar en materia de fortalecimiento
del sistema nacional de salud” es considerado realmente urgente por el
gobierno. Prioritario, en estos días, significa que el presidente Humala parece
querer anunciar el 28 de julio los detalles de la reforma de salud, tras
recibir las facultades del Legislativo.
Más allá del proceso y las prioridades políticas del Presidente en
nuestra “democracia sin partidos”, entendemos
que reconocidos tecnócratas, experimentados servidores públicos, funcionarios
de organismos multilaterales y expertos del sector privado vinculados a las
políticas públicas de salud han participado en el diseño de la reforma.
Recordemos que la Ministra De Habich es una funcionaria de carrera del Banco
Central que lideró la oficina peruana de una consultora internacional
especializada en salud. Por ello, es razonable esperar otra reforma importante
de este gobierno, junto al servicio civil, MIDIS, educación, entre otras. Recalcaremos
dos ideas.
Para avanzar de manera sostenible y equitativa hacia el objetivo del
aseguramiento universal de salud, nos parece que se deben hacer tres
importantes cambios. Primero,
centralizar el aseguramiento público de salud. Es decir, unificar los
recursos estatales dedicados a los servicios de salud para quienes requieren
asistencia del Estado. Ello probablemente requiere que por lo menos parte de lo
que hoy es una contribución a la seguridad social pase a ser un impuesto. Segundo, focalizar el aseguramiento público
de la salud. Como EsSalud se descuenta de las planillas, su cobertura no es
equitativa como puede verse en el primer
gráfico. Nos parece injusto para los peruanos más pobres que los de
ingresos medios y altos, que pueden pagar un seguro privado, estén asegurados por
el sector público mientras que los más vulnerables no tengan casi atención
médica. En la misma línea, priorizar el aseguramiento de salud a los peruanos
que tienen menores oportunidades. Tercero,
promover la competencia privada por el aseguramiento de salud para todos los
niveles de ingreso. Es decir, cofinanciar el aseguramiento cuando sea
necesario para que sea rentable para empresas privadas. Así, inclusive los
asegurados de menores ingresos podrán optar. Los de mayores ingresos optarán,
aunque ya no por el aseguramiento público.
La oferta de servicios
de salud, empezando por la preventiva que es muy eficiente y equitativa,
también tiene que reformarse. Generar
demanda con un mejor esquema de aseguramiento de salud, en vez de automedicarse
o ignorar el problema por ejemplo, sirve de poco si no hay una oferta eficiente
que la atienda (ver
gráfico 2). La distinción entre EsSalud y MINSA, o ciudadanos de segunda y
tercera clase digamos, se acabaría. Por un lado, se podría ampliar la
iniciativa de APP de centros de salud que inició EsSalud, y de otro, es aún más
probable cofinanciar atención privada de salud para los más vulnerables. Eso incentivaría
la eficiencia de un sistema público reformado.
Por
último, como con casi todos los
programas de gasto público, la gestión por resultados, con los necesarios indicadores
de gestión, evaluaciones independientes, rendición de cuentas, remoción de
barreras a la competencia en la producción o evaluación de medicamentos, entre
otras medidas, completarían la reforma. Ojalá las veamos, en un esfuerzo
ambicioso que haga honor a quienes participaron en su diseño y a quienes siguen
teniendo la salud de la que escribió Vallejo.