Más medios para actuar en agua y saneamiento, ¿se usarán?
Por Pablo Secada. A mediados del año pasado el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento al Congreso. Tras integrarse con otras, la propuesta fue aprobada en comisión y el pleno del Congreso. El Ejecutivo observó la autógrafa de la ley sobre aspectos que no van al fondo de la misma (ver observaciones del Ejecutivo y autógrafa de la ley). Por ello, aún no hay humo blanco aquí: no habemus lex.
El Ministro de Vivienda acaba de anunciar que el Estado piensa invertir S/.8,443.5 millones en obras de agua y desagüe para Lima y Callao. Cuando se presentó y aprobó el Proyecto de Ley, arriba mencionado, los medios cubrieron la noticia. La primera, de julio del 2012, resalta que el Estado invertiría anualmente, en promedio, US$ 919 millones por cinco años “para mejorar agua y desagüe” (ver). La segunda, de noviembre de 2012, enfatiza que el “gobierno controlará a las EPS de provincias” (ver). Una presentación del Ing. Gaspar Méndez para el Foro Internacional del Agua 2012, que termina con los saludos del Concejo Departamental de Cajamarca del Colegio de Ingenieros del Perú y la Escuela Profesional de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de Cajamarca, incluye comentarios puntuales a los artículos de la ley (ver).
La intervención del Estado en agua, saneamiento y tratamiento de aguas servidas se puede justificar porque se presentan varias fallas de mercado -monopolio natural, bienes públicos o externalidades en varias partes de los procesos económicos asociados-, además de contundentes consideraciones de equidad. Buena parte de los casi medio millón de niños desnutridos crónicos que hay en nuestro país no estarían en esa terrible condición, si sus madres y ellos tuvieran acceso a agua y saneamiento.
Además de las fallas de mercado, lo que hay en nuestro país -y no solo en el caso de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales- son unas groseras fallas de Estado en los servicios mencionados. La gravedad de los problemas que estas fallas de Estado generan o impiden solucionar debería concentrar la atención del Ejecutivo y el Congreso, así como de los analistas y ciudadanos en general. Entendemos que hace varios gobiernos que se mantienen en puestos claves varios conocidos operadores que utilizan estos servicios para comprar votos o “generar rentas”, que es el término académico para prebendas. El Estado peruano no rinde cuentas como debería, no cuenta con los profesionales que exigiría un verdadero servicio civil y no gestiona por resultados, entre otros problemas. En otras palabras, el Estado no ha querido vacunarse contra el abuso político o corrupto de la necesidad, una tan vital en este caso.
El Proyecto de Ley mencionado en el primer párrafo es en general un paso importante en la dirección correcta. Estamos de acuerdo con algunos de los reparos del Ing. Méndez. Añadimos uno: SEDAPAL depende del Ejecutivo. No hace falta una ley como ésta para enderezar su rumbo. Y tal cosa no ocurre. Ojalá nos equivoquemos y haya voluntad real de acompañar esta iniciativa del Ministerio de Vivienda. El ministro lideró el programa de concesiones que nunca voló, pese a que ese sí estaba bien diseñado, a fines de los 90. Seguramente los primeros enemigos los tendrá en casa. ¿Lo respaldará el gabinete? ¿Estará Palacio dispuesto a comprarse el pleito necesario para concretar una política realmente inclusiva?
El servicio de agua y saneamiento presenta serios problemas en todo el país. Los gobiernos locales que lo controlan usualmente tienen incentivos perversos para no resolverlos. Desde fuera del Estado, deberíamos todos hacer un mayor esfuerzo por monitorerar qué se hace en estos sectores. No solo siguiendo el avance en la ejecución de obras sino vigilando la calidad y el alcance de la cobertura, la continuidad y la calidad del servicio de cada EPS (ver gráfico 1 y gráfico 2).
