Empresas públicas y mal gobierno corporativo
Por Miguel Palomino. El
debate público en torno a la posible adquisición por parte del Estado de los
activos de Repsol en el Perú ha girado en torno a varios temas. En primer
lugar, el gobierno tiene prioridades mucho más importantes que administrar
grifos o nuevas refinerías. En segundo lugar, el Estado no tendría por qué realizar
actividad empresarial en un sector en el que existen inversionistas privados
que compiten entre si y mucho menos si eso llevaría a que el Estado (que ya es
dueño de la otra refinería del país) tuviera una posición monopólica en la
refinación local. En tercer lugar, Petroperú no se encuentre en posición de
operar eficientemente los activos de Repsol en el Perú ni debe asumir los
riesgos asociados a dicha operación.
Si bien el anuncio
de Petroperú de que no participará en el proceso de posible venta de los
activos de Repsol termina con la discusión al respecto, pero sigue vigente el
tema general de la deseabilidad de la actividad empresarial del Estado. Por
ello, hoy discutiremos los motivos por
los cuales resulta especialmente difícil que las empresas estatales funcionen
eficientemente.
En principio, toda
empresa debe funcionar eficientemente si tiene una gerencia competente,
honrada, bien supervisada, adecuadamente capitalizada y con objetivos claros.
Sin embargo, lograr que se cumplan todas estas condiciones no es fácil. Todas
las empresas y organizaciones, sean públicas o privadas, enfrentan un gran reto
para lograrlo. Es necesario asegurar que
quienes administran las empresas cumplan con los objetivos de sus “dueños” y
defiendan fielmente sus intereses dentro del marco de la Ley. Esto es lo
que pretende lograr el “buen gobierno corporativo”.
La teoría económica ha
estudiado extensamente este problema y la experiencia mundial ofrece gran
cantidad de información empírica respecto al tema; en ambos casos los resultados
son claros. En las empresas públicas (y en algunas privadas), la ausencia de un
“dueño” que se haga responsable de asegurar que se cumplan las condiciones
necesarias para lograr el buen gobierno corporativo lleva usualmente a que no
se cumplan dichas condiciones. Por este motivo, práctico e institucional, es
mucho más difícil que una empresa pública sea eficiente. La posibilidad de que existan conflictos no atendidos entre los
intereses del “dueño” y los intereses de los administradores es bastante mayor,
y ello hace mucho más probable que la empresa no sea manejada de manera de que
sus recursos sean bien aplicados para lograr sus objetivos.
En
el caso peruano, a este problema general
se le agrega el que el sector público tiene además serias limitaciones
salariales y elevados riesgos legales que dificultan obtener personal idóneo
para ocupar puestos claves (ver
gráficos). Asimismo, nuestra debilidad institucional lleva a que los
mecanismos de reclutamiento de personal gerencial, fijación de objetivos,
asignación de recursos financieros, supervisión y control sean especialmente
vulnerables a malas prácticas. Nadie paga por las barbaridades que se cometen.
Así, la resistencia a la actividad empresarial del Estado se sustenta no en
ideología sino en consideraciones prácticas bien definidas, bien estudiadas y
con amplia evidencia empírica. En lugar de crear u operar empresas
estatales resulta en general más conveniente crear las condiciones para que en
el mercado compitan efectivamente empresas privadas. Las empresas estatales
existentes deberían seguir uno de dos caminos. Preferentemente deberían
privatizarse. En caso contrario, se deberían realizar grandes y transparentes
esfuerzos para buscar mejorar su gobierno corporativo, comenzando por
identificar a los responsables y poner metas específicas. Se podría empezar por
Petroperú, empresa sobre la cual un reciente editorial de La República sostuvo
-equivocadamente- que el año pasado “fue reconocida por la Bolsa de Valores de
Lima” por “cumplir con los estándares de buen gobierno corporativo”. En
realidad, de las empresas que participaron en la evaluación de sus prácticas de
buen gobierno corporativo, Petroperú fue la única que no cumplió con los
estándares mínimos. El nuevo Directorio de Petroperú tiene mucho trabajo.