Otras dos buenas noticias en desarrollo rural
Por Pablo Secada. Un tema crucial pero, como muchos similares, rara vez
discutido con seriedad, fue puesto recientemente en la palestra por dos
tecnócratas: el Ministro de Agricultura Milton Von Hesse (ver)
y Héctor Malarín, Director del Área de Agricultura del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID, ver).
Ambos proponen instrumentos de intervención en el agro radicalmente distintos a
los (más) utilizados en nuestro país.
El Ministro Von Hesse
resalta el Fondo de Inclusión Económica de las Zonas Rurales (FONIE), que diseña e implementará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS). Ya hay una diferencia con la mayoría de políticas públicas
desde el inicio: una línea de base será un insumo clave de una evaluación de
impacto independiente, que determinará adecuadamente el beneficio social del
programa y sus dos componentes. Uno público al que se asignó un presupuesto de
S/. 400 millones y otro público privado para el cual se aprobó un límite de
gasto de S/. 200 millones. Hemos opinado antes sobre FONIE (ver).
Insistimos en que es una excelente idea.
Primero porque empaqueta programas de infraestructura de agua y saneamiento,
caminos rurales, telecomunicaciones y electricidad. Segundo, por echar a andar
Asociaciones Público Privadas (APP) de paquetes similares en las zonas rurales.
Sin embargo, su implementación no será fácil.
Milton Von Hesse resaltó algunos de los programas bandera de
asistencia social (Juntos, Cuna Más y Pensión 65), así como las iniciativas más
beneficiosas del Ministerio (Agrorural),
sobre los cuales presentamos información de ejecución del año pasado en el siguiente
gráfico. Además, mencionó que se están impulsando Mi Riego, una alternativa
de riego tecnificado, así como Buena Siembra, un paquete de semillas e insumos,
a los que denominó un “shock tecnológico”.
Héctor Malarín insistió en que el Estado debe redirigir los subsidios al
agro hacia más infraestructura rural, investigación, servicios sanitarios, titulación
de tierras y riego. En vez de orientar el gasto hacia estos bienes públicos, el
gobierno financia bienes privados. Estos
cuestionables subsidios o apoyos fiscales directos representan más de la mitad
del gasto público en el sector agropecuario en nuestro país. Malarín
reiteró un poderoso argumento: los subsidios en el sector agropecuario
distorsionan el mercado y desincentivan que los agricultores migren a cultivos
más rentables. Finalmente, distinguió “malos” de “buenos” subsidios; entre
estos últimos destacó los destinados a la adopción de tecnología, como riego,
siembra directa, abonos verdes, andenería, plantaciones de cortaviento, entre
otros.
Vale la pena resaltar
que tanto el FONIE como los programas mencionados del MINAG, siguen las
recomendaciones del especialista del BID.
Como debería ocurrir siempre en las
políticas públicas, el Estado debería intervenir en el sector agropecuario
corrigiendo fallas de mercado o promoviendo la equidad. No lo hacía en
nuestro país, al menos no como debería. Nos parece que el estimado de que el
50% de gasto público era mal dirigido -según el funcionario del BID- no incluye
el gasto tributario del sector (es decir, el costo de las exoneraciones
tributarias). Como puede observarse en el gráfico,
éste es muy superior a cualquiera de los programas públicos del Ministerio. Y
también distorsiona los mercados. La informalidad en el comercio de alimentos
tiene mucho que ver con esta exoneración ciega que no distingue las condiciones
socioeconómicas de quienes consumen los alimentos. Exoneración que, como
sabemos, beneficia en gran medida a acopiadores, facilitadores y otros
componentes de nuestro ineficiente sistema de comercialización.
Ya
que estamos tocando los errores en las políticas de desarrollo rural, cabe
destacar el caso de los emblemáticos y políticamente sensibles grandes
proyectos de irrigación. No está en
discusión que el Estado debe intervenir en irrigación, pero sí que deba terminar
subsidiando masivamente a medianos y grandes productores agroindustriales.
Esta es, obviamente, una política pública regresiva. Muy superiores en términos
de proveer agua y de equidad serían programas de microirrigaciones,
reforestación de las cabeceras de cuenca, encauzamiento de ríos, infiltración
de acuíferos y de reservorios en zonas altas para que el agua deje de fluir al
mar.