Algo se pudre en la política de hidrocarburos
Por Pablo Secada. Siguiendo el orden en el que aparecen en una búsqueda en Google, los siguientes son la noticia más leída sobre el tema – (ver) - los dos artículos de opinión más consultados (ver) y (ver) originalmente publicados en El Comercio-. La reciente conformación del comité de Cómo Sea II proporciona información adicional sobre una de las afirmaciones del ex presidente del directorio de PetroPerú, en “PetroPerú: primer balance”.
La pregunta retórica con la que empieza el balance es muy interesante: “En qué se puede fortalecer a una empresa pública como Petroperú cuando la orientación general del gobierno toma un curso donde se favorecen abiertamente políticas que otorgan una preeminencia general al libre mercado”. El artículo es del 6 de febrero de 2013. La “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país” [sic] fue publicada en El Peruano el 22 de diciembre de 2012 – ver IPEOpinión -. Ignorando la Constitución, la racionalidad económica establecida hace décadas y nuestra experiencia previa, esta ley ordena a Petroperú a que participe en el desarrollo del polo petroquímico, obtenga y transporte etano en cantidad suficiente para su promoción, así como ordena un aumento de capital en Petroperú S.A. hasta por el equivalente de US$ 400 millones. Contrario a lo que afirma el ex-Presidente de Petroperú, es el MINEM el que viola groseramente la “autonomía” de la empresa, y no el MEF el que la “recorta”. Es función del MEF involucrarse si se dispone de recursos públicos, que es lo que maneja una empresa pública como PetroPerú.
El comité Cómo Sea II pasó de esta controlado por “los eléctricos” a estar controlado por “los ex-Petroperú”. Acá no creemos que haya una pugna entre los que entienden de economía y los que están confundidos. Pareciera que hay una simple y vulgar pugna de poder. A menos que alguien crea que el MINEM es una expresión de la preeminencia del conocimiento económico y la evidencia empírica. Ese MINEM en el que ex funcionarios del Banco Minero han resucitado Activos Mineros para que el Estado intervenga en la industria minera ilegal (ver IPEOpinión), dizque para formalizarla, y que anunció un etanoducto que por suerte (y por vergüenza) pronto pasó al olvido.
La evidencia nos indica que en Palacio de Gobierno, en una expresión del ADN previo a la Gran Transformación, se considera que las empresas públicas, especialmente aquellas vinculadas a los hidrocarburos, deben intervenir más en la economía. Esto, de alguna manera no explicada, es nacionalista y patriótico. Esta inclinación puede ser aprovechada por quienes encarnen en su nueva versión la bien documentada búsqueda de rentas en la empresa más grande del país para poner en marcha políticas que no resisten el menor análisis. ¿Alguien duda cual sería la opinión del MIDIS y del MEF sobre el sentido de estas propuestas?
Regresando al Lote 64, el otro columnista considera que el lote simplemente revertirá a PerúPetro porque Petroperú no podrá operarlo. Veremos. Ya explicamos por qué la participación forzada de Petroperú en la explotación de petróleo reducirá la inversión en exploración -ver IPEOpinión- Haciendo un balance rápido del sector hidrocarburos: cambiamos moco por babas en el comité de Cómo Sea II; Petroperú compraría grifos -ver IPEOpinión-; la exploración y desarrollo de 31 lotes de hidrocarburos está paralizada por “fuerza mayor”; PerúPetro no puede subastar 36 lotes; TGP no puede ampliar el ducto de gas existente porque no existen las condiciones mínimas de seguridad para hacerlo, pero el gobierno anuncia un ducto al sur que requeriría cuatro o cinco veces el esfuerzo de seguridad para poder ser construido. Mientras tanto, las empresas petroleras más grandes se ven casi obligadas a abandonar sus proyectos de exploración, la producción de petróleo sigue cayendo a menos de la mitad del nivel de 1995 (ver gráfico) y los ciudadanos y autoridades del sur esperan ansiosamente el “gasoducto sur andino”. ¿Menos cuentos y más resultados?
