Abriendo paso a la inversión

Por Miguel Palomino. Ayer,
el Ministro Miguel Castilla dio a conocer que el gobierno ha remitido al
Congreso una serie de proyectos de ley orientados a cumplir con los anuncios
del Presidente Humala respecto a medidas para destrabar y repotenciar la
inversión privada. Con cargo a revisar en detalle los proyectos de ley una vez
estos estén disponibles, adelantamos algunas apreciaciones basadas en lo que el
Ministro declaró a los medios. Nos animamos a hacer esto porque una buena parte
de las medidas anunciadas se han venido discutiendo entre especialistas hace
meses e incluso años.

La buena noticia es que en varios casos lo anunciado se acercaría a lo
que los que participaron en la discusión hubieran considerado un resultado
optimista. Esto contrasta con la timidez que se ha observado en
algunas medidas anteriores. Asimismo, las medidas tienen un alcance bastante
amplio, lo cual refleja una voluntad de atacar problemas en muchos frentes.

Un primer punto en las
medidas propuestas son las mejoras en el régimen de obras por impuesto. Dicho
régimen se justifica en la mayor capacidad de generación y ejecución de
proyectos del sector privado en comparación con el sector público (ver gráfico 1). Pero esta mayor capacidad sólo podía ser aprovechada en algunos tipos
de inversiones (infraestructura) con cargo a ciertos fondos específicos (canon,
sobrecanon y regalías). La propuesta del
Ejecutivo extiende el régimen de obras por impuestos a la inversión pública en
general y con cargo a cualquier fondo del Estado, lo cual amplía enormemente el
espacio para hacer uso de este mecanismo para acelerar la inversión pública.
Asimismo, se amplia el régimen de obras por impuestos para poder incluir el
mantenimiento de las obras y los estudios de pre-inversión como parte del
proyecto de inversión, lo cual redundará en mejores y más duraderas
inversiones. Entendemos, además, que se permitiría la participación de
universidades públicas en estos proyectos.

Un segundo punto es que
el procedimiento mediante el cual el Estado paga sus obligaciones con
proveedores corresponde a un sistema hecho para que un Estado crónicamente
deficitario y sin caja pudiera retrasar sus pagos, implícitamente financiándose
de sus proveedores. La realidad de hoy -en que el Estado es superavitario y puede
obtener financiamiento a tasas bajas antes impensables- hace que sea una
barbaridad que el Estado se financie de sus proveedores, incluyendo Pymes que
enfrentan costos financieros mucho mayores (ver gráfico 2). Por ello, son muy positivas
las medidas anunciadas en cuanto a lograr que el Estado se convierta en un
pagador previsible y puntual, así como las medidas orientadas a acelerar la
devolución del IGV. En la misma dirección, se ha anunciado, aunque sin
detalles, el impulso al mecanismo de facturas negociables, las cuales, de ser
obligatorias, resultarían en un verdadero salto hacia adelante en cuanto a
mejorar el financiamiento de las Pymes.

En tercer lugar, todos
los estudios referentes a trabas burocráticas en el Perú señalan que las que
más impactan a la actividad económica y en particular a los servicios públicos,
infraestructura y construcción de vivienda son las licencias y permisos municipales.
Por ello, la simplificación anunciada en el proceso de autorizaciones
municipales en estos rubros, si es efectiva, es también una muy buena noticia.

Por último, tomando en
cuenta que la poca actividad de investigación y desarrollo es una de nuestras
principales desventajas competitivas, resulta
importante que finalmente se permita que las empresas deduzcan como gasto los
costos de investigación y desarrollo. Francamente, es increíble que esto no
se haya dado antes.

Si bien hay aún mucho por
avanzar, si se pusiera en marcha de
manera efectiva este paquete de medidas, se estaría contribuyendo
significativamente a regresar a las tasas de crecimiento de la inversión y del
producto que son acordes con nuestro potencial.