Legislación chatarra

Por Miguel Palomino. La
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños Niñas y Adolescentes,
más conocida como la Ley de la Comida Chatarra, ha generado un amplio debate. Que
la Ley tenga un respaldo relativamente amplio, pese a sus claras limitaciones y
errores, demuestra que el buen marketing funciona también para inducir al
Congreso y a otros adultos a aprobar leyes sin sentido.

El
primer paso para lograr la aprobación de esta ley fue ponerle un nombre
adecuado. ¿Alguien se puede oponer a la alimentación saludable
de los niños? Segundo, se establece una relación causal plausible pero falsa
entre la “comida chatarra” y la obesidad, sin siquiera tener que pasar por el
complicado proceso de definir qué exactamente es la comida chatarra y explicar
por qué es la causa de la obesidad.

Tercero, se reducen los potenciales opositores
diciendo que la ley rige sólo para los alimentos “sometidos a proceso de
industrialización”, con lo cual “los culpables” son las “grandes empresas” y
sus “intereses empresariales”, y no todas las personas, especialmente los padres, que son responsables de los hábitos nutricionales, la alimentación y la
actividad física de los niños.

Cuarto, se
incluyen algunas perogrulladas que sólo repiten leyes existentes -se
prohíbe, otra vez, que la publicidad utilice “argumentos o técnicas que…
confundan o induzcan a error respecto a los beneficios nutricionales del
producto”-  o el sentido común -”las
instituciones de educación…promueven la actividad física de los alumnos”-  pero suenan bien.

Quinto, se disimulan los aspectos más intrusivos y autoritarios
de la ley como el que los quioscos de los colegios puedan vender “exclusivamente
alimentos y bebidas” que se encuentren en un “listado de alimentos adecuados
para cada edad” que elaborará el Ministerio de Salud y que será definido en el
Reglamento de la Ley. No se establece
cuáles son las características de lo que no se debe vender sino que se
establece un listado específico y excluyente de lo que sí se puede vender.
Se imaginan lo que valdrá estar en ese “listado”.

El hecho es que el sobrepeso y la obesidad se deben a
los hábitos de consumo y de actividad física de la población, y no a la
publicidad de alimentos procesados. En el caso de los niños, esos hábitos los desarrollan
principalmente sus padres y sus familiares. Que el problema principal sean los malos hábitos de los adultos se
aprecia en el gráfico
que muestra el porcentaje de la población con sobrepeso para los distintos
grupos de edad (ver).
Las cifras para los niños y adolescentes son las mismas de las que hablan
quienes propusieron la Ley -y ni siquiera consideramos las cifras mismas son
discutibles- pero lo importante es que sus padres, familiares adultos y
profesores tienen mucho más sobrepeso que los niños y adolescentes. ¿O es que
esto también se debe a la publicidad infantil impulsada por los “intereses
empresariales”? Nótese que en el grupo de edad de 30 a 59 años, incluso el 55%
de los pobres tienen exceso de peso.

La verdad es que la gran mayoría de la alimentación de
niños y adultos proviene de la comida preparada en el hogar. Si se quiere verdaderamente reducir el
sobrepeso se deben centrar los esfuerzos en mejorar la dieta casera de las
familias, no en fiscalizar quioscos escolares. Se debe buscar incentivar la
actividad física y no prohibir la publicidad. Se debe ser menos hipócrita y reconocer
que la comida criolla casera de la que estamos tan orgullosos tiene más sodio,
grasas saturadas y grasas trans que la mayoría de los alimentos de los que la
Ley prohibiría en los colegios.

Preocuparse por la nutrición infantil es bueno.
Pero usarlo de excusa para recortar las libertades individuales y económicas
sin lograr nada a cambio es un precedente muy negativo que se debe evitar.