Contra todo pronóstico

Culminando
con la aprobación de una serie de proyectos de ley presentados al Congreso, el gobierno
del Presidente Humala ha logrado sacar adelante, democráticamente, el más
importante esfuerzo por modernizar al país desde las reformas de los noventa.
Las medidas han sido de todo tipo, nivel y calidad, y el reconocer que la
mayoría son pasos adelante no significa que no sean imperfectas ni que resta
mucho por hacer. Es claro que, vistas las limitaciones actuales de nuestro
aparato estatal, no todas las medidas se han centrado en el reforzamiento institucional,
pero también es claro el entendimiento de la necesidad de reformar gradualmente
este aparato estatal y es clara la voluntad política de por lo menos comenzar a
hacerlo. En todo caso, es mucho más de lo que se ha hecho en los últimos tres
gobiernos democráticos (ver gráfico 1).

Como hemos comentado
antes respecto a algunas de estas medidas (ver), la mayoría tiene defectos importantes. Los defectos se deben tanto a
las limitaciones de la política y la realidad peruana como a una mala lectura
de éstas o simplemente a errores de diseño o diagnóstico. Sin embargo, todos estos
defectos son mejorables a futuro en la medida en que se tenga la decisión
política de hacerlo y/o el apoyo del Congreso e incluso de la población. El gobierno debe y puede liderar los
cambios que requiere el país, pero el país mismo también debe cambiar para
poder alcanzar nuestro real potencial. En parte, por ello, realizar cambios
graduales puede parecer poco ambicioso, pero usualmente es mucho mejor que no
hacer cambios con el argumento de que se pudieron hacer mejor.

Si bien pensamos que los
avances logrados a la fecha son reconocidos como por lo menos potencialmente
positivos por la mayoría de analistas económicos y políticos, quedan
justificadas dudas respecto a si las oportunidades creadas serán realmente bien
aprovechadas. Así, por ejemplo, abrirle
la puerta a la meritocracia en el servicio civil (ver gráfico 2) no asegura que se ponga en práctica de manera adecuada. Es un avance,
pero puede ser poco o muy importante
-y en casos extremos incluso negativo- de
acuerdo a la ejecución, y esto se aplica a la mayoría de las medidas de “reforma”.
El gobierno tiene pues un enorme reto en hacer realmente efectivas las medidas
aprobadas tanto para beneficio del país como de su legado histórico. Sería
realmente una lástima y un golpe a todo intento de reforma futura que el propio
gobierno desperdiciara la oportunidad que se ha creado.

Nuestras felicitaciones
al gobierno y, en especial, al Ministro Castilla y a su equipo del MEF que ha
liderado y/o hecho el control de calidad de la mayoría de las reformas. Les
queda aún mucho camino por delante. También es justo felicitar a los
congresistas que han apoyado las medidas reformistas.

Como
reflexión final, es importante reconocer
que el progreso y la modernización de muestro aparato estatal necesariamente
requiere introducir mayor discrecionalidad en la toma de decisiones.
Podemos ordenar y evaluar mejor los procesos, pero la ventaja de un aparato
estatal más moderno y con mejor personal, que le de mayor capacidad de decisión,
no se puede realizar sin que ésta sea acompañada de la discrecionalidad
correspondiente. El Perú y su sector
público tienen que madurar y esto supone tomar ciertos riesgos razonables con
la esperanza de obtener mejores resultados. La paranoia respecto al mal uso
de la discrecionalidad en el sector público -fruto de nuestra debilidad
institucional y de la experiencia histórica producto de la misma- debe ir
cediendo y ser remplazada gradualmente por más transparencia, mejores y más
efectivos controles y evaluaciones, mayor participación ciudadana y mejores
partidos políticos e instituciones que representen con fuerza el interés
ciudadano. Todo esto no se va lograr ni rápida ni fácilmente, pero se tienen que ir abriendo espacios y avanzando en esta dirección.