Policías, criminales y cárceles que no serán

Por Pablo Secada. Ayer vimos en la web de un diario local un cartel
que promocionaba el concurso para otorgar la concesión de una cárcel en Uruguay
-ver-.
Allá publicitan una concesión que está siendo concursada y que es un caso más
de los cientos de cárceles que son concesionadas a sector privado en todo el
mundo. Acá optamos por no concretar una concesión que ya habíamos otorgado -ver-
y luego optamos por no buscar alternativas a una situación infame. De un lado,
seguimos encerrando personas que no han sido condenadas y condenando a personas
usando uno de los Poderes Judiciales menos independientes del mundo y una legislación
estricta hasta el absurdo, aunque solo en lo formal. Los lugares en los que
encerramos a culpables e inocentes en general los vuelven peores. Eso de
rehabilitar para la sociedad es otra broma de mal gusto que cuelgan en los
dinteles de los penales, las comisarías o los juzgados.

De otro lado, seguimos
condenando a los ciudadanos libres a vivir en la inseguridad, ya que los criminales
presos siguen planeando, dirigiendo y a veces ejecutando sus fechorías ¡desde
las cárceles! Para colmo de males, la
cárcel no construida nos va a costar igual porque tendremos que compensar a los
inversionistas españoles a los que se adjudicó la iniciativa privada para
construir el moderno penal de Huaral y luego se les negó el contrato sin motivo
válido. Es casi segura que nos ganarán el arbitraje internacional que ya
iniciaron ante el CIADI.

El sociólogo y Premio
Nobel de Economía Gary Becker hizo un análisis económico del crimen que sugiere
que éste se cometerá cuando el beneficio de hacerlo sea menor que el costo
asociado a ser aprehendido y pagar por él.
La probabilidad de ser apresado es relevante en este cálculo. La probabilidad
de ser condenado también. La de pasar la pena en una cárcel que no sea un nuevo
local de “trabajo” también. No es, pues, de extrañar que se haya difundido tanto
el crimen en nuestro país.

El gráfico
siguiente muestra la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en
nuestro país y otros de la región, según la Organización de Estados Americanos.
Este dato es mucho más confiable que otras estadísticas de crimen, como la de
robos, por ejemplo, que se subreporta más donde menos se confía en las
autoridades policiales y judiciales. La realidad que nos muestra el gráfico es
escalofriante. ¡La tasa de homicidios en
nuestro país prácticamente se ha quintuplicado en una década!

Hemos pasado de ser el
país Latinoamericano con la menor tasa de homicidios a ser el que tiene la
tercera más alta de la región. A este ritmo pronto
estaremos a niveles colombianos o venezolanos.

Instituciones precarias, las
mayores exportaciones de cocaína del mundo, un Director General de la Policía recién
removido por incapacidad, congresistas que reclaman leyes formalistas más
estrictas cuando las vigentes no se cumplen. El resultado es el
que conocemos. El costo para las personas es inmenso. El costo para las
empresas debe ser uno de los mayores y menos mentados de hacer negocios en
nuestro país. En la mayoría de países
del continente, la tasa de homicidios se ha reducido. No puede ser tan difícil.