Así no SENACE

Por Verónica Zapata. No dudamos de que el Estado deba intervenir en la economía para reducir el daño ambiental, por la existencia objetiva de una falla de mercado que puede ser corregida con dicha intervención. Por ello, se deben evaluar los proyectos de inversión que tengan costos ambientales para asegurarse que los beneficios para la sociedad superen los costos para la misma.
Hemos propuesto en repetidas ocasiones, y desde hace años, que el
Ministerio del Ambiente (MINAM) debe estar a cargo de la evaluación y
supervisión ambiental de los proyectos de inversión en industrias
extractivas. Así, los ministerios de línea pueden dedicarse a promover
la inversión privada en las industrias que le competen sin el conflicto
de interés entre promover la inversión y regular su impacto ambiental.
Pero no basta con que el SENACE (Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para Inversiones Sostenibles) vaya a estar a cargo de los
Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA – d, ver cuadro) y que
éste, y la OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental) estén
adscritos al MINAM para que todo funcione bien.

Para empezar, no se tiene claro cómo se hará el traspaso de funciones de
aprobación de estudios ambientales entre los ministerios y el SENACE.
Los problemas ocasionados por el cambio pueden generar una parálisis en
la aprobación de los proyectos de inversión que requieren EIA. Además,
existe preocupación respecto a la falta de instancias alternativas ante
una institución que sería, también, juez y parte ante reclamos. Según su
ley de creación, en el  caso de que una compañía discrepe del punto de
vista del SENACE acerca del EIA, solo podrá recurrir al Poder Judicial,
pues el SENACE es la última instancia administrativa para la aprobación
de EIA.

Por otro lado, el consejo técnico consultivo de esta institución debería
estar formado por especialistas de distintas disciplinas relacionadas
con los contenidos de los EIA (ingenieros, científicos, economistas,
abogados, etcétera) y no limitar los requisitos a experiencia en
proyectos de desarrollo e inversiones. No se trata de que esto se
convierta en un club de amigos verdes, sino en técnicos que puedan
manejar con objetividad el tema. La preocupación se incrementa cuando
entre las funciones de este consejo se encuentra una que no es propia de
un órgano que debería ser meramente técnico en temas de evaluación de
estudios de impacto ambiental: “Presentar, analizar y realizar
propuestas tendientes a fomentar buenas relaciones comunitarias entre
los titulares de proyectos y la ciudadanía (…)”.

Por último, el SENACE administrará el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales. Existe el riesgo de que con solo un poco de politización,
esto se pueda convertir en un gran negocio para consultoras locales con
muy poca experiencia en el tema ambiental, cuando en realidad se debería
buscar que las mejores consultoras del mundo vengan a trabajar al Perú
contratadas por el Estado, de modo que se pueda contar con una adecuada
contraparte para evaluar los EIAs presentados por las mineras.

Es de lo más políticamente correcto parecer verde. Es usual desautorizar
al mensajero para ignorar el mensaje. Queremos mejores EIAs, mejor
fiscalización y mejor gestión para tener más y mejores inversiones.
Queremos que el Estado contrate a las consultoras más serias del mundo
que ahora trabajan para las mineras y las mejores empresas supervisoras,
que hoy no operan en nuestro país. Por eso queremos un SENACE autónomo,
en el que trabajen los técnicos más capaces que ya trabajan para el
Estado, los que trabajaron y se fueron por la politización o los que
quieren ser parte del aún inexistente servicio civil. El SENACE podría
ser una de las instituciones que se beneficien de la anunciada reforma
del servicio civil, que debe asegurar la calidad y continuidad del
personal técnicos que tiene que hacer cumplir estas vitales funciones
del Estado.