ICT con fuegos artificiales
Atípicamente han coincidido la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso y una declaración ministerial, ambos sobre Investigación, Ciencia y Tecnología (ICT).
La Ley que Declara de Interés Nacional la Promoción de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología a través de las Asociaciones Públicas Privadas (APP) fue remitida al Congreso por la Presidencia de la República el 26 de diciembre del 2012 y aprobada la semana pasada. Es bien sabido que el IPE promueve la participación privada en las políticas públicas con el fin de que las intervenciones públicas sean más eficientes y se sustituya, así sea parcialmente, la precariedad institucional. La nueva ley menciona, específicamente, vehículos como APP, contratos de asociación en participación, contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia, contratos de especialización de servicios o outsourcing “o aquéllos establecidos en la legislación vigente”.
Lo que entendemos es que ya existe el marco legal que permite hacer todo lo que dice esta nueva ley. Así que en realidad no se requería de un cambio legal. Peor aún, no de uno aparentemente destinado a salir en los medios para hacer parecer que se está haciendo algo que no es claro que se está haciendo. Esto preocupa porque nuestra pobre situación en ICT es una de nuestras mayores desventajas competitivas y enfrentarla requiere políticas públicas consistentes que fortalezcan nuestra debilidad institucional.
En la reciente inauguración del Encuentro Científico Internacional realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería (ver), la Ministra de la Producción Gladys Triveño declaró que el gobierno se ha propuesto aumentar la inversión en ICT en el Perú de 0.15% del PBI hoy a 0.7% del PBI para el 2016. Según lo reportó América Economía (ver), la ministra indicó que los instrumentos que permitirán el mencionado financiamiento son Fidecom, Fincyt II, Fomitec y CITE. Los instrumentos nos parecen correctos. Incluso sin priorizar adecuadamente ni racionalizar el gasto improductivo, el Estado tiene los fondos necesarios para ICT y la evaluación independiente de Fincyt I confirma que la rentabilidad social de la ICT bien diseñada y ejecutada es muy alta. Es una buena noticia que ya estemos hablando de FINCYT II después que el año pasado al gobierno le asaltaran dudas existenciales sobre si seguir con la iniciativa (ver IPEopinión).
Dos comentarios adicionales sobre el financiamiento de la ICT. Primero, estamos completamente de acuerdo con que es muy bajo y hay que aumentarlo. Sin embargo, no solo se trata de la importancia económica del financiamiento de la ICT sino de la calidad de la ICT. La calidad, a su vez, depende en buena parte de la institucionalidad y la autonomía de las entidades involucradas, de la capacidad profesional de los investigadores y los administradores, de la evaluación de los programas y de su impacto, del control de gestión, de los planes estratégicos, entre otros factores. En nuestro caso, existe una notoria escasez de todos estos factores. Por ello, la sugerencia a la ministra Triveño es que se redoble el esfuerzo por mejorar la calidad de la ICT paralelamente al aumento de los fondos disponibles para la misma.
En segundo lugar, dividir los fondos para ICT “democráticamente”, como se hace con el financiamiento de la ICT con recursos del canon (ver gráfico), es una pésima política pública. Se deben priorizar líneas y centros de investigación, además de transferir fondos solo a entidades acreditadas y de hacer un mejor control del uso apropiado de los fondos. Es un crimen que científicos de la propia UNI no tengan fondos para investigar y que, alternativamente, se transfieran fondos a universidades cuyos “académicos” ni siquiera pueden llenar un formulario para participar en un concurso de investigación.
La agenda de políticas públicas es amplia y requiere tanto de un compromiso político como equipos del tipo de los que entendemos están en FINCYT o CITE. Necesitamos más resultados y menos fuegos artificiales asociados a una política pública de largo plazo tan relevante.