Para mejorar la educación superior y la investigación

Opinar sobre un dictamen de veintinueve proyectos de
ley -todos presentados por congresistas- a los que la Comisión de Educación,
Juventud y Deporte del Congreso ha denominado la “Ley Universitaria” no es algo
que podemos hacer en este medio. Buscaremos opinar sobre algunos de los
aspectos importantes de la regulación antes que alguien jale el gatillo y se
apruebe esta Ley Universitaria tan cuestionada. Empezaremos hoy por recordar
dos conceptos económicos que deberían enmarcar el debate respecto a la ley en
cuestión.

Primero, para ilustrar el problema que enfrentamos basta saber que ninguna
universidad peruana aparece en el reconocido ranking internacional Shanghai
2012 de las quinientas mejores universidades del mundo (ver). Siendo más
modestos y midiéndonos a nivel latinoamericano, sólo una universidad peruana se
encuentra entre las 50 mejores de la región (en el puesto 23, ver
cuadro). En la misma línea, los
resultados del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
indican que tanto la educación superior como la investigación y desarrollo que
se debe originar en gran parte en las universidades son dos de nuestras más
grandes debilidades competitivas. El reto, pues, es mejorar la calidad de
nuestras universidades y de la investigación que deberían realizar.

La intervención del Estado en estos dos temas se justifica por la
misma falla de mercado: los beneficios que
obtiene la sociedad cuando ambas actividades se realizan correctamente son
mayores a los beneficios que obtienen el estudiante o investigador. Es
decir, los beneficios sociales son mayores a los privados y existe una
“externalidad positiva”. Además, como hemos mencionado antes (ver),
el servicio de educación presenta importantes problemas de información para los
usuarios. Finalmente, tanto la educación como la innovación son bienes
públicos, es decir, la innovación beneficia a la sociedad y se puede impedir
que alguien la consuma y la educación universitaria no se agota al impartirse a
un alumno.

Dada la naturaleza del problema, la intervención del Estado para
resolver estos problemas se debe focalizar en asegurar que se genere la
suficiente cantidad y calidad de educación superior y de investigación. La manera
de asegurar la mejor calidad y cantidad de investigación en las universidades
es que los recursos disponibles para ella sean asignados por fondos
concursables a las entidades mejor preparadas para utilizarlos. Este mecanismo
es el que ya opera exitosamente con fondos públicos el internacionalmente
reconocido FINCYT (ver
IPEOpinión). La pésima idea del
canon universitario, que asigna cuantiosos recursos sin considerar la capacidad
de utilizarlos, debe eliminarse cuanto antes. Es decir, los recursos deben ir a un fondo de
investigación y desarrollo para las universidades que estén en capacidad de
usarlo (Cayetano, PUCP, UNI, San Marcos y Agraria, por ejemplo). Estas, a su
vez, pueden hacer convenios con otros centros de enseñanza en las zonas
asociadas al canon, por ejemplo. Es absolutamente absurdo pretender que se haga
investigación en decenas de universidades, que no pueden ni completar los
formularios de un concurso de investigación -como nos lo dijo un investigador
de una universidad pública líder-.

En cuanto a la educación superior, las fallas de mercado sugieren que el problema se aborde mediante
mecanismos de acreditación y certificación. El problema central es quién tiene
la responsabilidad de acreditar y certificar. Una posibilidad que barajan
expertos en el tema es que las universidades líderes, que pueden definirse
objetivamente con los mismos criterios del ranking citado u otros generalmente
aceptados, certifiquen a las facultades de otros centros de estudio para que
operen y puedan otorgar títulos universitarios.

Dudamos
que la mazamorra producto de 29 proyectos de ley distintos y el intenso
lobbying de los muchos intereses económicos en juego pueda resultar en una
legislación deseable. Mejor sería un
proyecto preparado por verdaderos expertos con el apoyo del Ejecutivo, pero no
es claro si esto será alguna vez posible.