La Maldición del Gas
Por Pablo Secada. Algunos economistas describen como la “maldición de los recursos naturales” a la experiencia de países que no se desarrollan pese a haber sido bendecidos con dichas materias primas. Hay consenso en que la calidad institucional es un factor determinante para que un país rico en recursos naturales pase de ser una República Bananera a, por ejemplo, Australia, Canadá o Noruega.
Creemos que, si se da alguna maldición de los recursos naturales en nuestro país, es para el caso del gas. No porque no sea un valiosísimo recurso, sino porque ha sido víctima de una mezcla de politiquería nacionalista, regionalista y comunista, aderezada con incapacidad técnica que ha llevado a que sigamos desaprovechando el inmenso activo gasífero que tenemos. Acá no ha habido Gran Transformación de las pésimas políticas públicas para el gas ni hay Hoja de Ruta sobre cómo mejorarlas.
El Ministro de Energía y Minas visitó recientemente la comisión respectiva del Congreso para anunciar que, tras haber incorporado las sugerencias de las madres y los padres de la patria, se estaba revisando el diseño del gasoducto del sur. La necesidad de afianzar la seguridad energética, dada la concentración de la producción eléctrica en Chilca y la vulnerabilidad del ducto, así como el interés en desarrollar el polo petroquímico fueron las excusas de turno.
La realidad es que, en el tema del gas, el gobierno no da pie con bola. Propuso el etanoducto por la costa, envió un proyecto de ley al Congreso (ver) que tomaba todos los atajos para concretarlo y hasta quiso contrabandear un artículo para aumentar el capital de Petroperú para que lo facilitara (ver recuadro). Poco después, el ministro fue al Congreso a anunciar pequeños ajustes, cuando quedó en evidencia que las propuestas iniciales eran, como lo señalaron casi todos los entendidos en el tema, absurdas. A la empresa estatal, que se supone será el ejemplo de buen manejo independiente y levantará capital en la bolsa, se le ordena pedir una concesión y desarrollarla sin consideraciones de rentabilidad social y sin evaluaciones que justifiquen los US$ 400 millones que le debe aportar el Estado. Para seguir esta visión trasnochada del desarrollo que alguien le debe haber vendido a Palacio de Gobierno, no solo tuvieron que comer sapos el ministro y algunos altos funcionarios sino que, entendemos, hubo amagos de renuncias en Petroperú.
Para concretar una propuesta razonable el gobierno debe hacer fundamentalmente cuatro cosas. Primero, negociar con Odebrecht y TGP. El primero no tiene un “proyecto privado” como dice el ministro. El Estado peruano le otorgó una iniciativa privada a un fondo, que luego se la vendió a Odebrecht. Seguimos pensando que en lugar de otorgar la iniciativa al fondo se debió concursar una APP bien diseñada y promovida. Sin embargo, como la iniciativa se concedió y no somos una República Bananera -ni Bolivariana- no debemos ignorar compromisos asumidos. Un razonamiento parecido aplica para TGP. Lo que se debe hacer es sentarse a negociar para lograr un acuerdo voluntario con ambas empresas.
En segundo lugar, se debe organizar un concurso público internacional para contratar un consorcio de especialistas asesores que, en coordinación con el Estado, diseñen y promuevan la inversión en el gasoducto del sur y el polo petroquímico. Sería la mayor inversión de la historia del Perú y promoverían un salto al desarrollo del sur del país. Y es evidente que el Estado no tiene la capacidad para diseñar el gasoducto y la petroquímica.
En tercer lugar, ni el Estado, ni Kuntur, ni TGP ni los Súper Amigos pueden operar hoy en el área en la que se construirá el inicio del gasoducto. ¿Hay un plan efectivo para garantizar la seguridad en la zona? Finalmente, para que aumente el recurso, se debe dejar de obstaculizar la exploración de gas. Es inconcebible que algunas empresas no puedan explorar y otras se vayan del país mientras que discutimos si el gas alcanza para proyectos fundamentales de desarrollo nacional.