¿Y la reforma del Ejecutivo?

Hace tres años, nuestro país pasa por una situación política que ha complicado lo económico por las implicancias que los casos Lava Jato y, más recientemente el Lava Juez, están teniendo en ambas esferas. Ex presidentes y conocidos empresarios investigados por corrupción; jueces, políticos y ex funcionarios públicos presos; y, varias empresas comprometidas en sobornos a ex funcionarios públicos.

Como ocurre con la mayoría de las crisis, se ha generado una oportunidad para que el gobierno del señor Martín Vizcarra promueva cambios trascendentales en la historia del país.

Todo indica que llegaremos al Bicentenario con medidas aprobadas que cambiarán la conformación del Poder Legislativo para las Elecciones Generales del 2021 y con una Junta Nacional de Justicia implementada para nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en la República del Perú.

El Referéndum aprobó la conformación de la Junta Nacional de Justicia y se hizo lo propio a nivel del Poder Legislativo, con la prohibición de reelección de parlamentarios y la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas.

Ahora, los proyectos presentados por el Ejecutivo con el pedido de Cuestión de Confianza, buscan profundizar la reforma política y (i) lograr mayor idoneidad en los cargos de elección popular, estableciendo impedimentos para ser candidatos, (ii) hacer cambios en la inmunidad parlamentaria, (iii) promover más transparencia en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, (iv) eliminar el voto preferencial y garantizar la participación de las mujeres, con paridad y alternancia, y (v) prohibir el uso de dinero sucio de las campañas electorales.

Es difícil que alguien pueda discutir el impacto que esto puede tener en mejorar la calidad de quienes nos van a representar en el próximo Parlamento. Solo tendremos que reflexionar más en nuestro voto.

La noticia menos buena es que el Poder Ejecutivo no  ha mostrado el mismo entusiasmo para mejorar su propia composición y eficiencia administrativa. Y los problemas que enfrenta no son pocos.

• El Club de la Construcción funciona impunemente como un cártel de licitaciones de las obras de infraestructura más importantes del país desde hace más de 20 años en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, según las declaraciones de los colaboradores eficaces en las investigaciones del caso Lava Jato. Esto solo ha podido ocurrir con el beneplácito de malos funcionarios públicos y porque los sistemas de contratación  y de supervisión no funcionaron.
• Los últimos gobiernos han mostrado escasa capacidad para hacer frente a los daños que provocan sismos de fuerte intensidad y otros fenómenos naturales en las diferentes regiones del país. Hemos tenido un Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), un ZAR de la Reconstrucción y, solo en este gobierno, ya se cuentan tres directores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que no pueden avanzar y menos aún superar el impacto que provocó el Terremoto de Pisco en 2007, los efectos del Fenómeno del Niño Costero en 2017, y- menos aún- el reciente terremoto de Loreto en 2019.
• La Presidencia del Consejo de Ministros se ha convertido en “mil oficios”. Tiene que ser bombero de conflictos sociales, apoyar al presidente en la gestión política del gobierno y al mismo tiempo coordinar 15 pliegos presupuestales más dos Unidades Ejecutoras -además de articular el trabajo de 18 ministerios. Solo eso puede explicar la poca capacidad que ha tenido para revisar y diseñar las políticas públicas que requiere el país.
• El Ministerio de Economía y Finanzas ha manejado muy bien la hacienda pública, pero no ha tenido la misma iniciativa en lo económico porque muchas decisiones relacionadas con apuntalar el crecimiento de la economía son vistas como gasto en lugar de como inversiones de mediano y largo plazo. Como consecuencia de ello, en la última medición, Perú se ubica en el puesto 55 de 63 economías según el Ranking de Competitividad Mundial, ocupando el penúltimo lugar del listado global en el pilar de “Infraestructura” que mide el grado en el que los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos satisfacen las necesidades de las empresas.

A la luz de esta lista corta de casos que muestran problemas de eficiencia de gobierno, vale la pena preguntarse si no es el momento propicio para usar tijera o aguja e hilo, según sea el caso, para reformar la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo, de tal manera que el próximo gobierno que sea elegido tenga un gabinete de ministros con mayor capacidad gerencial, que se articule mejor con los otros niveles de gobierno, que sepa establecer prioridades en función del corto, mediano y largo plazo, que tenga como hilo conductor generar mayor bienestar para la población y que impulse la modernización del país.

¿Qué se requiere?

Dependiendo de la intensidad de la reforma que se impulse, serán necesarias desde modificaciones de las funciones constitucionales, nuevas Leyes Orgánicas de Ministerios, incluyendo –por cierto- algunas fusiones, y leyes de creación de instituciones que permitan preparar al Ejecutivo para resolver sus problemas gerenciales, reducir sus dificultades para explicar políticas y comunicar resultados, fortalecer capacidades para ejecutar presupuestos, entre otros. Y sobre todo, que tenga capacidad para impulsar las tan ansiadas reformas de segunda generación para servir mejor al ciudadano.

La mayor limitación que se puede encontrar a una reforma del Ejecutivo es la lucha por los espacios de poder. Sin embargo, un gobierno como el del presidente Vizcarra que surgió a partir de la renuncia de un presidente, puede tomarse algunas licencias y tomar la decisión de hacer las reformas que nadie se atreve:

• Dividir, fusionar o reconfigurar ministerios,
• Dar las señales adecuadas sobre la prioridad que tienen las políticas para promover la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
• Fortalecer los factores de competitividad de los sectores productivos que ya generan empleo en el país y crear condiciones para el surgimiento de nuevos sectores con potencial de crear crecimiento económico a nivel nacional.
• Revisar la Ley de Contrataciones del Estado para evitar que siga haciendo agua,
• Relanzar el proceso de descentralización del país, en una apuesta por el desarrollo de ciudades intermedias.
• Poner el acelerador a la Ley del Servicio Civil. Un Estado que hace trabajar a servidores públicos como si fueran nombrados, pero los obliga a vivir con la incertidumbre de las renovaciones mensuales no es un buen ejemplo para el sector privado.
• Repensar el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con la posibilidad de producir y comercializar medicamentos en el país y que hoy los vuelven más costosos o de aquellas relacionadas con la problemática de los consumidores internos y externos de lo que se produce en el país,
• Aprobar nuevas áreas marinas protegidas, para defender la biodiversidad del mar peruano y garantizar la seguridad alimentaria,
• Otros.

Quedan dos años que los políticos de turno tienen por delante y esperamos que no los gasten en más viajes, ocultar los errores cometidos, sacar el máximo provecho a sus cargos, o buscar nuevos aliados políticos para el 2026, sino para pensar en el país y en el bienestar de los ciudadanos.

Esto último sería un gran legado.