Fiscalización ambiental y leyes (formalistas)

Por Pablo Secada. El Ministro Pulgar Vidal fue al Congreso a presentarle
a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología su punto de vista sobre la fiscalización ambiental. La prensa resaltó
que, de S/. 76 millones en multas impuestas por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), solo se ha pagado el 10.5%. El 85.6% de las
multas fueron suspendidas judicialmente. El saldo de 3.9% está en trámite. La
presentación del Ministro coincidió con la aprobación en la mencionada comisión
del proyecto de Ley 1815-2012-PE, que propone cambios a la Ley del Sistema
Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA) y a la Ley General del Ambiente. Lo
que hemos expuesto ya muestra una contradicción importante: cuando nuestra
precariedad institucional -en este caso la del Poder Judicial- lleva al
incumplimiento de una ley, se propone otra ley -formalista- para remediar el
problema.

Pero no solo hay un problema de debilidad institucional en el Poder Judicial.
También lo sigue habiendo en la OEFA y el SENACE (Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles). Los capaces y experimentados funcionarios de evaluación ambiental del
Ministerio de Energía y Minas, que perdieron la responsabilidad de revisar
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos de industrias
extractivas, siguen ahí. No han querido
ir a la OEFA o al SENACE porque les preocupa la debilidad institucional y
técnica de ambas entidades. La experiencia de la OEFA, que entendemos llegó
a ser dirigida por un primo de la primera dama, fue muy negativa. Antes de eso,
que se le asignara al organismo que regula a los participantes en la industria
eléctrica las responsabilidades que después asumió OEFA, tampoco fue bien visto
por muchos que lo consideran una decisión politiquera que desvirtuó el mandato
del regulador. Los cambios en política ambiental explican por qué, según el
Instituto Fraser, Perú está en el puesto 51 a nivel global en términos de la
incertidumbre en la aplicación de políticas ambientales, ranking bastante peor que
el de nuestros principales competidores por inversión minera (ver
gráfico).

Criticamos que SENACE naciera así (ver),
no porque discrepáramos del concepto de asignar al Ministerio de Ambiente la
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental. Coincidíamos y lo seguimos
haciendo. Cuestionamos la forma en que se creó SENACE, incluyendo la poca
consulta a los que conocen la problemática que enfrentará. SENACE debió atraer a los especialistas del Ministerio de Energía y
Minas. Se debe institucionalizar el
concurso de las mejores consultoras ambientales del mundo para apoyar al Estado
en una fiscalización ambiental efectiva. Estas empresas ya trabajan para
las empresas mineras. Deberían trabajar para el Estado. Entendemos que el nuevo
reglamento de la OEFA (ver)
prepara el terreno para que se pueda contratar a los mejores especialistas en
fiscalización ambiental. Necesitamos tener
a los mejores del mundo, asociados con los mejores locales.

Recordamos
el paradigma que proponemos. La evaluación y la supervisión ambiental deben
hacerse con la asesoría de los mejores del mundo, asociados con los mejores de
nuestro país. Los funcionarios de Energía y Minas deben tener un espacio. No
solo hay que darles condiciones de trabajo atractivas, sino despejar la
incertidumbre acerca de la institucionalidad. Las primeras señales no fueron
muy positivas. Hay que enderezar el rumbo. El monitoreo basado en las
comunidades se debe potenciar, colaborando con ellos y dándoles el respaldo que
necesitan. Un proceso de fortalecimiento
de capacidades y acreditación constantes serían ideales. También se requiere
acción política del Congreso, el Ministerio y la Oficina de Control de la
Magistratura (OCMA) para evitar que los vivos sigan haciendo de las suyas. Sin
embargo, simplemente aprobar más leyes formalistas servirá de poco si no se
tienen los medios para hacer las cosas bien y la intención de hacerlo.