Otra reforma parcial
Por: Pablo Secada
El Congreso aprobó la llamada Ley de Reforma Magisterial (ver). La conclusión de las consultas que hicimos entre especialistas en educación y personas involucradas en el proceso es que se han dado algunos pasos en la dirección correcta pero no se corrigió mucho de lo que debía cambiarse en la legislación previa y quedan pendientes las dramáticas deficiencias de gestión del sector.
La ley previa se originó de un importante trabajo técnico que lamentablemente fue ignorado en gran parte y luego distorsionado por el objetivo político de darle un garrotazo al SUTEP sin pisar demasiados callos de la entonces Presidenta del Congreso y madre putativa de la antediluviana Ley del Profesorado. La nueva ley nace de la promesa de campaña y del compromiso de cambiarla que se hace con el sindicato mercantilista que ha tenido secuestrada la educación pública por décadas. Afortunadamente, en su elaboración se logró evitar buena parte de las propuestas del SUTEP.
La principal justificación política del cambio de ley cuando ésta se propuso -que no podían haber dos tipos de maestros o maestros de segunda clase- era absurda: nadie te obliga a que no te evalúen y a que sigas esperando aumentos por antigüedad -o por conexiones políticas-. La verdadera justificación es que la realidad mostró que el someterse a evaluaciones no podía ser voluntario. Por ello, que las evaluaciones sean obligatorias es uno de los mayores logros de la nueva ley -si es que efectivamente esto se cumple pese a la resistencia que opondrá el SUTEP.
La nueva ley también representa un avance al simplificar los innumerables conceptos que componían las remuneraciones de los docentes creando la Remuneración Integra Mensual (RIM), al establecer sanciones por el incumplimiento de funciones -sanciones que, increíblemente no existían- al ordenar la evaluación de los directores de escuelas y al permitir la reasignación de profesores. Sin embargo, siguen vigentes sinsentidos presupuestales y remunerativos como que se establezca arbitrariamente que un profesor de secundaria trabaje menos horas que uno de primaria y por ello gane menos.
Contrario a lo que entendemos piensan muchos maestros, especialmente los que sí se integraron a la carrera magisterial, los niveles remunerativos de la nueva ley son más convenientes para ellos que los de la antigua ley. Basta comparar los años de servicio que corresponden a los distintos niveles, como se puede ver en el cuadro.
Los alumnos, la mayoría silenciosa, son los principales perjudicados de las deficiencias que subsisten en nuestro sistema educativo (ver gráfico). El más grande problema de fondo es que tanto en esta ley como en la previa, la evaluación del docente es el eje de la reforma. Sin embargo, los especialistas consideran que la evaluación de desempeño individual de maestros no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Los casos de éxito en otros lares evalúan los resultados de las instituciones educativas. Primero, en función de los resultados de los alumnos educados en ellas. Segundo, en función de indicadores de gestión que comparan a dichas escuelas con otras similares. A las escuelas exitosas se les aumenta el presupuesto, la mayor parte del cual beneficia a los profesores.
En las zonas densamente pobladas en que existen opciones de educación, creemos que la verdadera revolución en la educación es dejar que los padres elijan el colegio de sus hijos y que el Estado asigne el presupuesto para educarlos a la escuela elegida -es decir financiar la demanda educativa y no sólo la oferta. León Trahtemberg (ver) y otros especialistas insisten además en la necesidad de empoderar a los directores, si bien esto pasaría por mejorar la calidad de los mismos.
Por último, hay que entender que siguen vigentes las tremendas deficiencias en la gestión educativa. Estas dificultaron la aplicación de la ley previa, como lo harán con ésta y, por ello, resultarán más importantes para el futuro de la educación que los principios meritocráticos que son el eje de la reforma actual.