“Soy mayor, pero no idiota”

Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 años puso la voz a una campaña que denominó “Soy mayor, pero no idiota” contra la digitalización de los bancos que consiguió más de 600 mil firmas en la plataforma Change.org y que ha logrado que el gobierno español se ponga a trabajar en modificaciones legislativas para evitar la exclusión financiera de las personas mayores.
Este mes de marzo entró en vigor la “Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”, la cual protege a las personas de edad avanzada frente a la exclusión financiera con el fin de que las entidades de este sector tomen medidas para su acceso inclusivo a los servicios financieros teniendo en cuenta sus necesidades: ubicación en zonas rurales, discapacidades motoras y visuales, limitaciones en capacidades digitales, dificultades de conectividad, entre otros.
Como se sabe, la pandemia del Covid-19 aceleró el cierre o restricción de operaciones en oficinas bancarias, la digitalización de diversidad de servicios, la generalización del uso de aplicaciones móviles para poder realizar muchos trámites y operaciones, el incremento de las comisiones por uso de canales presenciales, entre otros.
El escrito que Carlos presentó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Banco de España explica que antes los mayores podían pagar sus recibos de servicios públicos de forma presencial sin que les cobren una comisión, cobrar sus pensiones, cambiar monedas o hacer otros trámites en las ventanillas. Sin embargo, ahora para todo les exigen usar el cajero o las aplicaciones móviles y si quieren pedir una cita presencial, el procedimiento es aún más complicado.
La digitalización de los servicios, así como la reducción del personal de las agencias que limita el acceso presencial los ha afectado y en muchos casos se sienten humillados porque les dicen que vayan con un hijo o nieto cuando ellos viven solos o simplemente quieren ser independientes.
El gobierno español tiene plazo hasta junio de este año para trabajar con el Banco de España y los representantes de entidades financieras para hacer las modificaciones necesarias para favorecer a la inclusión financiera de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada.
Hay tareas para todos. El Ejecutivo tiene el desafío de acercar los servicios financieros a lo que llaman la España vaciada y el medio rural, impulsar acuerdos de colaboración con entidades bancarias para el ingreso y retiro de efectivo a través de distintos establecimientos, reglamentar el etiquetado que garantice la inclusión de personas consumidoras vulnerables, entre otros. Por su parte, el sector financiero está preparando un paquete de medidas que incluyen la realización de operaciones en diversas tiendas, bares y estancos, la ampliación de la frecuencia de visita de autobuses-agencias, la instalación de cajeros en poblaciones de menos de 10 mil habitantes, la implementación de un observatorio de acceso a los servicios financieros para el segmento vulnerable, la realización de encuestas de satisfacción sobre los canales digitales, el refuerzo de canales de atención telefónica, la capacitación del personal presencial en el trato con personas mayores o con discapacidades y el diseño de seguros especiales de protección para robo en cajeros.
Si bien estas medidas son voluntarias, las patronales CECA y AEB aseguran que todo el sector pondrá en marcha alguna iniciativa.
El próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y debe ser una ocasión especial para que la iniciativa de Carlos San Juan de pedir un trato más digno para los mayores en el sector financiero se escuche en todo el mundo y se logre que haya dos vías: una para los nativos digitales y otra para quienes no pueden seguir su ritmo.
El colectivo de peruanos de edad avanzada lo agradecerá.