Cómo (no) ayudar a los discapacitados
Por Miguel Palomino.
En la década pasada se han creado más empleos y de mejor
calidad que nunca antes en la historia del Perú. Nunca se ha registrado menos
desempleo ni mayor nivel de empleo adecuado. A nivel nacional, el ingreso por
trabajo ha aumentado 58.4% en términos nominales entre el 2004 y el 2011, y no
dudamos que aumentó más en el 2012. Los aumentos más grandes en el ingreso por
trabajo se han dado en Áncash, Ayacucho y Moquegua, pero han sido elevados en
todo el país.
Como hemos indicado antes (ver IPEOpinión), la gran mayoría
de los 3.2 millones de empleos creados en la década pasada se crearon usando
los regímenes especiales laborales. El régimen laboral básico resulta poco
atractivo para los empleadores porque resulta muy rígido al no permitir que las
empresas ajusten su nivel de empleo a los requisitos de un mercado competitivo.
La creciente cantidad y calidad del empleo creado demuestra que eran infundados
los temores respecto a que los regímenes laborales especiales crearan empleos
de peor calidad que los ya existentes.
Recientemente, el Congreso ha aprobado una serie de normas
supuestamente orientadas a mejorar las condiciones laborales de diferentes
grupos de trabajadores y a asegurar el cumplimiento de la regulación laboral.
Lamentablemente, la mayoría de estas normas desincentivan la creación de empleo
y generan importantes problemas que llevan a que su objetivo no sea cumplido.
En los próximos días discutiremos los efectos y defectos de varias de estas
normas.
Para comenzar, consideremos la norma que ordena que las
empresas con más de 50 trabajadores (y sólo ellas) tengan que tener en su
planilla por lo menos 3% de discapacitados. Entendemos que ningún congresista
podía dejar de apoyar una norma “a favor de los discapacitados”, por lo cual la
norma la aprobaron pese a la observación del Ejecutivo. Entendemos también que
es razonable que la sociedad busque cuidar por el bienestar de los
discapacitados. El problema surge cuando el Estado decide arbitraria e ineficientemente
cargarle todos los costos de este cuidado a ciertas personas y empresas.
Para cuidar adecuadamente de los discapacitados, el Estado
debiera hacerlo usando el proceso democrático del presupuesto. Que los fondos
disponibles sean asignados entre los diferentes nobles fines que persigue el
Estado, desde mejorar la educación o la nutrición infantil hasta cuidar de los
discapacitados. Si los fondos alcanzan, que se cree un programa nacional de
apoyo a los discapacitados, y que se incentive la contratación de estos con los
recursos del programa. Pero ordenar que ciertas empresas (porque “son grandes”)
contraten obligatoriamente a un número dado de discapacitados, especialmente
cuando ni siquiera se tiene una adecuada definición o registro de ellos, resulta
inadecuado. Si se obliga a contratar discapacitados, ¿por qué no obligar la
contratación de todos los otros grupos de personas que enfrenten
desventajas? ¿Acaso esta es la forma de
generar inclusión social?
La norma es populismo puro que no se aplica a la gran
mayoría de los empleadores del Perú -que tienen menos de 50 trabajadores- ni se
aplicará a la inmensa mayoría de los puestos de trabajo del país. Los gráficos
adjuntos (ver gráfico 1 y gráfico 2) ilustran esta realidad incluso en Lima,
donde hay mayor participación de empresas grandes. La norma llevará a que
quienes no quieran cumplirla dividan sus empresas en unidades de menos de 50
trabajadores, entre otras formas de intentar sacar la vuelta. Sin embargo, los
pocos empleadores formales y grandes que buscan cumplir con la ley enfrentarán
muchos problemas. ¿A quién deben despedir las empresas que hoy no tuvieran 3%
de discapacitados y que quieren cumplir con la norma? ¿O se pretende que se
contrate trabajadores que no se necesita? Dudamos que esto dignifique a los
discapacitados ni incentive a que se les emplee. Una buena intención no basta
para hacer políticas públicas justas y eficientes.
