Mejor regulemos a los que hacen estos proyectos de ley

Por Pablo Secada. El Congreso parece ser una fuente inagotable de propuestas
-quizás bien intencionadas- que empeorarían la calidad de vida de los
ciudadanos que lo eligieron. Un congresista del Grupo Parlamentario Fuerza
Popular acaba de añadir a nuestra colección una propuesta de política pública
realmente preocupante -ver-:
plantea crear un Organismo Regulador de Precios de Medicamentos. No solo eso.
“Los agentes económicos que intervienen en la elaboración, distribución y
comercialización de los medicamentos asegurarán la oferta de medicamentos
genéricos en igual cantidad que los medicamentos de marca” añade el artículo
2.4 del Proyecto de Ley, que parece rememorar algún plan quinquenal de alguna
economía soviética.

Para mantenerse en la misma línea, el proyecto termina sentenciando
que “Para regular las tarifas de los medicamentos, se tomarán en consideración
el total de los costos de los insumos, de elaboración, de importación, de
almacenamiento, de traslado, de propiedad intelectual, de publicidad y todo
aquello que signifique un costo o inversión [...]“. Estos costos, por supuesto,
los determinará el mismo Estado -que no es capaz de manejar el costo de sus propias
adquisiciones de medicinas- con lo cual los
precios serán fijados por el Estado y los laboratorios estarán obligados a
atender la demanda a estos precios. Pregúntenle a Venezuela como acaba esto.

Si el proyecto es un
salto atrás de cincuenta años, la supuesta justificación económica del mismo es
aún peor. Demuestra un absoluto desconocimiento
de conceptos básicos. Dice que la economía
social de mercado es aquella en la que el precio es fijado por el Estado.
Jalado. Dice que “Lo que busca una
economía social de mercado es un equilibrio entre los intereses contrapuestos
de los actores económicos: empresa-consumidor”. Otra vez jalado. En una
economía de mercado moderna el Estado debe intervenir para corregir las fallas
de mercado que limitan la competencia. Lo que busca es que los precios asignen
los recursos pero para ello los precios deben acercarse a los que regirían en
un mercado competitivo. En los casos en que se presentan fallas de mercado, el
Estado lo puede hacer regulando precios o gravando o subsidiando bienes para buscar
corregir los precios distorsionados de un mercado no competitivo.

Es importante reconocer además que, incluso en estos casos, hay límites a la intervención del Estado porque
también existen las fallas de Estado: incentivos políticos inadecuados,
institucionalidad precaria, ausencia de rendición de cuentas, entre otros.
El proyecto de marras ilustra varias.