Lo que está en juego

Si hay algo que todos los peruanos debemos tener claro a la luz del destape de los audios que dejan al descubierto lo que tenemos como sistema de justicia es que hay varios problemas detrás de la situación a la que se ha llegado. La corrupción es uno, la aparente captura de un poder del Estado por un partido político es otro. Pero, fundamentalmente es que nos hemos acostumbrado a vivir sin justicia.

• La niña de 13 años a la que violan pero cuyo violador es liberado porque físicamente ella parecía mayor, sabe que no hay justicia.
• La otra niña que era obligada por un tratante de mujeres a acompañar a hombres a beber licor en un bar cuyo abusador fue liberado porque para el juez no tenía nada de malo que la obliguen a eso, sabe que no hay justicia.
• La pareja de ancianos que han sido despojados de su vivienda por una mafia de delincuentes que trafican con tierras y títulos de propiedad, sabe que no hay justicia.
• La jubilada que invierte su fondo de pensión en comprar un inmueble que tiene vicios de evicción que lo hacen inhabitable cuya constructora no reconoce ni devuelve el dinero, gracias al Poder judicial, sabe que no hay justicia.

Y así podríamos enumerar otros casos en los que todos los días el sistema de justicia permite que agredan física y emocionalmente o le metan la mano al bolsillo a los más pobres y vulnerables.

Eso es lo que está en juego en los actos de corrupción de los que hemos sido testigos a partir de una serie de audios difundidos por IDL-Reporteros.  Negociaciones para hacer trampas en exámenes para el concurso de jueces y fiscales que se van a encargar de administrar esa justicia que hoy no tenemos. Componendas para elegir jueces y fiscales dispuestos a traficar favores y hasta a la manipulación de sentencias para reducir penas a condenados por violación de menores, favorecer intereses económicos por encima del interés público y otros delitos graves.

Por eso, es tan importante que quienes tienen a su cargo elegir jueces y fiscales no sean elegidos a dedo, porque las decisiones que estos últimos toman nos afectan a los ciudadanos de a pie, tienen que ver con lo que pasa todos los días en nuestras calles y con las decisiones económicas que se toman, desde la de mayor importancia económica hasta la más pequeña.

El arreglo institucional

Hoy toda nuestra atención está centrada en condenar el arreglo institucional que tenemos para elegir jueces y fiscales porque probablemente es más fácil pensar que eso es lo que ha fallado, antes de creer que nos hemos acostumbrado a vivir sin justicia.

Sin embargo, juristas como Francisco Eguiguren Praeli, en un artículo publicado el 2001 en la Revista Derecho y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, decía que si había algo que reconocer a la Constitución de 1993, es que estableció un nuevo sistema de nombramiento, promoción, destitución y ratificación de magistrados judiciales a cargo del Consejo de la Magistratura (CNM), órgano creado para que sea independiente de la intervención de la política gubernamental y con autonomía incluso del Poder Judicial.

Como se sabe, el modelo de funcionamiento para el CNM que planteaba la Constitución de 1993, concedía autonomía del poder político en el nombramiento de magistrados, algo que no estuvo contemplado en el modelo previsto en la Constitución de 1933, en el Consejo Nacional de Justicia durante el gobierno militar y con la Constitución de 1979, según la cual el CNM solo proponía candidatos, pero el Presidente los designaba.

Pero Eguiguren Praeli no era el único que pensaba así, (Bazán Seminario, César, 2008) da cuenta de una lista larga de otros constitucionalistas que coincidían con este sobre la superioridad del modelo planteado, respecto a lo que se había tenido antes.

El problema entonces no es el arreglo institucional previsto en la Constitución, sino que el respeto por la autonomía de las instituciones del sistema judicial en la letra no resulta suficiente si todos los llamados a nombrar sus miembros no realizan designaciones responsables de sus representantes. Esto significa que aun cuando el modelo sea perfecto, si los miembros que se designan son sinvergüenzas, el modelo será tan malo como cuando estaba capturado por el gobierno de turno.

Sin embargo, tenemos que ser justos, hace rato que hemos estado viviendo sin justicia y nos hemos quedado callados.

¿Cuántas quejas de los candidatos a jueces y fiscales a quienes los miembros del CNM les hicieron preguntas impertinentes e inadecuadas conocíamos antes de la revelación de los audios?

¿Cuántos de nosotros hemos denunciado los casos que hemos conocido de decisiones injustas y hemos quejado a los jueces?

¿Cuántos son los abogados que pueden levantar la mano para decir que no han tratado de torcer la decisión de un magistrado para favorecer a un cliente?

Ninguno de los 14 proyectos de ley que duermen el sueño de los justos en una Comisión del Congreso de la República desde 2016 o la reforma que promueva el Poder Ejecutivo en menos de 20 días nos va a salvar de una sociedad que no valora el peso de una administración de justicia que funcione.

Hay que preguntarnos si todos tenemos claro por qué es importante que la justicia sea ciega, creíble y predecible, que la justicia que tarda no es justicia, que la justicia penal sea gratuita y que la confianza en esta es una de las condiciones que se observan para decidir una plaza de inversión, entre otros.

Si todos compartimos las mismas respuestas o al menos discutimos sobre ellas, será más fácil ponernos de acuerdo sobre si todos los miembros del CNM deben ser abogados, designados por la Corte Suprema, por la Junta de Fiscales o por el Poder Ejecutivo, elegidos por concurso, si los requisitos de su designación deben estar en un Reglamento que expida el Poder Ejecutivo o si el CNM debe seguir eligiendo al jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otros.

No caigamos en el error de echarle la culpa solo al arreglo institucional. Nuestro error ha sido acostumbrarnos a vivir sin justicia.

Eso es lo que tenemos que cambiar.